"Bandera" desde el punto de vista jurídico

La bandera segun el diccionario de la RAE nos dice las siguientes definiciones :

1. f. Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución.
2. f. Nacionalidad a que pertenecen los buques que la ostentan.
3. f. Tela con marcas y colores distintivos que se utiliza para hacer señales.

En lo que se refiere a señal de una nación es la parte que estudiaremos:

BANDERA. I. Viene de la voz germana Bandra, signo; normalmente se hace de tela (seda —raso o satín—) o bien en etamina —lana ligera—, etc., de una sola pieza o varias secciones unidas para inte­grarla, generalmente en forma de cua­drado o rectángulo, de muy diversas me­didas, cuyos colores y su disposición, asi como el escudo de armas que ostenta, representan una institución cultural, club, sociedad benéfica, cívica, mercantil o política, etc., hasta llegar a la excelsa corporación de la patria en éste su emblema nacional, que por el lugar de preeminencia en el cual siempre se le coloca, es un signo de victo­ria y autoafirmación. Sinónimos de bande­ra son: pabellón, estandarte, lábaro, pendón, oriflama, confalón, enseña, si bien cada una tiene su singularidad acorde con determi­nadas formas y medidas que se presentan.

Jurídicamente es la representación he­ráldica de un país soberano, o sea, de la nación-Estado; legalmente y conforme al decreto de 23 de diciembre de 1967 ex­pedido por el Congreso Federal, el escudo, la bandera y el himno nacionales son símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, que conforme a dicha ley serán objeto de res­peto y honores, acorde los términos que prescribe, así como también determina sus características y uso.

II. LEGISLACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA BANDERA,

a) Los pueblos prehispánicos usaban en la guerra estandartes —quachpantli o qua-chpamitl— que según Francisco Javier Cla­vijero (1731-1787), eran menos diferen­tes del signum de los romanos que de nuestras banderas. Consistían en palos de tres o cuatro varas de largo que en su punta tenían las armas e insignias del Es­tado, hechas de oro, de pluma o de otra materia noble. La de la República de Tlaxcala era un águila de oro con las alas extendidas, e iba a la vanguardi

a y el es­tandarte que ganó Cortés (1485-1547) en la decisiva Batalla de Otumba (7 de julio de 1520); estaba en medio de los mexicas; era una red, también de oro.

b) Durante la conquista, los españoles lucharon bajo el confalón de su líder, una hermosa pintura de la Virgen María, de busto, sobre damasco de tono mora­do, con aureola de rayos y doce estrellas; Hernán Cortés ordenó desde el 13 de agosto de 1528 el célebre Paseo del Pen­dón, que fue confirmado como fiesta de la bandera por real cédula de Carlos V (1500-1558), fechada el mismo día y mes de 1530, y se realizó anualmente con toda pompa, hasta que la suprimió la Corte española en 1812; durante tres si­glos del virreinato y hasta los Tratados de Córdoba (24 de agosto de 1821), la Nue­va España ostentó las banderas de tafetán blanco con la Cruz (espinosa) de Borgoña en rojo o en púrpura y puesta en so­tuer (como letra equis).

c) Al iniciarse la Independencia con el Grito Dolores (16 de septiembre de 1810), el padre don Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), al pasar por el Santuario de Atotonilco, Guanajuato, tomó una ima­gen de la Virgen de Guadalupe haciéndo­la su estandarte, y hemos de decir que desde mediados del siglo XVIII, dicha ad­vocación unía ya a criollos y mestizos en el anhelo de libertad; ha sido y es igual­mente símbolo de mexicanidad.

d) Antes de 1821, los insurgentes usa­ron una bandera tricolor (blanco, azul y encarnado). Los dos primeros correspon­dían a los colores de la Real Casa de Moc­tezuma y el último en sustitución del mora­do del Pendón de Castilla. Relata Manuel de J. Solís que esta insignia la llevaban nuestros barcos mercantes en las costas del Golfo y lúe reconocida y saludada en Nueva Orleáns, con salvas de 19 cañona­zos.

e) La Soberana Junta de Zitácuaro (1811-1813) y el señor cura don José Ma­ría Morelos y Pavón (1765-1815), en plena campaña (19 de agosto de 1812), hicieron ondear otra bandera, blanca, que al centro presenta un tramo de acueducto con tres arcos en cuyos vanos aparecen las siglas “V V M” (Viva la Virgen María). Sobre él nace un nopal, del cual emerge un águila con las alas desplegadas, coronada y sin víbora; alrededor la leyenda: oculis et unguibus aeque victrix (con los ojos y con las garras igualmente vencedora), pe­queña franja de cuadros azules y blancos, sucesivamente, enmarca la enseña.

f) Don Agustín de Iturbide (1783-1824) de acuerdo con el caudillo insur­gente don Vicente Guerrero (1783-1831), formuló el Plan de Iguala, proclamado solemnemente el 24 de febrero de 1821 en la población de su nombre, estado de Guerrero, y ese mismo día recibió la ban­dera de las Tres Garantías que mandó confeccionar a un sastre-peluquero lla­mado José Magdaleno Ocampo, quien cobró por ello 24 pesetas. El lábaro tenía los colores blanco, verde y rojo terciados en barra (fajas diagonales de izquierda a derecha), con una estrella dorada al cen­tro de cada uno, los cuales significaban: el blanco la conservación y pureza de la religión católica, el verde la libertad y el rojo (tal vez porque no se encontró color púrpura o morado), la unión de america­nos y europeos, las estrellas atestiguaban el cumplimiento de dichos postulados por garantizarlo así el ejército, ya unido, de Iturbide y de Guerrero, que por eso recibió el nombre de Trigarante y desfi­ló en la capital de la nueva nación el 27de septiembre de 1821, consu

mando ese día con dicho acontecimiento la Inde­pendencia de México; uno de sus regi­mientos de infantería portaba el lábaro con los colores blanco, verde y rojo, ter­ciados en banda y al centro una corona imperial con la divisa: "RELIGIÓN YNDEPEN-DA UNION" (sic).

g) Existe una bandera "sierra" (sic) con los colores nacionales. Sobre el blanco aparece un arco para flechar y una espada, cruzados como equis, la enarbolaron las fuerzas insurgentes de don Nicolás Bravo (1786 – 1854) o de don Guadalupe Victoria (Miguel Fernández Félix, 1786 – 1843), entre 1812 y 1817.

h) La primera Regencia por decreto 254, de 2 de noviembre de 1821, resolvió:

lo. Que las armas del Imperio para toda clase de sellos sea solamente el nopal na­cido de una peña que sale de la laguna y sobre él parada en el pie izquierdo, una águila con coron

a imperial. 2o. Que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose per­petuamente los colores verde, blanco y encarnado (colorado) en fajas verticales y dibujándose en la blanca una águila co­ronada. La misma Soberana Junta Provi­sional Gubernativa del Imperio, por nue­vo decreto 262, del 7 de enero de 1822, ratificó en todo el anterior trascrito.

i) Después del efímero reinado de Agustín de Iturbide (20 de junio de 1822 a 19 de marzo de 1823), el Soberano Congreso Constituyente Mexicano (repu­blicano), por decreto núm. 323, del 14 de abril de 1823 ordenó: lo. Que el escu­do sea el águila mexicana, parada en el pie izquierdo, sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel (victoria) y la otra de encina (fuerza), conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la Independencia. 2o. Que en cuanto al pabellón nacional, se esté al adoptado hasta aquí, con la única diferencia de co­locar el águila sin corona; lo mismo debe­rá hacerse en el escudo.

j) Desde 1823 hasta 1880, la bandera y escudo que anteceden fueron los mode­los a seguir, con variaciones en la forma de representar el águila.

k) Durante la intervención francesa (abril de 1862 a marzo de 1867), en el breve reinado de Maximiliano de Habsburgo (12 de junio de 1864 a 15 de mayo de 1867) y no sobre todo el territorio na­cional, el pendón permaneció invariable en sus colores, pero el escudo de armas del Segundo Imperio, según decreto núm. 20, del 18 de junio

1864, firmado por el príncipe y conforme al modelo que acompañó, fue en pavés (forma oval); al centro el águila mexicana con las alas desplegadas, descansando sobre un nopal y desgarrando la serpiente de la discordia intestina (sic, v. decreto del lo. de enero de 1865). El nopal entre las rocas que emergen de la laguna; la bordura del escudo presenta una de hojas de laurel, y sobre aquél una corona imperial; a ambos lados como soportes dos grifos, cetro y espada puestos en sofuer atrás del blasón, representado así la "Equidad en la justicia" que fue lema del Imperio. Por cuanto a las Banderas del Estado señaló varias, adjuntando los correspondientes modelos; meses más tarde, en el Estatuto Provisional Imperio Mexicano promulgado por Maxmiliano en Chapultepec, el 10 de abril de 1865, decreta en el tít. XVI, a. 78: los colores del pabellón nacional son el verde, blanco y rojo. La colocación de éstos, las dimensiones y adornos del pabellón imperial, del de guerra, del nacional, del mercante y del gallardete

de marina, ; como el escudo de armas, se detallarán en una ley especial.

l) Decreto del 30 de diciembre de 1880 de Porfirio Díaz (1830-1915), ordenando que se presentara el águila forma original. Vale expresar que la bandera nacional mexicana fue conocida por primera vez en todo el mundo, al enarbolarla el barco escuela "Zaragoza" era viaje que hizo a los principales puertos del orbe (1893-1897).

m) Una circular de la Secretaría, Guerra, núm. 13,710, de 27 de octubre; de 1896, prescribe que cuando se remitan a dicho ministerio las banderas y los estandartes cumplidos de los batallones regimientos, se acompañe su respetiva historia.

n) Decreto presidencial núm. 108,, 28 de agosto de 1893, relacionado con la circular 43, del 8 de julio de 1881, que dispone pormenorizadamente todo referente a las banderas, estandartes y guiones (clase de telas, medidas, escudos, cintas, corbatas, astas, moharras, regatones, etc.).

ñ) Circular 22,895 de la Dirección Ge­neral de Aduanas, del 22 de marzo de 1909, sobre la Bandera del Ramo, escudo (ancla sobre el color blanco) y uso.

o) Don Venustiano Carranza (1859-1920) expidió un decreto el 20 de sep­tiembre de 1916, indicando que el águila recobrase su antiguo estilo, o sea, de perfil.

p) Abelardo L. Rodríguez (1889-1967), presidente sustituto de la República, por decreto de 5 de febrero de 1934, ordenó que se usara como único escudo por toda clase de autoridades, el de los modelos que se depositaron en el Archivo General de la Nación, Museo Nacional y Direc­ción de la Casa de Moneda. Los dibujos fueron hechos por don Jorge Enciso y al estilizar animales, plantas, peña y agua, se le dio, como dice don Manuel Carrera Stampa, un significado de signo, es así un jeroglífico heráldico; actualmente y des­de 1968, el escudo nacional corresponde al diseño hecho por el artista potosino Francisco Eppens Helguera.

q) El 30 de septiembre de 1966 el Po­der Constitucional Permanente adicionó el a. 73 de nuestra C con la fr. XXIX-B, a fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar sobre las cualida­des distintivas y el empleo de las insignias nacionales (DO, 24 de octubre de 1967).

r) En consecuencia, el presidente Gus­tavo Díaz Ordaz (1911-1979) promulgó el 12 de marzo de 1968 la Ley sobre las Ca­racterísticas y el Uso del Escudo, la Ban­dera y el Himno Nacionales, expedida por el Congreso Federal el 23 de diciem­bre de 1967.

s) Quince años después, el 24 de fe­brero de 1983, el primer mandatario del país, Miguel de la Madrid Hurtado, expi­dió un acuerdo por el que dictó determi­nadas medidas para reafirmar y fortalecer el culto a los símbolos patrios (DO de esa misma fecha).

t) Más tarde, el mismo presidente De la Madrid promulgó, el 30 de diciembre de 1983, la Ley sobre el Escudo, la Ban­dera y el Himno Nacionales, expedida por el Congreso de la Unión el día ante­rior y publicada en el DO del 8 de febrero de 1984.

(consulta la ley)

LEY SOBRE EL ESCUDO, BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

u) Por último, dicho presidente de la República, por decreto del 16 de julio de 1984, creó una Comisión Nacional para promover el programa y calendario de actos y demás expresiones conmemorati­vos para celebrar el 175 aniversario de la iniciación de la Independencia nacional y el 75 aniversario del comienzo de la Re­volución mexicana, durante el año de 1985 (DO, 27 de julio de 1984), festejos que tomaron el nombre de "Jornada por la Patria", y se iniciaron el 3 de febrero en la Plaza de la Constitución, para ter­minar ahí mismo el 20 de noviembre del susodicho año, de tal modo que nuestra bandera nacional, el original de la C fe­deral de la República de 31 de enero de 1917 y la Campana del curato de Dolores, Guanajuato, conocida también como el Esquilón de San José, recorrieron el terri­torio nacional, uniendo los sentimientos y la voluntad de todos los mexicanos, de­bidamente custodiados por elementos del Ejército durante su muy largo trayec­to por aire, mar y tierra.

v) Debemos decir que acorde con el a. 50 del ordenamiento legal vigente y a que se refiere el inciso t que antecede, todo lo relativo al ceremonial militar, tan­to en la marina de guerra como en el Ejército, se cumple aún con lo prescrito por la Ordenanza General de la Armada, expedida por Francisco I. Madero (1873-1913) el 12 de diciembre de 1911 —aa. 1098 a 1377— y por la Ordenanza Gene­ral del Ejército promulgada por dicho primer mandatario el día anterior —aa. 976 a 999—, pero en este último caso, hay un nuevo Reglamento del Ceremo­nial Militar, expedido por el presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970) el 12 de septiembre de 1938, aplicándose estas normas por hermenéutica jurídica en lo que no se opongan a la ley vigente; existe incluso un ceremonial a la bandera esco­lar (v. circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 15 de enero de 1945, núm. E-2-3, cláusula XVII).

III. Penalmente el ultraje de palabra u obra a la bandera o al escudo de la Repú­blica, así como el uso indebido de ellos o del Himno Nacional, constituyen delitos sancionados por el Código Penal, aplicado en toda la República en materia del fuero federal, de 13 de agosto de 1931 —aa. 191 y 192—; por otra parte, el Código de Justicia Militar, promulga­do por el presidente sustituto Abelardo L. Rodríguez el 28 de agosto de 1933, ti­pifica como delitos, sancionándolos seve­ramente, aquellos que atenten o ultrajen la bandera o bien se agravan otros ilícitos por el hecho de cometerse frente a la en­seña patria, imponiéndose en tres casos la pena de muerte (aa. 57, fr. II, d; 203,fr. IV; 248, 280, 287, 290, 324, fr. V; 368,374 y 397, fr. II); la ley de la materia —a.56— establece castigos pecuniarios y de arresto para quienes cometan desacato o faltas de respeto a los símbolos patrios.

Los tratadistas de los derechos in­ternacional público e internacional priva­do, César Sepúlveda, D. P. O'Connelí, Modesto Seara Vázquez, Charles Rous­seau, J. P. Niboyet, etc., hablan sobre la ley del pabellón para aeronaves y buques, la cual implica grave problemática por la concurrencia de jurisdicciones, tanto del Estado bajo cuya bandera naveguen, cuanto de aquel cuyo territorio estén sobrevolando o en cuyas aguas territoriales o puerto relativo se encuentren; el aban­deramiento de naves, los honores al pa­bellón, los pabellones de conveniencia, etc., y ya en situación de beligerancia la prohibición de medios pérfidos (trans­portes militares bajo la insignia de la Cruz Roja o con bandera parlamentaria), el uso de pabellón falso, etc., o bien lo relativo a la seguridad y ayuda de barcos en alta mar, por las obligaciones tienen los Estados cuya bandera desplieguen, se halla reglamentado por de cada nación y por las convenciones internacionales, como la celebrad Ginebra el 29 de abril de 1958. Por otro lado, la Declaración de Barcelona ( 20 de abril de 1921), multilateral, reconoce derecho de los países que no tiene litoral marítimo a enarbolar un pabellón y México se adhirió a ella según decreto Ejecutivo federal de 24 de diciembre 1935, previa aprobación de la Cámara de Senadores del 26 de diciembre de 1932 (DO, 22 de enero de 1936); México desde el lo. de abril de 1909 es también parte de la Declaración de París de 1856 por la cual quedó abolido para el corso, por lo cual en la Constitución fueron derogadas las fracciones IX del a. 89 y II del se reformó la fr. XIII del a. 73 (DO, 21 octubre de 1966).

Aunque todos los días se honra enseña patria, hay una festividad nacional al año consagrada a exaltarla el 24 de febrero, Día de la Bandera, creada en 1935 por don Benito Ricardo Ramírez Espíndola (1900-1984) y ahora reconocida y ordenada en el a. 10 de la ley de la materia.

Basado en la públicacion de Francisco Arturo Schoeder Cordero
Tambien de los siguientes links (web de mexico)
y wikipedia

EL ARRENDAMIENTO

EL ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La voz arrendamiento proviene de arrendar, que significa "ceder o adquirir mediante precio el aprovechamiento temporal de cosas inmuebles, o de beneficio o ren­tas".

En sus orígenes, el arrendamiento po­día ser de cosas, obras o servicios. La idea de servicios tiene su origen en la idea ro­manista de la locatio conductio, y así, si bien como señala Diez-Picazo, el que pro­mete pagar el precio se llama "conduc­tor", en el denominado arrendamiento de obras se invierte la terminología y el que paga el precio es llamado " locator". Algunos autores, como Arias Ramos, ana­lizan la idea de locare, y otros apuntan que la terminología nació "probable­mente en hipótesis referentes a obras del Estado y que de allí pasó al derecho privado".

La influencia del derecho inglés y del derecho germano sentaron sus bases para complementar al derecho romano, al gra­do de no admitirse en la actualidad el arrendamiento perpetuo, pues a partir de la Revolución francesa se modifica esta situación

Se considera que lo que se adquiere con arrendamiento es la compra del uso. En la legislación europea, y en alguna parle de la historia patria, el contrato de arrendamiento consistió en la cesión del uso o goce de algo mediante el pago de un precio, ya se trate de cosas corpora­les o incorporales, muebles, inmuebles, obra de servicios que preste una persona, Intelectuales o mecánicos, y las activida­des encaminadas a llevar a cabo una obra. La legislación vigente mexicana permiten que sean objeto materia del contrato de arrendamiento, tanto los bienes muebles como los inmuebles, los corpo­rales como los incorporales o intangibles (llamados así por algunos tratadistas ame­ricanos), con la salvedad de los bienes consumibles (aquellos que se destruyen por el primer uso) y los derechos estrictamente personales (a. 2400, CC). Tene­mos así, que los servicios que preste una persona, sean éstos intelectuales o mecánicos, y las actividades encaminadas a lle­var a cabo una obra son objeto de distinto contrato, pero no del pacto arrendaticio.

Con la influencia del Código Napoleón, la legislación de casi todos los países occidentales fue favorable al arrenda­dor, pero después del Código Civil suizo de las obligaciones, se modificó la legisla­ción para hacerla imparcial, inclinarse in­cluso en favor del arrendatario.

Los países europeos, después de la segunda guerra mundial, aprobaron una legislación de carácter excepcional y temporal que decretó la moratoria de las rentas y la prórroga de los contratos, incluso se condenó la especulación ilícita, y se crearon comisiones arbítrales para juzgar ante tribunales especiales los problemas de alquileres. En España, por ejemplo. hubo varias legislaciones de prórroga en que se les negó los beneficios a los extranjeros y se fijaron los montos má­ximos de aumento de renta, lo mismo que la obligación de los propietarios de publicar anuncios cuando hubiera inmuebles vacíos.

En México, también existió una legis­lación de excepción con motivo de la se­gunda guerra mundial que limitó el arrendamiento y terminó por propiciar una injusticia con respecto a algunos pro­pietarios (esta legislación fue abrogada el 30 de diciembre de 1992), situación que se agudizó con las reformas de 1985 que hicieron obligatorios los plazos respecto a las casas habitación; ello provocó una alteración en las relaciones arrendaticias, con lo cual se llegó al grado de tener que modificar esa situación, en la capital de la República, con las reformas del 21 de julio y del 23 de septiembre de 1993.

Es necesario reiterar que en los con­tratos de arrendamiento intervienen dos partes (arrendador y arrendatario), como en todos los contratos, y que las solucio­nes deben encaminarse a armonizar los intereses de ambos al amparo de la ga­rantía social que consagra nuestra Constitución, sin menoscabo de los derechos del que me­nos tiene.

Al contrato de arrendamiento se le ha señalado como el segundo contrato en importancia de los regulados por la legis­lación civil, dada la frecuencia de su uso, después del contrato de compraventa. Es más, su importancia, tanto económica como jurídica, ha obligado a la especialización de los juzgadores, al menos en la capital de México, donde se cuenta con jueces de arrendamiento inmobiliario.

CONCEPTO

El concepto romanista moderno de arrendamiento es muy am­plio; tanto, que no es posible presentarlo en forma unitaria, pues abarca objetos tan diversos como la legislación misma en que están contenidos; sin embargo, es ne­cesario recurrir a un concepto genérico que sirva de referencia, como el que afir­ma que "la figura del arrendamiento se entiende como el hecho que una perso­na ceda a otra el goce de una cosa a cambio de un precio determinado y a tiempo cierto".

Considerado el arrendamiento en su calidad de contrato, Escriche lo define como "aquel por medio del cual una de las partes se obliga a dar a la otra para cierto tiempo y por cierto precio el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo".

"Este contrato —destaca Antonio de J. Lozano— es tan necesario y universal como el de compraventa... porque en to­dos los lugares el hombre que carece de ciertas cosas se ve precisado a procurarse su goce cuando no puede o no quiere comprarlas".

El Código Civil colombiano, en su a. 1973, establece que "el arrendamiento es un contrato en el que las partes se obli­gan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio de­terminado".

De esta aseveración, Ortega Torres de­duce que el "arrendamiento es un contra­to bilateral, oneroso, consensúa!, conmuta­tivo (aunque sea aleatorio en la aparcería), de ejecución sucesiva y es acto adminis­trativo, no dispositivo".

El artículo 1543 del Código Civil español de­fine así el arrendamiento: "Es aquel por virtud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto".

Por lo que respecta al Código Civil, en su a. 2398 precisa el arrendamiento en los si­guientes términos: "Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto". La regulación del contrato com­prende de los artículos. 2398 al 2496 de dicho ordenamiento sustantivo.

El Código Civil del DF alude al límite temporal con la frase "uso o goce temporal de una cosa"; misma que debe interpretarse en el senti­do de la temporalidad, no así en el literal de determinación previa de la duración, toda vez que el propio articulado prevé la hipótesis de que las partes no hayan pac­tado dicha duración dictando reglas para tal efecto.

Así, el pacto por el que se conviene la duración del contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, es incompatible con la naturaleza jurídica de estos actos por implicar una verdadera desmembra­ción de la propiedad, equivalente a la enfiteusis, por oponerse a la temporalidad en los términos en que está redactado el a. 2398 del Código Civil.

En ese orden de ideas, el Código Civil vigente establece un límite de duración de los pactos arrendaticios, cuando éstos recaen sobre inmuebles; además, distingue pla­zos distintos según si los bienes inmue­bles están destinados para habitación, co­mercio o industria. Pero el legislador no prevé la hipótesis respecto al plazo máxi­mo a que puede sujetarse un contrato de arrendamiento sobre muebles, por tanto, las partes contratantes tienen la más am­plia libertad para fijar el plazo de dura­ción del arrendamiento, pero siempre te­niendo presente el requisito necesario de que haya un plazo.

Se destaca también, de la definición del contrato de arrendamiento, que el arrendador se obliga a conceder tempo­ralmente el uso o goce al mismo tiempo del bien. Así tenemos que si en el contra­to sólo se concedió el uso del bien, el arrendatario podrá disponer de él con­forme a lo pactado, o bien, conforme a la naturaleza o su destino, a. 2425, fr. III, del CC; si se pacta también respecto del goce, el arrendatario podrá hacer suyos los frutos o productos normales del bien, pero no del todo o de sus partes, pues en caso contrario ya no sería un pacto arren­daticio, sino un diverso acto jurídico tras­lativo de dominio.

En la doctrina se señala como nota es­pecífica del arrendamiento la proporcio­nalidad del precio con el tiempo de duración del contrato, añadiendo que el precio se calcula por unidad de tiempo, ya sea hora, día, mes, trimestre, semestre, año etc. La proporcionalidad del precio se regula en los artículos 2426 y 2429 del Código Civil.

LAS PARTES CONTRATANTES

Se llama parte arrendadora a la que se obliga a ceder el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto; se llama parte arrendataria a la adquiere el uso o goce temporal del bien, mediante el pago de un precio cierto.

ELEMENTOS ESCENCIALES

Consenti­miento: se siguen las reglas generales de los contratos y se da con el acuerdo de las voluntades de ambas partes (arrendador y arrendatario), una para conceder el uso o el uso y goce de un bien, y la otra para pagar como contraprestación un precio cierto.

OBJETO

La cosa que se da en arrendamiento y el precio que debe ser cierto; no se necesita que el pago sea en dinero ya que pueden serlo las cosas y derechos que están en el comercio, que no sean fungibles, y tampoco los que estén fuera del comercio, como los bienes comunales o los derechos personalísimos. El precio debe ser cierto, verdadero y determinado o determinable, lo que quiere decir que debe de consistir en una suma de dinero o cualquiera otra cosa equivalente, que se trate de una simulación y que siempre exista la posibilidad de determinarlo como sería el pago de una renta en proporción al monto de las ventas en el caso de un local comercial.

ELEMENTOS DE VALIDEZ

Capacidad: para celebrar el contrato de arrendamiento se necesita sólo capacidad general; por lo tanto, los dueños pueden dar en arrendamiento por sí o mediante sus administradores, Esto significa que pueden darse los bienes ajenos, lo mismo sucede con los bienes que están asegurados y sujetos a un proceso, inclusive el arrendatario, con el consentimiento del arrendador, puede celebrar un contrato de arrendamiento.

Existen limitaciones al comodatario, el apar­cero o los copropietarios. Aún más, aque­llos que ejercen la patria potestad tienen limitada la celebración del contrato, lo mismo que el tutor, el albacea y los man­datarios, según las facultades que les son conferidas en los poderes.

Si bien existe libertad para contratar, la legislación civil establece limitaciones o prohibiciones para recibir en arrenda­miento, sancionando el acto con la nuli­dad del contrato, como en el caso de los tutores respecto de los bienes del pupilo, que no pueden tomar en arrendamiento para sí o sus familiares. Lo mismo que los magistrados, jueces y funcionarios o em­pleados públicos, tienen prohibido tomar en arrendamiento los; bienes en los que intervienen.

FORMA

El contrato de arrendamiento es, como la mayoría de nuestros contra­tos, un acto consensual, por ello, basta que las partes contratantes se pongan de acuerdo respecto al bien y al precio que se pagará por el uso y goce de aquél, para que exista el contrato de arrendamiento. Al respecto el a. 2406, del Código Civil del Distrito Federal, estatuye que: "El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta for­malidad se imputará al arrendador". Por su parte el a. 2448-F preceptúa que: "Para los efectos de este capítulo el con­trato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al arrendador...". De los pre­ceptos anteriores se deriva que el contra­to de arrendamiento es existente y válido aunque no se celebre en forma escrita, pues en los artículos transcritos no se hace referencia alguna a la inexistencia o invalidez del contrato por falta de forma escrita. En todo caso, la expresión: ",..la falta de esta formalidad se imputará al arrendador...", implica que, en su caso, sobre él recae la carga de probar los tér­minos del contrato. Ahora bien, el a. 958, del CPC del DF, dispone que: "Para el ejercicio de cualquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito"; sin embargo, ni de este precepto ni de los anteriores se infiere que el contrato de arrendamiento que no conste por escrito sea inexistente o no válido.

CLASIFICACIÓN

Es un contrato princi­pal, porque no depende de ningún otro para su nacimiento o existencia y porque tiene su propia finalidad y función eco­nómica y jurídica;

· BILATERAL, porque ambas partes quedan obligadas en forma recí­proca;

· ONEROSO, en virtud de que las obliga­ciones que ambas partes se deben, se traducen en provechos y gravámenes recí­procos;

· CONMUTATIVO, porque en este con­trato se saben desde el momento de su celebración los derechos y obligaciones de las partes;

· se trata de un contrato IN-TUITU PERSONAE en el sentido de que el arrendatario no puede subarrendar o ce­der el contrato de arrendamiento si no es con el consentimiento del arrendador;

· es también un contrato FORMAL por regla ge­neral, ya que debe otorgarse por escrito en el caso de bienes muebles valiosos y siempre lo es tratándose de inmuebles;

· TEMPORAL, porque se celebra por un perio­do limitado, el cual se fija en relación con el tiempo o con el uso o goce de la cosa arrendada;

· DE TRACTO SUCESIVO, porque las prestaciones del arrendador y del arrendatario no se cumplen en un solo acto, sino de una manera periódica, tiene esta naturaleza por antonomasia;

· NOMINA­DO y traslativo de uso o disfrute.

ESPECIES DE CONTRATOS

En nuestra legislación, el arrendamiento puede ser: administrativo, civil, mercantil y financiero. Del arrenda­miento administrativo se ocupa el a. 2411, del Código Civil del Distrito Federal, que preceptúa: "Los arrenda­mientos de bienes nacionales, municipa­les o de establecimientos públicos estarán sujetos a las deposiciones del derecho ad­ministrativo, y en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de este título". Es decir, el arrendamiento es administrativo, sin importar la naturaleza de los sujeto, cuando los bienes, objeto del contrato, pertenecen a la Federación, estado y municipios, y están sujetos a las disposiciones del derecho administrativo y, en su defecto, las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal; es civil, cuando no sea mercantil ni adminis­trativo; es decir, cuando recae sobre bie­nes inmuebles, o cuando se celebra res­pecto a bienes muebles sin el propósito de especulación comercial, o cuando re­cae sobre bienes que no pertenecen a la Federación, estados o municipios; es mer­cantil, aquel que recae sobre bienes mue­bles con el propósito de especulación mercantil (a. 75, fr. I, Código de Comercio.), y se rige por las disposiciones del Código de Comercio., no así cuando recae sobre bienes inmuebles, el cual siempre, en nuestro derecho, es un con­trato de arrendamiento civil, aun cuando se celebre con el propósito de especula­ción comercial; arrendamiento financie­ro, a esta especie se refiere el a. 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito , que señala: "Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se obliga a adqui­rir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero deter­minada o determinable, que cubra el va-' lor de adquisición de los bienes, las car­gas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato algu­na de las opciones terminales a que se refiere el artículo 27 de esta ley...".

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Del ARRENDADOR:

· transmitir el uso o goce tem­poral de la cosa; entregar la cosa arrenda­da en tiempo, lugar y forma pactadas;

· conservar la cosa arrendada en el mismo estado para aquel que está destinada la cosa arrendada, y en caso de incumpli­miento, el arrendatario puede pedir la rescisión del contrato o pedir a la autoridad judicial que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligación;

· no es­torbar ni embarazar el uso, ni cambiar la forma del bien, salvo en caso de repara­ciones urgentes e indispensables;

· garanti­zar el uso o goce pacífico por el tiempo que dure el contrato;

· garantizar la pose­sión útil, por lo que es responsable de los vicios ocultos que impidan o disminuyan el uso del bien arrendado;

· responder de la evicción, pudiendo reclamarle el arren­datario la disminución de la renta, pagar las mejoras hechas por el arrendatario si autorizó al inquilino a hacerlas;

· devolver el saldo que hubiera en favor del arren­datario al término' del contrato;

· preferir al arrendatario en caso de un nuevo arrendamiento, siempre y cuando esté al corriente del pago de la renta.

Del ARRENDATARIO:

· pagar la renta en forma y tiempo convenidos;

· conservar la cosa en el estado en que la reciba, res­pondiendo de los daños y perjuicios que sufra el bien por culpa o negligencia, po­niendo en conocimiento del arrendado la necesidad de reparaciones urgentes;

· hacer las reparaciones de poca importan­cia, no variar la forma de la cosa arrenda­da;

· informar al arrendador de toda usur­pación o novedad dañosa;

· servirse de la cosa para el uso convenido o conforme a su naturaleza;

· responder del incendio de la cosa arrendada con las limitaciones que establece el Código Civil del DF;

· devolver el saldo que hubiera en favor del arrendador y resti­tuir la cosa arrendada al término del con­trato.

TERMINACIÓN.

Depende de si el contrato ha sido celebrado por tiempo determinado o indeterminado. En el pri­mer caso, concluirá a voluntad de cual­quiera de las partes, previo aviso a la otra en forma indubitable y, en el caso de in­muebles, si el predio es urbano o rústico. El a. 2483 del CC enumera las principales causas de terminación:

1) por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada;

2) por convenio expreso;

3) por nuli­dad;

4) por rescisión;

5) por confusión;

6) por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuer­za mayor;

7) por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública, y

8) por evicción de la cosa dada en arrendamiento.

Termina, también, por la muerte del arrendador o del arrendatario, cuando expresamente se hubiere pactado su res­cisión, según se desprende del a. 2408 del CC interpretado a contrario sensu. Asi­mismo, al acabarse el usufructo, si el usu­fructuario dio en arrendamiento los bie­nes objeto de su derecho. Igualmente, cuando sin el consentimiento del arren­dador, el arrendatario hiciere obras en el fundo para descubrir un tesoro. Otra de las causas de terminación es la oposición al subarriendo en caso de haberse pacta­do ese derecho, y en el caso de enajena­ción judicial cuando el contrato se hubiese celebrado dentro de los 60 días anteriores al secuestro de la finca.

ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

INTRODUCCIÓN

Dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos el, enriquecimiento ilícito, y la gestión de negocio; ambos se encuentran dentro de la clasificación romana de los cuasicontratos, en relación que estos tienen como característica de que son actos voluntarios lícitos, que obligan a las personas, las vinculan, pero sin que haya previo acuerdo de voluntades.


Ahora debemos entender que estas dos fuentes generadoras de obligaciones, tienen su base legal, en los capítulos tercero y cuarto del título primero del libro tercero del Código Civil.

En nuestra vida social, no nos encontramos a menudo con estas figuras, sin embargo es importante conocerlas bien, por que uno nunca sabe cuando se pueden presentar.

Nos daremos cuentas que para que exista el enriquecimiento ilícito, tendremos que tener elementos como el enriquecimiento de una persona; el empobrecimiento de otra a consecuencia directa o indirecta; además que haya una relación que los vincule; y que este sea ilícito; para que pueda existir este, además veremos sus características y sus variables en torno a estas, según como lo marca nuestro Código Civil.

Además de lo anterior también nos encontraremos con la figura de gestión de negocios, en el cual nos daremos cuenta, de lo que es el verdadero gestor, no como lo conocemos popularmente. Dentro de la Gestión de negocios nos daremos cuenta de las características intrínsecas des este como es de que una persona lleve actos a nombre de otra sin que esta este por mandato o por cualquier otra parecida.







DESARROLLO

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El artículo 1882 del Código Civil nos menciona que “El que sin causa se enriquece n detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él ha enriquecido”.

Entendemos que esta encuentra el fundamento en el principio de equidad de que nadie puede aumentar su patrimonio injustamente en perjuicio de otro y por eso el código hace que el que se enriqueció sin justa causa quede obligado a restituir del daño al que empobreció.

Ahora al actualizarse al caso concreto lo anterior el acreedor sería el que tuvo detrimento de su patrimonio, y este tiene el derecho subjetivo, para solicitar la indemnización como lo indica el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual faculta al anterior, a iniciar la acción de indemnización “actio in rem verso”.

Encontramos concretamente que este es un aumento producido en el patrimonio de una persona, a costa del patrimonio de otra, sin que haya mediado causa que justifique el incremento del primero y el correlativo detrimento del segundo, y que obliga al enriquecido a indemnizar al empobrecido, hasta que ambos patrimonios queden en la situación anterior al enriquecimiento injustificado.

“A NADIE LE ES LÍCITO ENRIQUECERSE SIN CAUSA EN DETRIMENTO DE OTRO”

Veremos, que obligaciones se producen por este actos tanto por el gestor y el propietario principal del acto.





El pago de lo indebido

Los artículos 1882 y 1883 del Código Civil Federal, se refieren al enriquecimiento ilegítimo previniéndolo el primero como género y el segundo como especie, al hablar concretamente de pago de lo indebido. Por lo tanto, este último puede revestir las características genéricas del enriquecimiento.

Según el 1883 “Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.
Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.”, ahora, se trata de la entrega, hecha por ERROR, de una cosa que no se tenía el deber de entregar. La entrega debe ser cosa cierta, mientras que el enriquecimiento ilícito en forma genérica puede provenir de cualquier clase de conducta ajena.

Se paga indebidamente cuando existe deuda que saldar o cuando se hace el pago a una persona distinta del acreedor.

Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el "enriquecimiento ilegítimo" o "sin causa", debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar, como elementos lógicos de la acción, los siguientes: 1. Que haya empobrecimiento de un patrimonio; 2. Que exista enriquecimiento de otro; 3. Que medie relación de causa a efecto entre el primero y el segundo; y 4. Que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación; por otra parte, respecto al pago de lo indebido debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1883 del ordenamiento jurídico invocado, que establece que "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla ...", de donde se desprende que "el pago de lo indebido", contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones, se constituye en especie de este último, con características propias, las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito.




ELEMENTOS DEL ENRÍQUECIMIENTO ÍLICITO

La acción de enriquecimiento ilegítimo a que se refieren los artículos 1882 del Código Civil y 26 del de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, está constituida por los siguientes elementos: 1. Enriquecimiento del demandado, quien obtiene algo que no estaba en su patrimonio. 2. Empobrecimiento del actor, al perder algo que estaba en su patrimonio, o dejar de recibir lo que tenía derecho. 3. Que exista vínculo de causalidad entre los dos elementos anteriores, es decir, deben ser recíprocos y correlativos, de tal manera que no pueda existir el enriquecimiento si no es como efecto del empobrecimiento y a la inversa. 4. Que el desplazamiento patrimonial carezca de causa jurídica, contractual o extracontractual, de modo que la persona empobrecida no tenga otro medio para obtener la indemnización.

Litigantes del narco

esta nota sale en proceso

A finales de 1996, el abogado y excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos se vio envuelto en un escándalo de dimensiones mayores: se le vinculó con el cártel de Juárez, encabezado entonces por Amado Carrillo Fuentes, dice un adelanto del libro Los narcoabogados, del periodista Ricardo Ravelo, que publica Proceso en su edición 1561 de este domingo 1 de octubre.

Y es que no cualquiera se atreve a defender a los narcotraficantes. Los que lo hacen, hombres y mujeres, son abogados que viven en el peligro, que se mueven en el universo criminal y personal de los que trafican con drogas.

De esto trata el libro Los narcoabogados, que la editorial Grijalbo pondrá en circulación esta semana. En él se encuentra la historia de famosos abogados como Gustavo Salazar, defensor de Pablo Escobar; Diego Fernández de Cevallos y su relación con presuntos socios del cártel de Juárez, y Raquenel Villanueva, defensora del grupo de Juan García Ábrego, entre otros. Con autorización de la editorial y del autor, Proceso reproduce el capítulo “El sospechoso Diego”, así como partes sustanciales de “La abogada del narco” y “Así soy”, en su edición que circula a partir de este domingo 1 de octubre.

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD

Entendemos esta figura como la segunda fuente de obligaciones contemplada en el código; pero, ¿de que trata? ¿como se clasifica?, ¿cual es su regulación?, ¿en que momento crea obligaciones?, esas son las preguntas que nos hacemos al estudiar este tema.

En mi opinión personal este tipo de fuentes de obligaciones las vemos día a día, cuando salimos a la calle, cuando vamos de compras, o en nuestra vida profesional.

Ahora cuantas controversias las resuelven los tribunales en el contexto del campo de la declaración unilateral de la voluntad; a mi parecer es que son muy pocas, a mi punto de vista; si las hay si existen pero cuanto se practica; ¿Quien inicia un juicio por que alguien que encontro un perro y le prometieron de recompensa por ese perro 500.00$ pesos y al momento de entregar el perro no le cumplieron con esa promesa?, si usted estuviera en esa situación y fuera una persona conservadora (me refiero a que no quiere problemas ni gastos por tonterías), de ninguna manera iniciaría la acción de cumplimiento de promesa, ya que es absurdo desde el punto de vista práctico; ahora es necesesario conocer de este tema y comprender este tipo de practicas que vemos a diario y tener en cuenta que estan reguladas por nuestro derecho vigente.

y si se da el caso ahora no sea por 1000$ pesos, entonces por otra cantidad que vale la pena para realizar un procedimiento (me refiero en el campo práctico), pues nos daría oportuidad de ganar algo en el campo profesional, y lo mas importante en el campo cultural.

Ahora que motivamos y le dimos un empujoncito a nuestro tema para adentrarnos y tener más interés sobre de este, vamos a estudiarlo de una manera muy somera y escueta.

Entendemos esta como una fuente de obligaciones y esta aparece en el derecho moderno, ¿en el derecho moderno porque?, para eso tenemos irnos a la historia.


CONCEPTO.- vamos a utlizar la definición del maestro Gutierrez y Gonzalez, alcaro en su libro de derecho de las obligaciones.

SE ENTIENDE POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD LA EXTERIORIZACIÓN DE LA VOLUNTAD SANCIONADA POR LA LEY:

A.- QUE IMPLICA PARA SU AUTOR LA NECESIDAD JURIDICA DE CONSERVARSE EN APTITUD DE CUMPLIR, VOLUNTARIAMENTE, UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER PATRIMONIAL PECUNARIO O MORAL, EN FAVOR DE UNA PERSONA QUE EVENTUALMENTE PUEDE LLEGAR A EXISTIR O SI, YA EXISTE, ACEPTAR LA PRESTACIÓN OFRECIDA, O

B.- CON LA CUAL HACE NACER A FAVOR DE UNA PERSONA DETERMINADA, UN DERECHO, SI NECESIDAD DE QUE ESTA ACPETE, O FINALMENTE,

C.- CON LA CUAL EXTINGUE PARA SI UN DERECHO YA CREADO A SU FAVOR.


FORMAS DE DECLARACIÓN UNITARIA DE LA VOLUNTAD


DECLARACIONES UNILATERALES DE LA VOLUNTAD.

a.- OFERTAS AL PÚBLICO

• OFERTA DE VENTA
• PROMESA DE RECOMPENSA
• CONCURSO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

b.- ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCEROS

c.- DOCUMENTOS CIVILES PAGADEROS A LA ORDEN O AL PORTADOR

d.- El poder

Algunos consideran también al testamento como declaración unilateral de la voluntad, sin embargo sólo aremos estudio de las que establece el capítulo segundo del título primero del capítulo cuarto de las obligaciones.

Ahora analizaremos cada una de ellas con su ejemplo.

OFERTAS AL PÚBLICO

Esta es una declaración unilateral de voluntad, receptica, hecha a toda persona que pueda tener conocimiento de ella, con la expresión de los elemnetos esenciales de una presación que se ofrezca cumplir, seria y hecha con el ánimo de satisfacer en su oportunidadad, si fuere el caso.

a.- Oferta de venta

para esto el artículo 1860 nos dice: El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.

verbigracia, sucede todos los días en cualquier escaparate o centro comercial, en el periódico, en donde cualqueir objeto sea cual sea se establece un precio, y el oferente tiene la obligación de respetar el precio que esta ofreciendo, en el cual tiene que establecer la actitud de cumplir con ese precio estipulado.

Ahora imaginemo que vamos caminando por el supermercado y encontramos una televisión que la estan ofreciendo por equivocación o error de imprenta en lugar de 1000.00 pesos la esten ofreciendo a 100.00, por este simple hecho, error, el super debera cumplir con el precio establecido.

Ahora, es bueno que el código tome en cuenta estas situaciones, sin embargo ya las tomaba anteriormente en otros artículos artículos como el 1805 y 1806, sin embargo es mucho mas claro en este.

PROMESA DE RECOMPENSA

El artículo 1861 dispone "El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido.".

Es muy sencillo y sucede diario, Cuando se extravía una persona, y se solicita información y como recompensa a esa información del paradero de la persona, el prometente en el momento de la policitación, o sea cuando pega los papelitos es el momento en que este se obliga en caso de que alguna persona de con el paradero de la persona extraviada.

La persona que tiene derecho a la recompensa tiene que cumplir la determinda condición consistente en cierto servicio, al momento también el promitente debe establcer un plazo, consistente ya que el promitente tiene derecho a al revocación de la oferta y esta puede ser de dos manera

• oferta con sujeción a plazo
• oferta sin sujeción a plazo

En esa parte de la revocación es importante ya que el oferente al hacer la citación se compromete a pagar lo estipulado, y si no lo hace se reputa, que este sigue en oferta.

CONCURSO CON PROMESA DE RECOMPENSA

Esta es una declaración unilateral de la voluntad, que hace una persona llamada promitente, en el sentido de mantenerse en aptitud de cumplir un prestación que el especifica, en favor de la persona que por tner las cualidades necesarias, interviene en un CONCURSO o COMPETENCIA, y obtiene la mas alta PUNTUACIÓN o CALIFICACIÓN, al realizar o cumplir la prestación que asu vez solicita el promitente.

verbigracia.- El señor X crear un torneo de ajedrez en el cual el ganador (competencia) recibirá el premio de un reconocimiento y un tablero,

entonces, el ganador del torneo cumple con las condiciones de su promesa y al momento el señor Y tendrá derecho a exigir esa promesa de recompensa.

ESTIPULACIÓN A FAVOR DE OTRO.

Esta es una declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el promitente como parte en un contrato, DETERMINA una carga o modo consistetne en que otra persona debe prometer que realizara una especifica prestación a favor de tercera persona.

La estipulación a favor de tercero constituye una declaración unilateral de la voluntad, y sin que signifique una liberalidad a una donación, el tercero no adquiere obligación alguna; de manera que de la circunstancia de que ésta hubiese repudiado la obligación que a su nombre quiso contraer quien no era su apoderado, ni tenía facultades para ello, no se deriva el derecho de revoca la estipulación, una vez que la misma había sido aceptada.

Verbigracia Carlos y Juan celebran un contrato de prestamo o mutuo por 500 pesos, y en ese acto carlos establece entregar los 500 pesos a cambio de que Juan le enseñe a tocar la guitarra a su hijo, Carlitos.

MAS SOBRE CONTRATOS

INTRODUCCION

A través de la historia, podemos ver que han existido ciertos actos jurídicos que son fuente de Obligaciones, por lo tanto, es muy importante que al empezar a hablar de nuestro tema: “Contratos Civiles” hagamos un recuento y veamos los antecedentes históricos que al paso del tiempo han dado lugar en la forma de vida jurídica de las personas. En el Derecho Romano preclásico la convención o pacto era un elemento esencial del contrato, como este no contenía fuerza vinculatoria, era necesario que se le revistiera de ciertas formalidades, como ocurría en las estipulaciones para que de esta manera fuera complementada con la entrega de una cosa, como en los casos de los contratos reales. Es por eso que se solía hacer referencia a los pactos desnudos y a los pactos vestidos. Yéndonos hacia el final de la Republica y por la necesidad del trafico con los ciudadanos, se admitieron entre los contratos de buena fe, figuras tomadas del derecho de gentes, en las que bastaba del consentimiento de las partes para el perfeccionamiento del contrato, lo cual esto solamente ocurrió en los casos de compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Es así que para puntualizar estos actos jurídicos, vemos que el sistema del derecho romano, puede afirmarse que solamente tienen el carácter de contratos los convenios o pactos que son expresamente reconocidos por el derecho y sancionados mediante una acción del derecho civil. Por otro lado en la época clásica, los pretores, por razones de equidad fueron reconociendo paulatinamente cierta fuerza a los pactos, primero creando excepciones y después, en algunos casos, dando acciones. Resultaba evidente que la pacifica convivencia entre las personas requería que la palabra fuera respetada y que los pactos fueran cumplidos, de donde surgió el principio de pacta sunt servanda. Ahora bien, acercándonos mas a nuestros tiempos, en el derecho moderno, el consuensalismo se volvió regla en materia contractual y el formalismo la excepción, sin embargo cobro tanta fuerza el poder vinculatorio del consentimiento que se llego a formular como principio el que la voluntad de las partes es la suprema ley del contrato.

A diferencia del derecho romano, podemos decir que en el derecho moderno todo convenio que tiene por objeto crear relaciones de obligación en su contrato, salvo que se pretenda realizar en contra de una norma prohibitiva o de interés publico. Esta misma teoría se incorporo al Código de Napoleón cuya influencia en el derecho continental europeo es bien conocida y a través de este, ha sido recogida en nuestros códigos civiles. Por otra parte podemos decir que esta teoría del código de Napoleón, en su parte orgánica era una muy buena idea plantear que todos los convenios realizados, serian tratados en forma de igualdad, sin embargo en la realidad social nos encontramos que las cosas no son así y existe una desigualdad de condición de los hombres, por razones morales, culturales, económicas, sanitarias, etc. Esto ha dado lugar a que se sostenga, con razón, que la justicia impone necesidad de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, principio que debe informar a la ley positiva. Es por esta razón de colocar en un mismo plano a los contratantes por la pretendida igualdad de todos frente a la ley, dio origen a situaciones de grave injusticia que dieron lugar a que en el derecho actual, haya entrado en crisis el principios de la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales. Esta fue la principal causa de que se separara del ámbito del derecho civil todo lo relativo a las relaciones jurídicas derivadas de los contratos de trabajo y se creara una nueva rama del derecho. Por la misma razón se han establecido importantes limitaciones a la libre contratación como protección al consumidor, y el arrendatario de una casa habitación, y la misma explicación tiene el haberse incorporado a los vicios del consentimiento la llamada “lesión”, que es a la que se refiere el articulo 17 del código civil.

Articulo 17.- Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, mas el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concebido en este articulo dura un año.






EL CONTRATO

El articulo 1792 define el convenio en amplio sentido como “el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”, y el articulo 1793 aclara que “los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos”. En los términos de los preceptos legales mencionados, y interpretación, el convenio en su estricto sentido y el contrato son especies del convenio en amplio sentido, que el primero es aquél en el que se extinguen y modifican obligaciones o derechos, y el segundo es el que tiene como efecto crear o transferir estos. Por tanto el contrato, dado que crea obligaciones, es fuente de estas.

ELEMENTOS DEL CONTRATO

Podemos distinguir tres clases de elementos en los contratos:

Elementos Esenciales: Son aquellos que de no satisfacerse, no puede haber contrato; algunos tratadistas los denominan requisitos de existencia.

Elementos Naturales: Que son ciertos elementos que siempre se dan en alguna especie de contrato, pero no en todos. Son aquellos que se entienden incorporados en el contrato, pero que las partes pueden libremente eliminar del mismo, sin que éste deje de ser válido.

Elementos Accidentales: Que son pactos adicionales que pueden darse o no en un contrato. Son aquellos que las partes establecen por cláusulas especiales, que no sean contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Por ejemplo: el plazo, la condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación, etc.

ELEMENTOS ESENCIALES

El Consentimiento: Es el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes. Se dice también que hay consentimiento cuando concurren las voluntades de los contratantes sobre el objeto o materia del contrato.

Por otra parte, es conveniente tener en cuenta que la formación del consentimiento generalmente se lleva a cabo mediante una oferta seguida de una aceptación. Pero en los negocios importantes o complejos se habré un proceso de negociación entre una y otra, que muy frecuentemente hace variar los términos de la primera oferta.

El código regula en forma minuciosa, en los artículos 1804 y siguientes, los diferentes aspectos de la oferta y la aceptación y el momento en que se tiene por formato el contrato.

Es necesario hacer notar que en el Código Civil del Distrito Federal, el “silencio” por regla general no produce efectos, por lo que no existe “ex lege” caso alguno en la teoría general de las obligaciones civiles en que se pueda hablar de afirmativa o negativa ficta. El silencio implica la no exteriorización de voluntad alguna respecto de la contratación y no debe de confundirse con el consentimiento tácito. El Código Civil distingue entre consentimiento tácito y expreso:

Consentimiento Expreso: Es el que se manifiesta verbalmente, por escrito, medios tecnológicos o por signos inequívocos.

Consentimiento Tácito: Resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo; como es claro este consentimiento presupone la existencia de la voluntad real de contratación, mientras que en el Silencio si existe voluntad de contratación ésta no se exterioriza directa o indirectamente.

Requisitos del consentimiento:

Para que el consentimiento sea totalmente eficaz para la formación de un contrato valido, debe satisfacer ciertos requisitos:

Capacidad de los contratantes.
Ausencia de vicios.
Forma de manifestarse, cuando la ley así lo exige expresamente.

El Objeto: Como ya antes habíamos mencionado, el objeto de la obligación siempre consiste en una conducta del deudor en provecho del acreedor, denominada prestación, en términos genéricos que pueden ser un dar, un hacer o un no hacer. El Objeto del contrato es el contenido de esa prestación, esto es, la cosa que el deudor debe dar o el hecho que este debe hacer o no hacer, como se expresa en el artículo 1824.

v Requisitos del Objeto:

El Código Civil separa el objeto cosa del objeto hecho para señalar los requisitos de cada uno, como puede leerse en los artículos 1825 y 1827. Sin embargo, los señalados en el párrafo anterior pueden aplicarse a ambos objetos.

v Que sea posible física y jurídicamente.
v Que el objeto sea licito.
v Que sea determinado o determinable.
v Que sea estimable en dinero.

CAUSA, MOTIVO Y FIN DE LOS CONTRATOS

Causa: Por esta debemos entender a la razón de derecho por la que los contratantes se obligan. Además, en las relaciones sinalagmáticas, es decir, las reciprocas, la causa de la obligación de cada uno de los contratantes es la prestación que tiene derecho a recibir del otro; en los contratos gratuitos, la causa de la obligación es el animo de hacer una liberalidad.

Motivo: Es de carácter enteramente subjetivo y variable; consiste como su nombre lo indica, en lo que mueve a cada una de las partes para contratar, en cada caso concreto.

Fin: El fin del contrato es también de carácter subjetivo, estrechamente relacionado con el motivo y, obviamente, consiste en lo que se propone conseguir cada uno de los contratantes al celebrar el contrato.

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

Unilaterales: Estos son aquellos que solamente producen una relación de obligación, por la cual una de las partes resulta deudora y la otra acreedora.

Sinalagmáticos: Estos son aquellos que producen dos relaciones de obligación, claramente distintas, aunque íntimamente ligadas entre si por una relación de causalidad, en virtud de la cuales ambos contratantes resultan deudores y acreedores recíprocos.

Perfectos: Estos son los que invariablemente producen derechos y deberes para ambas partes.

Imperfectos: Estos son los que producen obligaciones para una de las partes y solo eventualmente para la otra.

Gratuitos: Son los que solamente aprovechan a una de las partes.

Onerosos: Son los que producen provechos y cargas recíprocos. Estos se dividen a su vez en:

v Conmutativos: Son aquellos en el que el grado de onoresidad se conoce desde el momento de su celebración.
v Aleatorios: Los que están expuestos a eventualidades de la suerte.

Finalmente existe el criterio de la clasificación que al parecer siguió el legislador, al agrupar las diferentes especies de contratos con un contenido obligacional similar.

Traslativos de dominio: Compraventa, permuta, donación, y mutuo.

Traslativos de Uso: Arrendamiento y comodato.

Que tienen por objeto la guarda de cosas: Deposito y secuestro.

Que tienen por objeto obligaciones de hacer: Mandato y prestación de servicios.

Asociativos: Sociedad y asociación civil, y aparecería rural.

Aleatorios: Juego y apuesta, renta vitalicia y compraventa de esperanza.

De Garantía: Prenda, fianza e hipoteca.

Y finalmente la transacción.

PARTES DE UN CONTRATO ESCRITO

La libertad formal suele caracterizar casi todos los tipos de contratos aunque la mayoría siguen modelos bastante parecidos con las siguientes partes:

Título: Indica el tipo de contrato.

Cuerpo sustantivo: Que identifica las partes. Estas pueden ser, según el tipo de contrato, tanto personas físicas como jurídicas. Consta de las siguientes partes:

v Lugar y fecha de contrato

v Identificación de quienes van a suscribirlo.

v Representaciones de los intervinientes indicando si suscriben el contrato en su propio nombre o en representación de un tercero o sociedad

v Identificación, si son aplicables, de los objetos y servicios objeto del contrato.

v Identificación, si son aplicables, de otros elementos como ámbito geográfico.

v Exposición: Relacionan los hechos y antecedentes que pueden ser relevantes pero que carecen de valor normativo.

v También pueden incluir cláusulas que establezcan el significado de determinados conceptos para el contrato en cuestión.

v Cuerpo normativo: Pactos o acuerdos, objeto del contrato. Son las cláusulas normativas.

v Cierre: Formula de cierre donde se indica la forma de realizar el acuerdo.

v Anexos: Desarrollan algunos aspectos complejos del contrato para simplificar su lectura.