ABOGADO MÉXICO

INVESTIGACIÓN MINISTERIAL EDO MEX (REFORMAS)

2012-01-27T22:30:00.002-06:00

WAITING..

Soy víctima de un delito, ¿Cuáles son mis Derechos?

2012-01-27T06:17:00.003-06:00

Advertencia - La información publicada en este blog sólo es de información jurídica, y habla sobre cuestiones jurídicas no contempla las realides. si la información que recibes aquí no funcionó, fue debido a la actitud de las autoridades. En México cada Entidad es diferente en cuanto a su estructura de justicia penal.

Conoce tus Derechos cómo Víctima de un Delito

QUE DICE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA RESPECTO LAS VÍCTIMAS

Regulada en su artículo 20, Apartado C. de la Constitución estable las siguientes Garantías para las Víctimas de los delitos:

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

Hasta ahora, esta disposición sigue siendo un ideal, ya que son pocas las entidades federativas que cuentan por ejemplo, con defensoría de oficio para las víctimas. por otro lado no les informan de sus derechos y si lo hacen no lo reciben de forma eficaz.

Hacer valer este Derecho generalmente se deriva ante la negativa del MP a la información del proceso. al ser un Derecho Constitucional y Garantía Jurídica, el medio legal para hacerlo valer es el Amparo Indirecto.

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

Desde la Denuncia se Coadyuva, la víctima puede involucrarse en el proceso, incluso hasta hacer la misma investigación (recuerda Miranda de Wallace), este derecho hace que se reclame por dos vías 1) en su legislación local ofrece recursos o medios de impugnación ante la negativa del MP a las diligencias. 2) Mediante Juicio de Amparo (Indirecto).

Este es uno de los Derechos Más importantes la víctima debe intervenir dentro del proceso como parte con una serie de prerrogativas que precisen u amplíen las que actualmente tiene,
Considerar el derecho de la víctima del delito de estar presente en todas las diligencias y actos procesales en los cuales el inculpado tenga ese derecho;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

Desde la Reforma del año 2000, esta disposición poco a poco va teniendo su forma, que son pocos los estados que ofrecen estos servicios de forma eficaz a las víctimas, al ser urgentes y no recibir la ayuda, la mayoría de las víctimas prefiere retirarse del proceso.

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

En algunos Estados por oficio se lleva el incidente de reparación, es importante esta medida ya que no sólo hay castigo sino también restitución del Daño creado, sin embargo esto se realiza en el proceso, la omisión o falta abre a la víctima el Derecho de hacerlos valer por recursos legales de su legislación, y por vía de Amparo

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

Los derechos Anteriores buscan Resguardar la Seguridad Física y emocional de las víctimas para que no se conozca que fueron víctimas, o tener medidas cautelares para resguardo des sus personas, el Estado debe proporcionar los recursos para la protección a las víctimas después del Delito.

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

La víctima al ser parte en este proceso, tiene legitimidad jurídica para impugnar las omisiones del Ministerio Público en sus Investigaciones.

OPINIÓN

Haber sido víctima de un delito en México es común entre nosotros, nos encontramos en los primeros lugares de homicidios dolosos, secuestros. feminicidos, todos a nivel mundial; Además de ser víctima del agresor, también lo eres del sistema Procesal de Justicia; que va desde la intervención de los policías, hasta la Ejecución de una Sentencia penal por parte del juez.

Las víctimas en los delitos sufren el amargo y frustrante proceso, ya que al Ministerio Público generalmente tarda y demora para atender a las víctimas, se ve a menudo a ellas horas esperando, falta de comunicación, insensibilidad en el trato, la víctima se enfrenta con la carga burocrática del Estado, y que peor si cumplen con el perfil del burócrata Mexicano descrito cómo indiferente, en momentos arrogante con la persona a quien le sirve, y por que no, corrupto. Todo esto frustra los intentos de que se castiguen los delitos, lo que genera el mayor mal que es la Impunidad.

Un estado que no Castiga es ineficaz y que no genera seguridad entre sus ciudadanos, condenandolos a rechazar el ideal de justicia genuino, y adaptándose al sistema, marañoso y corrupto.

El Ministerio Público lejos de ser una institución al servicio ciudadano, se volvió un arma para la gente con recursos para que puedan hacer daño a alguien, desde se maneja el dinero cómo estandarte de servicio, y requisito indispensable para que las autoridades hagan algo.

Ojalá no sea tu caso, así le paso a Nancy Pastelin generó polémica y obtuvo la atención pública debido a que recientemente un vídeo subido a youtube y mandado a las redes sociales, causó polémica, en los medios masivos de comunicación.

En el vídeo se observa la indignación por parte de la víctima del delito ante la falta de eficacia por parte de los agentes; el vídeo provocó resultados, los agentes fueron removidos de su cargo, y se le atendió de forma personal a la víctima.

¿Tenemos que subir vídeos, mandar Twits al Procurador para que seamos escuchados?, ¿que acaso las vías y mecanismos actuales no son eficaces para cometer su objetivo?

ALTERNATIVAS DE ACCIÓN EN CASO DE DEMORA, RECHAZO, INEFICACIA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO AL PRESENTARTE CÓMO VÍCTIMA DE UN DELITO.

1.- Levanta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, http://www.cndh.org.mx/

2.- Intenta Comunicarte con su superior jerárquico, es decir el Subprocurador, o hasta el mismo Procurador, manifestando tu inconformidad.

3.- Levanta una Queja ante la controlaría interna de esa dependencia.

4.- (no debería sugerirla, pero en estos últimos días es la que ha generado mas resultados), genera un escándalo mediático, usa la prensa, y denuncia por todos los medios posibles esta ineficaz situación, sube un vídeo a youtube, manda tweets, y después a comunicarlo con tus contactos por Facebook.

Hoy en día esos datos los encuentras, en las páginas locales de las procuradurías dependiendo la Entidad Federativa en que te encuentres. además consulta a tu abogado de confianza, de preferencia que sea especialista en materia penal.

Por último las víctimas del Delito tienen derechos importantes en su proceso, hacerlas valer no sólo es una convicción moral, sino una obligación Moral, Es necesario ejercer los medios de impugnación a pesar del tiempo y las negativas, para que se enderece nuestro sistema de justicia poco a poco, por que los principios ya los tenemos, se encuentran en nuestra Constitución, pero no importa a veces que se contraten los servicios de un abogado penalista para ejercer estos Derechos.

Gracias.

actúa - muévete - pregunta

PROCESO JURISDICCIONAL FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO

2010-06-16T19:59:00.003-05:00

En nuestra legislación, encontramos infinidad de procesos, ya sean por materia, jurisdicción, orden de gobierno (federal - estatal), instancias, cuantías etc. Cada uno regulado por determinado reglamento; Ahora, a pesar de existir demasiados ordenamientos procesales, podemos encontrar ciertos elementos que tienen en común.

El artículo 14 párrafo segudno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,
En resumidas cuentas son principios que forman el procedimiento judicial, es decir que sin estos las partes no tendrán la posibilidad real de lograr una decisión justa a la controversia planteada.
Por lo tanto al existir un juicio que no contenga estos principios procesales no puede considerarse como tal además de que esta transgrediendo las garantías individuales de las personas.
Bien ahora la pregunta es ¿cuales son esas formalidades esenciales del procedimiento?

Existe una Jurisprudencia muy interesante:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
y una tesis mas que establece:

PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.
De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial

profesor: Dr. José Luis Martínez Bahena

2007-10-24T01:35:00.000-05:00

Mara salva trucha

2007-10-24T01:34:00.000-05:00

MARAS.

Organización de Bandas de delincuentes Juveniles.

Es una Secta Secreta “Mara salva trucha”, que significa: la virgen Maria ayuda salvando a los astutos.

Maras porque son creyentes de la virgen Maria, es decir, buscan su perdón y protección.

Sociedad secreta paralela a la sociedad civil, por la cual renuncian a todo lazo con su familia biológica para integrarse a otra, por ser niños no deseados que provienen de una sociedad de extrema pobreza.

Utilizan una simbología en tatuajes, para identificarse entre ellos, cuyo significado son amuletos con poderes mágicos que los protegen de la violencia extrema, a la que se enfrentan al atacar a otras pandillas o al cometer sus ilícitos.

La simbología de los tatuajes es con ideas provenientes de raíces indígenas, como la muerte con poderes como diosa, pero representada en dibujos con ideología Satánica, proveniente de occidente, que aunado a la creencia de la virgen Maria, nos dice sobre su idiosincrasia, de acuerdo a Psicología, porque:

a).- Falta de cariño de una madre, y su sustitución con la virgen Maria
de Occidente.

b).- Un tipo de vida con violencia donde la muerte es común, y por ello,
de acuerdo a las ideas de los indígenas es la “madre tierra”.

c).-El satanismo, es por la necesidad de protección, ante las luchas a muerte, para que mediante la magia y el sacrificio de sus victimas, como ofrenda adquieran la fuerza y el poder de sus posibles atacantes, lo cual Psicológicamente les da confianza y valor. Situación que se asemeja a la magia precolombina de los indígenas de América.

Significado de los Tatuajes,(es una identificación como un general que exhibe sus medallas en el pecho, para que vean sus actos de heroísmo y logros con su carácter personal) :

Mezcla de satanismo con creencias prehispánicas:

Telarañas, persona atrapada en las drogas.
Lagrimas negras, haber cometido homicidio.
Figuras satánicas, en principio son para intimidar al enemigo, significa que es un guerrero.
Lapidas, haber sido herido en lucha.
Anclas, se asocian a delitos patrimoniales.
Vírgenes, su relación es con delios sexuales.
Diablos, es el jefe de una banda.
Cruces, representa a los amigos de la hermandad Mara muertos.
Mujeres desnudas, se asocia a que obliga a mujeres de la Mara a prostituirse.

Las Leyes internas de la Secta secreta “Mara Salva Trucha”, (la virgen Maria ayuda salvando a los astutos), son:

1.- La única familia que se tiene son los Maras.

2.- El ingresar como Mara es de por vida, la deserción se castiga con la muerte.

3.- Nunca hablar sobre información interna de los Maras, violar el secreto se castiga con la muerte.

4.- El jefe Mara es el amo, y a el le pertenecen física, emocionalmente sus integrantes, por lo que puede realizar acto sexual con cada uno de ellos. Sin que importe el que sea con otro hombre, porque creen que realizarlo con persona del mismo sexo es de valientes.

5.- El Mara solo hace lo que le conviene.

6.- Desarrollar actividades fuera del grupo de los Mara es motivo de muerte.

7.- Los Maras son la única sociedad con futuro, porque los que no son Maras son seres inferiores. (aquí se manifiesta un rencor contra la sociedad de la cual sienten que fueron agredidos).

8.- El jefe de los Maras, es sacerdote, juez y líder que señala lo que para él es moral y deben hacerlo.

9.- El jefe Mara, puede tener las esposas y amigos cariñosos que desee.

10.- Se tiene que dar la vida en beneficio del jefe Mara.

11.- El robo, el hurto, el homicidio, son un medio práctico para lograr su fin.

Por lo anterior tenemos que los Maras surgen de las comunidades indígenas, con pobreza, donde no existe control de la natalidad, donde hay abandono de sus padres, en donde esa secta una manifestación del enojo de ellos hacia la sociedad, donde la magia del satanismo es una forma invocar ayuda para sobrevivir. Sus reglas internas están encaminadas a la sobrevivencia del grupo.

La “muerte” es tan común entre sus miembros que tienen la necesidad de rendirle culto tal vez por raíces de indigenismo. La muerte es en realidad la perdida del equilibrio físico, químico, y biológico e irreversible de todo ser vivo.

Deontologías Profesionales.

2007-10-24T01:33:00.000-05:00

Por: Dr. José Luis Martínez Bahena.

El Jurista Miguel Villoro Toranzo, su discurso, hace una descripción de las Deontologías Profesionales, desde un punto de vista Helenístico, porque existe: la Ética Hindú; la Ética Budista; Ética Africana; Ética Austroloide; Ética Precolombina; Ética Egipcia; Ética Neolítica Europea, que es muy diferente a la de la era cristiana en ese continente; Ética de la antigua Persia; las cuales seria muy interesante conocer y estudiar, porque, es sabido que los novelistas y creadores de guión para películas en cine, últimamente han rescatado ideas que le dan mayor fuerza a la trama, y por lo tanto éxito.

En México carecemos de proyección de la mayoría de nuestros Licenciados en Filosofía, porque sólo se centran en la Historia de la Filosofía Helenística, cuando debería estudiar también otras fuentes filosóficas, como por ejemplo la Filosofía de las grandes culturas como la Maya, Azteca, Olmeca, etc. Ya que sus avances en astronomía, herbolaria y medicina se basan en su filosofía Precolombina. La cual es descuidada, olvidada, y enterrada por las universidades, prueba de ello se percibe en los actuales programas de estudio. Al respecto es importante señalar que los estudios y libros sobre Arqueología Prehispánica, han sido y son escritos por Europeos y Norteamericanos.

El Dr. Enrique Dussel, filosofo argentino, estudioso de la Ética Prehispánica en México, dice:

“Entre los aztecas, por tomar un ejemplo, la ética ( tlacahuapahualiztli: “arte de criar y educar seres humanos”), contenía principios de un gran humanismo:

Aun cuando fuera pobre o miserable,
Aun cuando su madre y su padre fueran pobres de los pobre,
No se veía su linaje,
Sólo se atendía a su género de vida,
A la pureza de su corazón,
A su corazón bueno y humano, firme,
Se decía que tenía a lo divino en su corazón,
Que era sabio en las cosas divinas.

A partir de las “costumbres (Huehetlamanintiliztli)”, que jurídicamente alcanzaron un alto grado de precisión, con códigos de leyes y tribunales de justicia, siempre entre los aztecas, racionalizaron los tlamatinime, una doctrina unitaria sobre el sentido de la praxis humana, individual y comunitaria.” [1]

La ética deontológica es definida por el “Diccionario de Religiones y Creencias” como:

“Toda teoría ética normativa que subraya principios de justicia e injusticia con independencia de que las consecuencias sean malas o buenas, en contraposición con las teorías teológicas o consecuencialitas. Así, una teoría deontológica podría implicar que la esclavitud es injusta aun cuando ello pudiera llevar al máximo el bienestar equilibrado de una determinada sociedad, o que uno debe mantener una promesa hecha a un moribundo aunque no saque beneficio de ello.

Los deontologistas intentan típicamente fundamentar juicios morales en nociones como los derechos naturales, dignidad personal o (en versiones teológicas) mandamientos de dios”.[2]

En el milenario Japón, la moral, la ética y el derecho, so lo mismo, es decir, para ellos no existe la diferencia. Su sistema legal se basa en usos y costumbres “Budistas”.

En el Sistema jurídico Musulman, tampoco existe diferencia entre moral, ética y derecho, ya que sus leyes se basan en un libro llamado “El Coran”, por lo que manejan dos formas de interpretación:

a).- la Estricta, que es conservadora, apegada al texto literal. Ejemplo cuando dice cortar la mano, ellos materialmente cortan la mano.

b).- la Amplia, cuando los musulmanes dicen que en dicho libro se señalan ejemplos de conducta mediante narrativas, y aplican sanciones equiparables aplicadas por un juez cuando se refiere a delitos, y por ministro de culto cuando se trata de cuestiones éticas o morales, en cuya sociedad no hay diferencia, solo en cuanto al órgano de aplicación de sanción, ya que un delito para ellos es simultáneamente violación a la ética, leyes, y moral.

En el Sistema Jurídico del país Israel, (esto es la nación que esta conformada por Judíos, Musulmanes Palestinos, y Cristianos, ya que los alumnos se confunden y creen que ese país sólo viven Judíos). Es un sistema legal Mixto, es decir, el 50% de sus leyes son legisladas por su Cámara, y 50% religioso, en este caso, la religión se refiere al Judaísmo, esto es, “El Talmud”, que consta del libro “Génesis” al “Deuteronomio”, conocidos por los cristianos como “antiguo testamento”, (cuando los papiros están enrollados alrededor de los tubos de oro y cubierta de terciopelo, se llama “La Torá”). Dicho sistema jurídico, se caracteriza por la falta de división en un 90% de sus normas, entre moral, ética y derecho.

Miguel Villoro Toranzo, define a la Deontología profesional, como:

“El conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional.”

Deontologías profesionales, han sido elaboradas por asociaciones de profesionales para regular las conductas de sus miembros. Sólo después han llegado filósofos y moralistas a explicarlas y ampliarlas.

Hipócrates, un medico griego del siglo IV a.c., el primero que propuso un ideal de conducta para los médicos. Su juramento se ha convertido en la base de la Deontología médica.

Deontologías profesionales, son ideales propios de la respectiva profesión, ideales de servicio social que inevitablemente tienen un alto contenido moral.

Reglas Validas, a sus miembros por ser reglas que hay que acatar para militar dignamente en una profesión; al orgullo profesional (se habla de la dignidad profesional). Y no de la conciencia Moral.

Deontologías profesionales, han florecido cuando el prestigio de la profesión ha decaído o ha sido amenazado. Son una respuesta del subgrupo profesional para recobrar dicho prestigio.

Deontologías médica y jurídica, es estas profesiones es muy claro por ser profesionistas que no gozan de gran prestigio en la opinión pública.

Existen Abogados no éticos, por una carencia en su formación profesional de Deontología jurídica, que da por resultado un trabajo con calidad en el servicio.

Deontologías profesionales, se plasman en códigos de conducta profesional, a los miembros se les ponen por escrito los deberes de la conducta profesional que se les exige. En Europa existen estos códigos de conducta profesional, siendo Francia y Bélgica quienes los han elevado al rango de reglamento interior de dichos países.

Internacional Bar Association, redacto y maneja para sus miembros, el “Código Internacional de Deontología Forense”, cuya asociación pide dos cartas y firmas de responsiva de otros miembros para poder pertenecer y correlacionarse con abogados de todo el mundo.

En México debería de haber un “Código de Deontología Jurídica”, de observancia obligatoria cuyas sanciones sean desde suspensión temporal del ejercicio de la profesión hasta el retiro del uso de cedula profesional e incapacidad jurídica para ejercer la profesión.

El “Código de Responsabilidad Profesional de la Barra Norteamericana”, (American Bar Association), aprobado el 12 de agosto de 1969, y en vigor a partir de enero de 1970, ha sido criticado por proteger a los abogados frente al publico, y defender sus ganancias, que para velar por el bien común, del mismo pueblo norteamericano.

Deontología Jurídica, propone el ejercicio de la profesión del abogado para obtener un auténtico servicio de la justicia. El abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, mediante la colaboración con la administración judicial en todo proceso.

Deontología Jurídica, no se inspira en utilidad monetaria o placer, es vocación de servicio al prójimo.

Deontología Jurídica, es dignidad y decoro de la profesión del abogado como un fin o valor que debe ser protegido. Se refiere a los problemas de la práctica profesional de abogados, para dar soluciones.

Deontología Jurídica, es:

a).- Servicio de la Justicia, mediante honor, dignidad y decoro.

b).- Prestigio de la Profesión de abogado, da calidad en el servicio.

Colegiación Voluntaria de Abogados, debe ser así, porque se comprometen a cumplir éticamente, y ser juzgados por voluntad propia, en caso de incumplimiento. Es difícil entrar en la “Barra Mexicana Colegio de Abogados”, porque se les pide el documento de responsiva hacia los nuevos integrantes, es decir, al recomendar se comprometen por la buena conducta ética de los recomendados, y eso es muy delicado porque son aval.
[1] Dussel, Enrique.- “Ética de la Liberación en la edad de la Globalización y de la Exclusión”.-2ª edición.- Edit. Trotta.- Madrid.- España.- 1998.- p. 31.
[2] “Diccionario Ética, Religiones, y Creencias”.-2ª Edición.- Edit. Espasa Calpe.- Madrid.- España.- 1999.- p.274.

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO Y DE DEONTOLOGIA JURIDICA.

2007-10-24T00:45:00.001-05:00

Dr. José Luis Martínez Bahena.

1.- “Saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su fuerza, y valor.” Aplicado a la Deontología Jurídica.
2.- El conocimiento de una ley consiste en captar el espíritu de su interpretación.
Llegar a las grandes directrices en torno a las cuales se constituyen las soluciones concretas.

De lo anterior surgen los Aforismos o reglas del Derecho.
3.- Para entender la “Deontología Jurídica”:
Comprender sus principios que no cambian.

Solucionar casos concretos de personas Físicas, Morales, o Sociedad.

4.- Casuística o estudio de los casos Particulares:
Cuando se estudia mediante los Principios generales del derecho, y la Deontología.(dan fuerza a las ideas.)
5.- Los Principios Generales de la Deontología, no cambian porque responden:
Derecho.

Moral.

Profesión del abogado.
6.- El Espíritu de la norma mediante su interpretación, es lo que le da sentido a las palabras a la Ley, mediante la resolución de casos en la sentencia:
a).- Legítima a los principios generales porque en ella quedan implícitos.
b).-Se incorporan principios generales.
c).-Aplica principios generales.

7.- Deontología es:
a).- Conjunto coherente de principios generales, para solución de casos particulares.
b).- Los principios generales, deben alcanzar, y estar presentes en casos específicos.
8.- La deontología tiene:
a).-muchos principios generales.
b).-Resuelve todos los supuestos de la conducta.
c).-Cada materia tiene sus propios principios, en contratos “Pacta Sunt Servanda”.
d).-En transmisión de la propiedad esta el principio ”Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium tranferri non potest”. ( Lo que es nuestro no puede ser transferido a otro sin hecho nuestro).
e).- En materia contractual, “Contratus legem ex conventione accipiunt” (los contratos adquieren fuerza de ley por el acuerdo de las partes.)
9.- Los “Principios Generales del Derecho”, y de la “Deontología”, son imposibles de catalogar y clasificar.
a).- Lo posible es mencionar el principio más importante para ordenarlos de mayor a menor relevancia subjetiva.
10.- La deontología, como parte de la jurisprudencia, es el necesario complemento de las leyes.
a).- Porque no existe código exhaustivo, ya que la vida desborda las posibilidades de previsión, y la vida reclamará la aplicación de principios no formulados explícitamente en el código.
11.- El artículo 14 constitucional, deja al juez la posibilidad de invocar los “Principios Generales del Derecho”, y por tanto deontológicos no contenidos en la ley e incluso en la jurisprudencia anterior.
12.- El “secreto profesional”, se relaciona con el honor y la dignidad. Mediante el secreto profesional vamos a buscar la verdad que surge en la sentencia dictada por el juez, al defender los intereses del cliente. Ya que el litigio es como un juego de ajedrez, donde no podemos informar a la contraparte nuestro siguiente movimiento en la jugada, porque nos exponemos a que planeen la estrategia para ganarnos, y por tanto, abogado y cliente se exponen a perder, por ello la importancia el secreto profesional, para obtener la verdad únicamente mediante la sentencia.
13.- “Principio de autonomía y voluntad,” señala que mientras no se traspasen los márgenes fijados por la ley, los contratantes tienen todo el derecho de decidir los términos, condiciones y alcance de sus respectivos compromisos.
14.- “Protección de la parte débil”. La justicia se obtiene cuando se logra el equilibrio entre las partes, al existir desequilibrio social económico, por tanto, no hay igualdad, entonces el derecho busca restablecer este equilibrio otorgando mayor fuerza legal a la parte que esta en desventaja. Así se obtiene la justicia.
15.- “Vicios por error”, pertenece a la teoría de las nulidades, por tanto, el omitir proteger al más débil social económico, trae como consecuencia un error en la justicia por un vicio en la administración del proceso jurídico.
16.- “Pacta Sunt Servanda”.(la buena fe en los contratos debe de observarse).
Se utiliza en los contratos laborales colectivos, entre los trabajadores y el patrón. Por ello, en caso de incumplimiento del contrato, que es de buena fe, la ley otorga el derecho a huelga, que es un mecanismo legal con el que se puede hacer valer la buena fe firmada y por escrito en dicho documento.
17.- Es imposible establecer una clasificación definitiva de los “Principios Generales del Derecho”, y de la “Deontología jurídica”, por qué cambian las circunstancias de la realidad.
18.- El nacimiento de los principios generales del derecho, y por tanto de la deontología jurídica. Son el resultado de la aplicación práctica de sentencias y jurisprudencia, desde la Grecia antigua hasta nuestros días.
Son producto de la ética y la moral.

Son resultado de análisis minucioso de la realidad.

Son producto de la justicia.
19.- “Principio de responsabilidad que los padres deben tener respecto a la guarda y de Educación de sus hijos”, surge de la conciencia moral.
20.- “Principios de responsabilidad paterna”. Los padres por incumplimiento de la responsabilidad, están obligados a ceder los derechos de cuidado al estado, sin oposición al reclamo, por qué el asunto no es de relación afectiva, sino de responsabilidad ética económica.

EL ACTO JURIDICO HUMANO: OBJETO DE ESTUDIO DE LA DEONTOLOGIA.

2007-10-24T00:45:00.000-05:00

DEONTOLOGÍA JURÍDICA

EL ACTO JURIDICO HUMANO: OBJETO DE ESTUDIO DE LA DEONTOLOGIA.

Por: Dr. José Luis Martínez Bahena.

1).- Concepto de Deontología.

I. Del griego déor participio neutro del impersonal dei, significa ”lo obligatorio, lo justo, lo adecuado”, y Logia, que significa tratado, esto es, la Ciencia o Tratado de los deberes.

II. La Real Academia de la Lengua Española, lo define como: “Ciencia o tratado de los deberes”.

La Enciclopedia Garzanti del Derecho, cuyo texto es en italiano, define a la Deontología Jurídica, como:

“Norma interna de comportamiento que los abogados deben de tener con el cliente, y guiarse con otros abogados. En el ámbito jurídico esta reglamentado en un “Código Deontológico” de la Comunidad Económica Europea de la que forma parte Italia, aprobado por unanimidad por el consejo Europeo el día 28 de octubre del año 1988, y ratificado por Italia el 23 de junio de 1989.

En particular, la norma deontológica, señala la obligatoriedad de cumplirla por los abogados en su desempeño profesional en informar al cliente, seguir el secreto profesional, la imposibilidad de no asumir riesgos en nombre de sus clientes, cuidar los intereses del cliente y su secreto ante los magistrados, ser cuidadosos con la información para no incurrir en errores. La inobservancia de la deontología trae como consecuencia una sanción disciplinaria aplicada por “Concilio Nacional Forense” (Asociación de Abogados, similar a la “Barra Mexicana Colegio de Abogados” [1]

Del Vecchio[2], Jurista de Bolonia Italia, la define por primera vez como: “Rama de la filosofía del derecho que tiene por objeto el estudio de la justicia. Para el maestro de Bolonia, la justicia es la “idea del derecho”, al que le otorga un contenido puramente formal e independiente a cualquier criterio valorativo”.

Del Vecchio analiza en su investigación deontológico, la solución a tres problemas:

a).- El origen de “la idea del derecho” (del derecho justo).

b).- La crítica a la racionalidad del derecho vigente (se mecanizan los Jueces en la aplicación de la Justicia) , y

c).- La crítica a la legitimidad del mismo (porque las leyes las emite el legislativo sin consultar al pueblo “oligarquía”).

El término “deontology”, fue forjado por Jeremías Bentham[3], en su obra Deontology, or Science of Morality, de 1834; donde el autor se ocupó de estudiar los deberes que han de cumplirse para alcanzar el ideal utilitario del mayor placer posible para el mayor número posible de individuos.

Norberto Bobbio[4], en su libro “Teoría Generale del Diritto” señala que: “la deontología jurídica era la filosofía del derecho en sentido estricto, porque la ciencia, decía, es una toma de posesión de la realidad”.

Divide la deontológico-jurídica, en tres momentos:

a).-el fenomenológico, (de naturaleza histórico-comparativa, conocido también como exégesis del derecho);

b).-el analítico, (complementado con los métodos de la filosofía analítica, conocido también como Hermenéutica Jurídica), y

c).-el deontológico en sentido estricto, (consistente en una toma de posesión y enjuiciamiento crítico valorativo ante el derecho, mediante la discursividad es decir analizar dogmas doctrinarios contradictorios y seleccionar lo bueno de cada uno de ellos).

La creciente difusión de la palabra deontología en las universidades de Derecho en Italia: es aplicada también como los deberes que han de cumplirse en una profesión determinada, de donde se desprende que en este sentido particular, la deontología jurídica se identifica con la ética profesional de los juristas litigante y Jurisconsultos de la Ciencia del Derecho.

2).- Deontologías Profesionales.

La ciencia del Derecho no estriba meramente en conocer casos concretos, sino en saber los principios jurídicos conforme a los cuales se deben analizar y resolver.

Por ello, el sólo conocimiento de la ley positiva comprende, no agota dicha ciencia, se complementa con Ética profesional.

La calidad Profesional del abogado (excelencia en el servicio), se centra en la ética que aplique este.

Esta sabiduría del Derecho no se constriñe al conocimiento de los ordenamientos legales positivos, que son, han sido y serán únicamente su expresión normativa.

La Profesionalización del Abogado, se debe de complementar con la “Ética Jurídica”, llamada sí porque comprende el “Secreto Profesional”, que es importante para ganar el Litigio y mediante su resolución en la Sentencia, que esclarece la verdad del “ser”( hechos) al transformase en “deber ser”(el espíritu señalado en la Norma).

El actuar del “homo juridicus”, daría como consecuencia a un simple legista si sus conocimientos sólo se contrajeran a la ley escrita, aunque fuese un gran exegeta de la misma.

Es Abogado sIn Ética, el que prescribe un texto legal con desconocimiento de su antecedencia histórica y de los principios filosóficos, sociológicos, políticos, culturales, morales o económicos que hayan influido en su contenido normativo, omite la ciencia del Derecho mediante una simple praxis jurídica sin ningún sostén eidético (conocimiento).

La ciencia jurídica: comprende la Sociología e historia de las instituciones de Derecho, es decir, su gestación fáctica (hechos), e ideológica (dogma Jurídico), a través de la vida de los pueblos y de la humanidad.

Al respecto el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, señaló:

“Resumen conclusivo.
Consideramos que la cultura del Derecho abarca el ámbito más extenso en el amplio campo de las humanidades. Ninguna otra disciplina del saber tiene mayor latitud. Su estudio es tan dilatado que no exageramos al sostener que no alcanza toda una vida para comprenderla en su integridad. Por ello, el cultor del Derecho, el "homo juridicus" como tipo paradigmático envuelve al hombre más sabio, en atención a la vinculación estrecha e indispensable que el Derecho guarda con todas las ramas de las ciencias especializadas que ya se han mencionado. Sin conocerlas, aunque sólo sea a través de sus elementos fundamentales, no podría formarse el verdadero jurista, que debe ser, a la vez, historiador, filósofo y moralista, diversificación simultánea que no es necesaria para el estudio de otras disciplinas culturales y, sobre todo, científico-positivas. El vulgo cree que el escueto conocimiento de la ley y su aplicación resumen la cultura jurídica. Caso error éste que hemos pretendido refutar mediante las ideas expuestas con antelación. Conocer únicamente la normatividad positiva es encerrarse en uno de los aspectos del Derecho con preterición de los demás que lo constituyen. Quien sólo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero. Conocer un árbol no implica conocer el bosque, y bosque es, y a veces selva, el Derecho donde sus conocedores suelen extraviarse con frecuencia. Invocando la descripción cualitativa que del abogado, y por extensión del jurista, expone Paillet, recordado por Molierac corroboramos la grandeza de la cultura jurídica: “Dad a un hombre, dice, todas las cualidades del espíritu; dadle todas las del carácter, haced que lo haya visto todo, aprendido todo y recordado todo; que haya trabajado sin descanso durante treinta años de su vida; que a la vez sea literato, crítico y moralista; que tenga la experiencia de un anciano y el empuje de un joven, con la infalible memoria de un niño; haced, por fin, que todas las hadas hayan venido sucesivamente a sentarse al lado de su cuna y le hayan dotado de todas las facultades y quizás, con todo ello, lograréis formar un abogado completo”, es decir, un jurista.”[5]

Hegel, en el mismo sentido señalo, La Profesionalización del Jurista en la Ética, consiste en saber “cuales son deberes que tiene que cumplir para ser virtuoso, es fácil decirlo en una comunidad ética; por su parte, sólo debe hacer lo que en sus relaciones le ha sido prescrito, señalado y conocido. La rectitud es lo universal que puede exigirse de él, en parte jurídicamente, en parte éticamente; pero, para el punto de vista moral, la rectitud aparece fácilmente como algo subordinado, por encima de la cual se debe exigir aún algo más a sí mismo y en su relación con los demás. Pues el afán de ser algo particular no se satisface con lo que es universal en sí y para sí, sólo encuentran en una excepción la conciencia de su peculiaridad. Los diversos aspectos de la rectitud pueden ser llamados virtudes, porque son propiedad del individuo. Empero, el hablar de la virtud cae fácilmente en la vacua declamación, puesto que sólo se dice algo abstracto e indeterminado, ya que tal discurso con sus fundamentos y explicaciones, se dirige al individuo en cuanto arbitrio y capricho subjetivo.”[6]

Todo Jurista debe ser ético, porque “la relación de correspondencia entre el sistema normativo y el comportamiento de los sujetos implica que existe el sistema legal”. [7]

Así mismo, Edgar Bodenheimer comenta: “La vida diaria de los ciudadanos está gobernada actualmente por códigos profesionales interiores”. [8]

Agustín Squella, dice: “El desobediente ético del derecho, no es un predicador político, no trata de ganar a nadie para sus ideas; no persigue tampoco la derogación o reforma de normas o instituciones, como es el caso de la llamada desobediencia civil. Lo único que e desobediente ético pretende es la paz consigo mismo, y por eso, está dispuesto a sufrir la pena que lleva aparejada la infracción jurídica.”[9]

Se vulnera a la Deontología Jurídica, por una deficiente formación profesional en el campo de la ética, ya que “la ambición de poder, el relumbrón burocrático, o el anhelo de hacer dinero, eliminan su débil y poco arraigada vocación, colocándolos fuera de la jurisprudencia y convirtiéndolos en “Jurisignorantes” y, por ende, en frustrados en lo que a los requerimientos científicos de su titulo o diploma concierne, aunque lleguen a ser prósperos y exitosos en las actividades que no determinaron sus empolvados y hasta extintos estudios universitarios”.[10]

3).- Deontología, Ética y Moral.

Moral: conjunto de normas que se trasmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. En algunos casos dichas normas morales son espectacularment

e extrañas, imprimen un sello individualizan te y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Todos conocemos, por ejemplo, las normas que regían el matrimonio en la Edad Media: los padres eran los encargados de concertar la pareja adecuada para sus hijos; en la actualidad esa norma se considera como obsoleta y hasta ridícula (salvo contadas excepciones, por supuesto). Los árabes profesan la poligamia, norma absolutamente opuesta a la correspondiente en el mundo cristiano y de igual forma, la esclavitud era normal en el mundo greco romano. Todos estos casos peculiares que se manifiestan en cada sociedad, cada cultura y civilización, son tratados por la Antropología Social.

Ética: es la norma que una persona se otorga a sí misma en función de su reflexión y análisis de los valores y las opciones que se presentan a su consideración en un momento dado tiene su origen en el interior y la intimidad de la conciencia humana.

El bien ético como Justicia es: “La perfectio del hombre, el llegar a ser lo que puede ser libre para sus más auténticas posibilidades. Esta formulación resume bien lo que el bien, era para los griegos como télos o eudaimonía, para muchos filosofos medievales como finis, la felicidad y la virtud que coinciden para Kant en el bien supremo, el resultado como Absoluto para Hegel”.[11]

La “ética es la ciencia que unifica la naturaleza con la razón, en una doctrina del Bien, y esto es precisamente la Justicia en el Derecho.”[12]

La “función ética de la norma básica de la moral formal, es la de fundamentar y aplicar en concreto las normas, juicios éticos, decisiones, enunciados normativos o diversos momentos de la ética material. Sin el cumplimiento de la norma básica de la moral formal las decisiones éticas no adquieren “validez” comunitaria, universal”. [13]

Criterio material de la ética: verdad práctica. Conocida también como “razón practica”, “ser”, o ”Praxis”.
Criterio formal de la moral: validez moral intersubjetiva. Conocida también como “razón teórica”, “Deber ser”, o “Teoría”.

En relación al tema el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, señaló:

“El Derecho como moral.

“Honeste vivere, (vivir honestamente), alterum non laedere (No dañar a otro), jus suum cuique tribuere ( dar a cada quien lo suyo)” son los principios éticos del Derecho proclamados por el genio romano, que imponen deberes a su artífice. Están, por tanto, involucrados en el arte jurídico. “Vivir honestamente”, ya se ha dicho, entraña un comportamiento, desplegable en diversas esferas de la existencia humana, exento de corrupción, vicio éste que, según lo hemos manifestado, se ostenta en una muy variada gama de conductas inmorales. Por ende, el Derecho es a la vez moral en su contenido aunque no en su forma, porque, valga la simpleza, no puede haber un “derecho inmoral”, a pesar de que haya o pueda haber “leyes inmorales”. La mencionada identidad sustancial es de hondo arraigo en la historia. En los pueblos de la Antigüedad, como el hebreo, el griego y el romano, principalmente, los cuerpos normativos que rigieron su vida contenían prevenciones a la vez jurídicas, morales y religiosas, y es a virtud de estas dos últimas como el Derecho era al mismo tiempo ética y religión, valores culturales que se expresan en la locución “honeste vivere”.

“No dañar a otro” es también postulado moral del Derecho. El “otro” (alterum en acusativo) del principio ya enunciado no es simplemente algún sujeto singular, sino el “bien común” de que nos habla la filosofía aristotélico-tomista. Así interpretada la aludida prohibición (alterum non laedere), el Derecho ostenta su índole teleológica social y rebasa su órbita de regulación de relaciones entre particulares (singuli), recogiendo de esta manera la máxima de la “caritas” cristiana, es decir, “el amor al prójimo”, pues éste no sólo debe entenderse como “el otro yo”, sino como la colectividad humana en que se vive (prójimo social).

Por otra parte, la prohibición de causar un daño no significa que éste no se genere como afectación, agravio, privación, molestia o sanción a consecuencia de la aplicación de la norma jurídica, ya que de otro modo el dinamismo de ésta y la seguridad social a que propende, serían vanos, nugatorios e inútiles y el Derecho dejaría de operar. Lo que tal prohibición ordena es que la ley no damnifique a nadie en detrimento de la justicia o que el poder público del Estado o los particulares no lesionen a sujeto alguno contra el orden jurídico. Así, invocando a Radbruch y Verdross, Antonio Gómez Robledo transcribe el pensamiento que tales autores exponen en las siguientes consideraciones

“Las manifestaciones de voluntad del Estado, cuando carezcan de uno de estos requisitos (los que configuran al derecho como norma general y orientada a la justicia), no serán más que afirmaciones de poder carentes de significación jurídica. Por consiguiente, cuando se reniegue deliberadamente, por ejemplo, del carácter general del derecho; cuando ni siquiera se pretenda hacer justicia, las órdenes que el Estado dé serán emanaciones de su poder, pero no verdaderas normas jurídicas. Así, el Estado que sólo reconoce la legalidad de un partido, excluyendo a las demás organizaciones del mismo carácter, el Estado unipartidista, no es nunca un Estado de derecho, como no es una verdadera norma jurídica la ley que sólo reconoce derechos humanos a ciertos y determinados hombres. Estamos, pues, ante una nítida y rigurosa línea divisoria entre lo que es derecho y lo que no lo es.

“La seguridad jurídica que el derecho positivo garantiza, cuando se trata de una ley injusta, pierde este valor si la injusticia contenida en ella alcanza tales proporciones que, a su lado, pierde toda importancia la seguridad jurídica garantizada por el derecho positivo. Así pues, si es verdad que, en la mayoría de los casos, la validez del derecho positivo puede justificarse por las exigencias de la seguridad jurídica, no es menos cierto que, en casos excepcionales, tratándose de leyes extraordinariamente injustas, cabe también la posibilidad de desconocer la validez de tales leyes, por razón de su injusticia.”

Por su parte, el principio de dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere) reafirma a la justicia como fin del Derecho dentro de su dimensión ético-axiológica. La justicia, según la definición clásica, es la voluntad constante y perpetua de efectuar esa dación (constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere), quedando, sin embargo, en el mundo nebuloso de la imprecisión qué es lo suyo de cada quién.

Armonizando esta locución con los principios “honeste vivere” y “alterum non laedere”, lógicamente se concluye que “lo suyo de cada quien” es lo que el sujeto debe tener o recibir fuera de toda causa o fuente ilícitas. Así, el Derecho, como agente de esa voluntad constante y perpetua, excluye lo que se haya obtenido o se pretenda obtener propter delictum (corrupción o deshonestidad) o por razón de damnificación individual o colectiva (alterum laedere). Bien se advierte, de la perspectiva eidética que antecede, que no es posible formular un concepto substancial de justicia, que es de suyo variable en el tiempo y en el espacio, pues los factores de su elaboración ética, filosófica, social y hasta religiosa cambian en cada pueblo, en cada época y en diversos ciclos y ambientes histórico-culturales. Esta variabilidad nos determina a conformarnos con una idea formal de justicia, identificándola con el concepto de igualdad o equidad, según el mismo Aristóteles lo hace, al aseverar que este valor estriba en “tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales” en lo que al Derecho y a su aplicación real concierne. Por ende, un orden jurídico será injusto si alude o quebranta ese tratamiento que entraña, como equilibrio, la justicia social.”[14]

El Filósofo Immanuel Kant, define a la Moral como:

“leyes prácticas incondicionadas, que se denominan morales; estas leyes, para nosotros que tenemos un arbitrio afectado sensiblemente y, por tanto, no se adecua por sí mismo a la voluntad pura, sino que la contradice a menudo, son imperativos (mandatos o prohibiciones) y ciertamente categóricos (incondicionados), en lo cual se distinguen de los técnicos (de las prescripciones del arte), que sólo mandan de modo condicionado; según estas leyes, determinadas acciones están permitidas o no permitidas, es decir, son moralmente posibles o imposibles; pero algunas de ellas, o bien sus contrarias, son moralmente necesarias, es decir, obligatorias, y de ahí surge para ellas el concepto de un deber, cuyo cumplimiento o transgresión está unido sin duda a un placer o desagrado de un tipo especial (el de un sentimiento moral), que, sin embargo, no podemos tener en cuenta en modo alguno en las leyes prácticas de la razón, porque no afecta al fundamento de las leyes prácticas, sino sólo al efecto subjetivo en el ánimo, al ser determinado nuestro arbitrio por aquéllas, y puede diferir según los distintos sujetos (sin añadir o quitar a éstas algo de su validez o influjo objetivamente, es decir, en el juicio de la razón)”.[15]

En el mismo orden de ideas, Javier Esquivel señala: “El concepto más adecuado para la comprensión de la moral es el de las virtudes y los vicios, además de la noción del bien. La comprensión y evaluación moral de las acciones se hará entonces utilizando estas nociones ( si es una acción sincera, honesta, cruel, envidiosa, etc., más que preguntando simplemente si son buenas o malas, correctas o incorrectas”.[16]

La carencia de ética jurídica, crea “la crisis del estado del bienestar, no sólo una crisis de cantidad de normas y de proliferación de normas particulares, sino también una valorativa. Se produce un desequilibrio entre objetivos sociales y derechos individuales que exige la reconstrucción valorativa.”[17] Es decir, la crisis de ética, crea problemas sociales que no se resuelven con incremento de normas, sino con recuperación de las virtudes de la ética en la sociedad que tiende a deshumanizarse.

4).- Síntesis Temática, (Conclusiones).

Norma deontológica, señala la obligatoriedad de cumplirla por los abogados en su desempeño profesional en informar al cliente, seguir el secreto profesional, la imposibilidad de no asumir riesgos en nombre de sus clientes, cuidar los intereses del cliente y su secreto ante los magistrados, ser cuidadosos con la información para no incurrir en errores.

La inobservancia de la deontología debería de ser sancionada por un comité en las universidades que Juzgue a sus egresados, con posibilidad de anular el Titulo Profesional, ya que la ética es parte de su formación académica.

Se requiere investigación deontológico para solucionar tres problemas:

a).- El origen de “la idea del derecho” (del derecho justo).

b).- La crítica a la racionalidad del derecho vigente (se mecanizan los Jueces en la aplicación de la Justicia) , y

c).- La crítica a la legitimidad del mismo (porque las leyes las emite el legislativo sin consultar al pueblo “oligarquía”).

La deontológico-jurídica, se divide en tres momentos:

a).-el fenomenológico, (de naturaleza histórico-comparativa, conocido también como exégesis del derecho);

b).-el analítico, (complementado con los métodos de la filosofía analítica, conocido también como Hermenéutica Jurídica), y

c).-el deontológico en sentido estricto, (consistente en una toma de posesión y enjuiciamiento crítico valorativo ante el derecho, mediante la discursividad es decir analizar dogmas doctrinarios contradictorios y seleccionar lo bueno de cada uno de ellos).

La carencia de ética jurídica, crea la crisis del estado del bienestar, no sólo una crisis de cantidad de normas y de proliferación de normas particulares, sino también una valorativa. Se produce un desequilibrio entre objetivos sociales y derechos individuales que exige la reconstrucción valorativa. Es decir, la crisis de ética, crea problemas sociales que no se resuelven con incremento de normas, sino con recuperación de las virtudes de la ética en la sociedad que tiende a deshumanizarse

En los países Europeos, desarrollados Jurídicamente y por tanto económicamente existe una adecuada valoración de la Deontología Jurídica, que en México se desconoce o no se le ha dado la importancia debida.

La creciente difusión de la palabra deontología en las universidades de Derecho en Italia: es aplicada también como los deberes que han de cumplirse en una profesión determinada, de donde se desprende que en este sentido particular, la deontología jurídica se identifica con la ética profesional de los juristas litigante, y Jurisconsultos de la Ciencia del Derecho.

Se vulnera a la Deontología Jurídica, por una deficiente formación profesional en el campo de la ética, por factores como la ambición de poder, el relumbrón burocrático, o el anhelo de hacer dinero, eliminan su débil y poco arraigada vocación, colocándolos fuera de la jurisprudencia y convirtiéndolos en “Jurisignorantes” y, por ende, en frustrados en lo que a los requerimientos científicos de su titulo o diploma concierne, aunque lleguen a ser prósperos y exitosos en las actividades que no determinaron sus empolvados y hasta olvidados estudios universitarios.

La ciencia del Derecho no estriba meramente en conocer casos concretos, sino en saber los principios jurídicos conforme a los cuales se deben analizar y resolver.

Por ello, el sólo conocimiento de la ley positiva comprende, no agota dicha ciencia, se complementa con Ética profesional.

La calidad Profesional del abogado (excelencia en el servicio), se centra en la ética que aplique este.

Esta sabiduría del Derecho no se constriñe al conocimiento de los ordenamientos legales positivos, que son, han sido y serán únicamente su expresión normativa.

La Profesionalización del Abogado, se debe de complementar con la “Ética Jurídica”, llamada sí porque comprende el “Secreto Profesional”, que es importante para ganar el Litigio y mediante su resolución en la Sentencia, que esclarece la verdad del “ser”( hechos) al transformase en “deber ser”(el espíritu señalado en la Norma).

El actuar del “homo juridicus”, daría como consecuencia a un simple legista si sus conocimientos sólo se contrajeran a la ley escrita, aunque fuese un gran exegeta de la misma.

Es Abogado sIn Ética, el que prescribe un texto legal con desconocimiento de su antecedencia histórica y de los principios filosóficos, sociológicos, políticos, culturales, morales o económicos que hayan influido en su contenido normativo, omite la ciencia del Derecho mediante una simple praxis jurídica sin ningún sostén eidético (conocimiento).

La ciencia jurídica: comprende la Sociología e historia de las instituciones de Derecho, es decir, su gestación fáctica (hechos), e ideológica (dogma Jurídico), a través de la vida de los pueblos y de la humanidad.

La cultura del Derecho abarca el ámbito más extenso en el amplio campo de las humanidades. Ninguna otra disciplina del saber tiene mayor latitud. Su estudio es tan dilatado que no exageramos al sostener que no alcanza toda una vida para comprenderla en su integridad.

El cultor de la Ciencia del Derecho, el "homo juridicus" como tipo paradigmático envuelve al hombre más sabio, en atención a la vinculación estrecha e indispensable que el Derecho guarda con todas las ramas de las ciencias especializadas que ya se han mencionado.

Sin conocerlas, aunque sólo sea a través de sus elementos fundamentales, no podría formarse el verdadero jurista, que debe ser, a la vez, historiador, filósofo y moralista, diversificación simultánea que no es necesaria para el estudio de otras disciplinas culturales y, sobre todo, científico-positivas.

El vulgo cree que el escueto conocimiento de la ley y su aplicación resumen la cultura jurídica. Caso error éste que hemos pretendido refutar mediante las ideas expuestas con antelación.

Conocer únicamente la normatividad positiva es encerrarse en uno de los aspectos del Derecho con preterición de los demás que lo constituyen. Quien sólo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero.

[1] “Enciclopedia Garzanti del Diritto”.-Edit. Garzanti.- Roma.-Italia.- 2006.-p. 427.
[2] Del Vecchio Francesco.- “Idea del Diritto”.- Edit. Giappichelli Editore.- Torino.- Italia.- 1994.- p.26.
[3] Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo, economista y jurista británico, creador de la doctrina del utilitarismo. Nacido en Londres el 15 de febrero de 1748, fue un niño prodigio que ya leía tratados a la edad de tres años, tocaba el violín con cinco y estudiaba latín y francés con seis. Ingresó en la Universidad de Oxford con 12 años, estudió derecho y fue admitido en el Colegio de abogados, aunque nunca llegó a ejercer. En vez de eso, trabajó en una profunda reforma del sistema jurídico y en una teoría general sobre ley y moral, y publicó breves ensayos escritos sobre aspectos de su propio pensamiento. En 1789 se hizo famoso por su Introducción a los principios de la moral y la legislación.

Bentham fue el líder de los filósofos radicales, entre los que se encontraban James Mill y su hijo, John Stuart Mill. Fundaron y dirigieron la revista Westminster Review, que sirvió para difundir sus ideas reformistas. Murió en Londres el 6 de junio de 1832. Siguiendo sus deseos, su cuerpo fue diseccionado en presencia de sus amigos. Su esqueleto, totalmente vestido y con una cabeza de cera (la auténtica fue momificada), todavía se guarda en una vitrina de cristal en el University College de Londres, en cuya fundación había participado.

En la Introducción a los principios de la moral y la legislación Bentham propuso el utilitarismo como la base para emprender las reformas sociales. Mantenía que era posible comprobar de modo científico lo que era justificable en el plano moral aplicando el principio de utilidad. Así, las acciones eran buenas si tendían a procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas. La felicidad era equivalente al placer. Mediante una especie de cálculo matemático-moral de los placeres y las penas, se podría llegar a decir qué era una acción buena o mala. Si todos los placeres y las penas estuvieran en el mismo orden, entonces sería posible una evaluación utilitarista de las actividades morales, políticas y legales. Bentham afirmó también que si los valores se basaban en los placeres y las penas, entonces las teorías de los derechos naturales y de la ley natural no eran válidas. John Stuart Mill modificó algunos de los principios de Bentham, excepto su método para calcular las cantidades de felicidad.

Las ideas de Bentham tuvieron mucha influencia en la reforma de la estructura administrativa del Gobierno británico a finales del siglo XIX, en el Derecho penal y en el procedimiento jurídico tanto en el Derecho penal como en el civil. En su producción también figuran Fundamento de la evidencia judicial (1827) y el Código constitucional 1830).

[4] Bobbio, Norberto.-“Teoria Generale del Diritto”.- Edit. Giuffré .- Milano.- Italia 1991.- p. XII.
[5] Burgoa Orihuela, Ignacio.- “El Jurista y el Simulador del Derecho”.- Sexta edición. -Edit. Porrúa.- México.- 1997.- p.38.
[6] Hegel, Federico.- “Filosofía del Derecho”.- Edit. UNAM.- México.- 1985.- p.169.
[7] Navarro, Pablo.- “Normas y Actitudes Normativas”.- Edit. Fontamara .- México.- 2006.- p.27.
[8] Bodenheimer, Edgar.- “Teoría del Derecho”.- Edit. Fondo de Cultura Edocomica.- Mexico.- 1994.- p.90.
[9] Squella, Agustín.- “Positivismo Jurídico, Democracia, y Derechos Humanos”.- Edit. Fontamara.- México.- 1995.- p.37.
[10] Burgoa Orihuela, Ignacio.- Op. Cit.- p.42.
[11] Dussel, Enrique.- “Filosofia Etica Latinoamericana”.- Edit. Edicol.-México.- 1977.- p. 34.
[12] Vattimo, Gianni.- “Schleidermacher filosofo dell’ interpretazione”.- Edit. Ricerche.- Milano.- Italia.- 1986.- p. 82
[13] Dussel, Enrique.- “Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión”.- Edit. Trotta.- 2ª Edición.- Valladolid.- España.- 1998.- p.201.
[14] Burgoa Orihuela, Ignacio.- Op. Cit.- pp. 33 a 36.
[15] Kant, Immanuel.- “La Metafísica de las Costumbres”.- Edit. Tecnos.- Madrid.- España.- 2006.- p. 27.
[16] Esquivel, Javier.- “Racionalidad Jurídica, Moral y Política”.- Edit. Fontamara .- México.- 2006.- p.131.
[17] Calsamiglia, Albert.- “Racionalidad y Eficiencia del Derecho”.- Edit. Fontamara .- México.- 2006.- P. 70.

2007-10-24T00:34:00.000-05:00

Deontología, Fuentes que permea la creación de figuras en la profesión del Abogado.

Por: Dr. José Luis Martínez Bahena.

Introducción.
La carrera de Derecho no es como otras profesiones, requiere solvencia moral, ética, valores y sobre todo sentimiento de perseguir justicia. Si alguien ingresa a esta carrera solo por la remuneración económica, entonces mejor que se cambie, porque un abogado ambicioso y codicioso, recibirá buenas divisas, más no tendrá paz con su conciencia ni imagen ante la sociedad.
En su trayecto de Abogado, deberá resolver muchos litigios, no sólo en las Cortes, ni en los Juzgados sino de orden moral. Deberá decidir entre lo correcto según los libros y lo correcto según su conciencia, y es en base a esta última que deberá decidir. El cliente, quien deposita su confianza en el abogado espera que este lo defienda con todos los recursos que tenga a su alcance, pero si en el transcurrir del proceso el abogado intuye que su cliente le miente, o que no le acompaña la razón ni la justicia, entonces deberá desistir.
Para un buen abogado, los valores son fundamentales, son los que indicarán su trayectoria profesional, como se conducirá en su vida, tanto personal como social y señalará el norte de sus actos.
La ciencia del Derecho no estriba meramente en conocer casos concretos, sino en saber los principios jurídicos conforme a los cuales se deben analizar y resolver.

Por ello, el sólo conocimiento de la ley positiva comprende, no agota dicha ciencia, se complementa con Ética profesional.

La calidad Profesional del abogado (excelencia en el servicio), se centra en la ética que aplique este.

Esta sabiduría del Derecho no se constriñe al conocimiento de los ordenamientos legales positivos, que son, han sido y serán únicamente su expresión normativa.

La Profesionalización del Abogado, se debe de complementar con la “Ética Jurídica”, llamada sí porque comprende el “Secreto Profesional”, que es importante para ganar el Litigio y mediante su resolución en la Sentencia, que esclarece la verdad del “ser”( hechos) al transformase en “deber ser”(el espíritu señalado en la Norma).

El actuar del “homo juridicus”, daría como consecuencia a un simple legista si sus conocimientos sólo se contrajeran a la ley escrita, aunque fuese un gran exegeta de la misma.

Es Abogado sIn Ética, el que prescribe un texto legal con desconocimiento de su antecedencia histórica y de los principios filosóficos, sociológicos, políticos, culturales, morales o económicos que hayan influido en su contenido normativo, omite la ciencia del Derecho mediante una simple praxis jurídica sin ningún sostén eidético (conocimiento).

La ciencia jurídica: comprende la Sociología e historia de las instituciones de Derecho, es decir, su gestación fáctica (hechos), e ideológica (dogma Jurídico), a través de la vida de los pueblos y de la humanidad.

Desarrollo.

Moral: conjunto de normas que se trasmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. En algunos casos dichas normas morales son espectacularmente extrañas, imprimen un sello individualizan te y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Todos conocemos, por ejemplo, las normas que regían el matrimonio en la Edad Media: los padres eran los encargados de concertar la pareja adecuada para sus hijos; en la actualidad esa norma se considera como obsoleta y hasta ridícula (salvo contadas excepciones, por supuesto). Los árabes profesan la poligamia, norma absolutamente opuesta a la correspondiente en el mundo cristiano y de igual forma, la esclavitud era normal en el mundo greco romano. Todos estos casos peculiares que se manifiestan en cada sociedad, cada cultura y civilización, son tratados por la Antropología Social.

Ética: es la norma que una persona se otorga a sí misma en función de su reflexión y análisis de los valores y las opciones que se presentan a su consideración en un momento dado tiene su origen en el interior y la intimidad de la conciencia humana.

El bien ético como Justicia es: “La perfectio del hombre, el llegar a ser lo que puede ser libre para sus más auténticas posibilidades. Esta formulación resume bien lo que el bien, era para los griegos como télos o eudaimonía, para muchos filosofos medievales como finis, la felicidad y la virtud que coinciden para Kant en el bien supremo, el resultado como Absoluto para Hegel”.[1]

La “ética es la ciencia que unifica la naturaleza con la razón, en una doctrina del Bien, y esto es precisamente la Justicia en el Derecho.”[2]

La “función ética de la norma básica de la moral formal, es la de fundamentar y aplicar en concreto las normas, juicios éticos, decisiones, enunciados normativos o diversos momentos de la ética material. Sin el cumplimiento de la norma básica de la moral formal las decisiones éticas no adquieren “validez” comunitaria, universal”. [3]

Criterio material de la ética: verdad práctica. Conocida también como “razón practica”, “ser”, o ”Praxis”.
Criterio formal de la moral: validez moral intersubjetiva. Conocida también como “razón teórica”, “Deber ser”, o “Teoría”.

En relación al tema el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, señaló:

“El Derecho como moral.

“Honeste vivere, (vivir honestamente), alterum non laedere (No dañar a otro), jus suum cuique tribuere ( dar a cada quien lo suyo)” son los principios éticos del Derecho proclamados por el genio romano, que imponen deberes a su artífice. Están, por tanto, involucrados en el arte jurídico. “Vivir honestamente”, ya se ha dicho, entraña un comportamiento, desplegable en diversas esferas de la existencia humana, exento de corrupción, vicio éste que, según lo hemos manifestado, se ostenta en una muy variada gama de conductas inmorales. Por ende, el Derecho es a la vez moral en su contenido aunque no en su forma, porque, valga la simpleza, no puede haber un “derecho inmoral”, a pesar de que haya o pueda haber “leyes inmorales”. La mencionada identidad sustancial es de hondo arraigo en la historia. En los pueblos de la Antigüedad, como el hebreo, el griego y el romano, principalmente, los cuerpos normativos que rigieron su vida contenían prevenciones a la vez jurídicas, morales y religiosas, y es a virtud de estas dos últimas como el Derecho era al mismo tiempo ética y religión, valores culturales que se expresan en la locución “honeste vivere”.

“No dañar a otro” es también postulado moral del Derecho. El “otro” (alterum en acusativo) del principio ya enunciado no es simplemente algún sujeto singular, sino el “bien común” de que nos habla la filosofía aristotélico-tomista. Así interpretada la aludida prohibición (alterum non laedere), el Derecho ostenta su índole teleológica social y rebasa su órbita de regulación de relaciones entre particulares (singuli), recogiendo de esta manera la máxima de la “caritas” cristiana, es decir, “el amor al prójimo”, pues éste no sólo debe entenderse como “el otro yo”, sino como la colectividad humana en que se vive (prójimo social).

Por otra parte, la prohibición de causar un daño no significa que éste no se genere como afectación, agravio, privación, molestia o sanción a consecuencia de la aplicación de la norma jurídica, ya que de otro modo el dinamismo de ésta y la seguridad social a que propende, serían vanos, nugatorios e inútiles y el Derecho dejaría de operar. Lo que tal prohibición ordena es que la ley no damnifique a nadie en detrimento de la justicia o que el poder público del Estado o los particulares no lesionen a sujeto alguno contra el orden jurídico. Así, invocando a Radbruch y Verdross, Antonio Gómez Robledo transcribe el pensamiento que tales autores exponen en las siguientes consideraciones

“Las manifestaciones de voluntad del Estado, cuando carezcan de uno de estos requisitos (los que configuran al derecho como norma general y orientada a la justicia), no serán más que afirmaciones de poder carentes de significación jurídica. Por consiguiente, cuando se reniegue deliberadamente, por ejemplo, del carácter general del derecho; cuando ni siquiera se pretenda hacer justicia, las órdenes que el Estado dé serán emanaciones de su poder, pero no verdaderas normas jurídicas. Así, el Estado que sólo reconoce la legalidad de un partido, excluyendo a las demás organizaciones del mismo carácter, el Estado unipartidista, no es nunca un Estado de derecho, como no es una verdadera norma jurídica la ley que sólo reconoce derechos humanos a ciertos y determinados hombres. Estamos, pues, ante una nítida y rigurosa línea divisoria entre lo que es derecho y lo que no lo es.

“La seguridad jurídica que el derecho positivo garantiza, cuando se trata de una ley injusta, pierde este valor si la injusticia contenida en ella alcanza tales proporciones que, a su lado, pierde toda importancia la seguridad jurídica garantizada por el derecho positivo. Así pues, si es verdad que, en la mayoría de los casos, la validez del derecho positivo puede justificarse por las exigencias de la seguridad jurídica, no es menos cierto que, en casos excepcionales, tratándose de leyes extraordinariamente injustas, cabe también la posibilidad de desconocer la validez de tales leyes, por razón de su injusticia.”

Por su parte, el principio de dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere) reafirma a la justicia como fin del Derecho dentro de su dimensión ético-axiológica. La justicia, según la definición clásica, es la voluntad constante y perpetua de efectuar esa dación (constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere), quedando, sin embargo, en el mundo nebuloso de la imprecisión qué es lo suyo de cada quién.

Armonizando esta locución con los principios “honeste vivere” y “alterum non laedere”, lógicamente se concluye que “lo suyo de cada quien” es lo que el sujeto debe tener o recibir fuera de toda causa o fuente ilícitas. Así, el Derecho, como agente de esa voluntad constante y perpetua, excluye lo que se haya obtenido o se pretenda obtener propter delictum (corrupción o deshonestidad) o por razón de damnificación individual o colectiva (alterum laedere). Bien se advierte, de la perspectiva eidética que antecede, que no es posible formular un concepto substancial de justicia, que es de suyo variable en el tiempo y en el espacio, pues los factores de su elaboración ética, filosófica, social y hasta religiosa cambian en cada pueblo, en cada época y en diversos ciclos y ambientes histórico-culturales. Esta variabilidad nos determina a conformarnos con una idea formal de justicia, identificándola con el concepto de igualdad o equidad, según el mismo Aristóteles lo hace, al aseverar que este valor estriba en “tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales” en lo que al Derecho y a su aplicación real concierne. Por ende, un orden jurídico será injusto si alude o quebranta ese tratamiento que entraña, como equilibrio, la justicia social.”[4]

El Filósofo Immanuel Kant, define a la Moral como:

“leyes prácticas incondicionadas, que se denominan morales; estas leyes, para nosotros que tenemos un arbitrio afectado sensiblemente y, por tanto, no se adecua por sí mismo a la voluntad pura, sino que la contradice a menudo, son imperativos (mandatos o prohibiciones) y ciertamente categóricos (incondicionados), en lo cual se distinguen de los técnicos (de las prescripciones del arte), que sólo mandan de modo condicionado; según estas leyes, determinadas acciones están permitidas o no permitidas, es decir, son moralmente posibles o imposibles; pero algunas de ellas, o bien sus contrarias, son moralmente necesarias, es decir, obligatorias, y de ahí surge para ellas el concepto de un deber, cuyo cumplimiento o transgresión está unido sin duda a un placer o desagrado de un tipo especial (el de un sentimiento moral), que, sin embargo, no podemos tener en cuenta en modo alguno en las leyes prácticas de la razón, porque no afecta al fundamento de las leyes prácticas, sino sólo al efecto subjetivo en el ánimo, al ser determinado nuestro arbitrio por aquéllas, y puede diferir según los distintos sujetos (sin añadir o quitar a éstas algo de su validez o influjo objetivamente, es decir, en el juicio de la razón)”.[5]

En el mismo orden de ideas, Javier Esquivel señala: “El concepto más adecuado para la comprensión de la moral es el de las virtudes y los vicios, además de la noción del bien. La comprensión y evaluación moral de las acciones se hará entonces utilizando estas nociones ( si es una acción sincera, honesta, cruel, envidiosa, etc., más que preguntando simplemente si son buenas o malas, correctas o incorrectas”.[6]

La carencia de ética jurídica, crea “la crisis del estado del bienestar, no sólo una crisis de cantidad de normas y de proliferación de normas particulares, sino también una valorativa. Se produce un desequilibrio entre objetivos sociales y derechos individuales que exige la reconstrucción valorativa.”[7] Es decir, la crisis de ética, crea problemas sociales que no se resuelven con incremento de normas, sino con recuperación de las virtudes de la ética en la sociedad que tiende a deshumanizarse.

Conclusiones.

La cultura del Derecho abarca el ámbito más extenso en el amplio campo de las humanidades. Ninguna otra disciplina del saber tiene mayor latitud. Su estudio es tan dilatado que no exageramos al sostener que no alcanza toda una vida para comprenderla en su integridad. Por ello, el cultor del Derecho, el "homo juridicus" como tipo paradigmático envuelve al hombre más sabio, en atención a la vinculación estrecha e indispensable que el Derecho guarda con todas las ramas de las ciencias especializadas que ya se han mencionado. Sin conocerlas, aunque sólo sea a través de sus elementos fundamentales, no podría formarse el verdadero jurista, que debe ser, a la vez, historiador, filósofo y moralista, diversificación simultánea que no es necesaria para el estudio de otras disciplinas culturales y, sobre todo, científico-positivas. El vulgo cree que el escueto conocimiento de la ley y su aplicación resumen la cultura jurídica. Caso error éste que hemos pretendido refutar mediante las ideas expuestas con antelación. Conocer únicamente la normatividad positiva es encerrarse en uno de los aspectos del Derecho con preterición de los demás que lo constituyen. Quien sólo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero. Conocer un árbol no implica conocer el bosque, y bosque es, y a veces selva, el Derecho donde sus conocedores suelen extraviarse con frecuencia. Invocando la descripción cualitativa que del abogado, y por extensión del jurista, expone Paillet, recordado por Molierac corroboramos la grandeza de la cultura jurídica: “Dad a un hombre, dice, todas las cualidades del espíritu; dadle todas las del carácter, haced que lo haya visto todo, aprendido todo y recordado todo; que haya trabajado sin descanso durante treinta años de su vida; que a la vez sea literato, crítico y moralista; que tenga la experiencia de un anciano y el empuje de un joven, con la infalible memoria de un niño; haced, por fin, que todas las hadas hayan venido sucesivamente a sentarse al lado de su cuna y le hayan dotado de todas las facultades y quizás, con todo ello, lograréis formar un abogado completo”, es decir, un jurista.”[8]

Hegel, en el mismo sentido señalo, La Profesionalización del Jurista en la Ética, consiste en saber “cuales son deberes que tiene que cumplir para ser virtuoso, es fácil decirlo en una comunidad ética; por su parte, sólo debe hacer lo que en sus relaciones le ha sido prescrito, señalado y conocido. La rectitud es lo universal que puede exigirse de él, en parte jurídicamente, en parte éticamente; pero, para el punto de vista moral, la rectitud aparece fácilmente como algo subordinado, por encima de la cual se debe exigir aún algo más a sí mismo y en su relación con los demás. Pues el afán de ser algo particular no se satisface con lo que es universal en sí y para sí, sólo encuentran en una excepción la conciencia de su peculiaridad. Los diversos aspectos de la rectitud pueden ser llamados virtudes, porque son propiedad del individuo. Empero, el hablar de la virtud cae fácilmente en la vacua declamación, puesto que sólo se dice algo abstracto e indeterminado, ya que tal discurso con sus fundamentos y explicaciones, se dirige al individuo en cuanto arbitrio y capricho subjetivo.”[9]

[1] Dussel, Enrique.- “Filosofia Etica Latinoamericana”.- Edit. Edicol.-México.- 1977.- p. 34.
[2] Vattimo, Gianni.- “Schleidermacher filosofo dell’ interpretazione”.- Edit. Ricerche.- Milano.- Italia.- 1986.- p. 82
[3] Dussel, Enrique.- “Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión”.- Edit. Trotta.- 2ª Edición.- Valladolid.- España.- 1998.- p.201.
[4] Burgoa Orihuela, Ignacio.- Op. Cit.- pp. 33 a 36.
[5] Kant, Immanuel.- “La Metafísica de las Costumbres”.- Edit. Tecnos.- Madrid.- España.- 2006.- p. 27.
[6] Esquivel, Javier.- “Racionalidad Jurídica, Moral y Política”.- Edit. Fontamara .- México.- 2006.- p.131.
[7] Calsamiglia, Albert.- “Racionalidad y Eficiencia del Derecho”.- Edit. Fontamara .- México.- 2006.- P. 70.
[8] Burgoa Orihuela, Ignacio.- “El Jurista y el Simulador del Derecho”.- Sexta edición. -Edit. Porrúa.- México.- 1997.- p.38.
[9] Hegel, Federico.- “Filosofía del Derecho”.- Edit. UNAM.- México.- 1985.- p.169.

Dr. José Luis Martínez Bahena.

Código de Ética del Abogado (elaborado por Dr. José Luís Martínez Bahena)

2007-10-24T00:19:00.000-05:00

Código de Ética del abogado.

Introducción.

El código de ética tiene como objetivo, el elevar la calidad profesional de los abogados, al presentar un mejor servicio profesional.

En los países desarrollados, el código de ética profesional, tiene como objetivo el regular la conducta de los abogados, en aquellos puntos donde se ha detectado un mayor atraso en la resolución de los expedientes.

También lo utilizan en esos países como elemento regulador entre las costumbres del pueblo por su idiosincrasia, y el espíritu de la ley de lo que se debe aplicar.

El código de ética del abogado, es de aplicación interna exclusivamente, para sus agremiados, por lo que el cumplimiento de la conducta de ética, es sólo aplicable sólo a sus miembros en activo.

Es un instrumento de poder jerárquico, con el que los lideres de la asociación profesional, mantienen el control de los actos de los abogados en relación a los asuntos que deben hacer, y deben rechazar.

El Abogado tiene un papel fundamental, en una sociedad fundada en el respeto a la Justicia. Su misión es ejecutar fielmente un mandato en el marco del Derecho. En un Estado de Derecho, el Abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la Justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender sus derechos y libertades; es por lo tanto, el asesor y defensor de su cliente, y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia.

Desarrollo.
La dinámica en la multiplicidad de actividades del Abogado le imponen una independencia absoluta exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que resulte de sus propios intereses o influencias exteriores. Esta independencia es necesaria para mantener la confianza en la Justicia, y en la imparcialidad del Juez. El Abogado debe, por lo tanto, evitar cualquier atentado contra su independencia y estar atento a no descuidar la ética profesional con objeto de dar satisfacción a su cliente, al Juez o a terceros.
Independencia es necesaria para la actividad jurídica, como para los asuntos judiciales, por lo tanto, el consejo dado por el Abogado a su cliente carecerá de validez, si ha sido dado para complacer, o por interés personal, o bajo efecto de una presión exterior.

Las relaciones de confianza no se pueden dar, si existe alguna duda sobre la honestidad, la probidad, la rectitud o la sinceridad del Abogado. Para éste último, estas virtudes tradicionales constituyen obligaciones profesionales.

Parte de la naturaleza misma de la misión del Abogado que éste sea depositario de los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales. Sin la garantía de la confidencialidad no puede haber confianza.

El secreto profesional está, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del Abogado, por lo tanto, con independencia de criterio, el abogado podrá negarse ante cualquier persona o autoridad a contestar cualquier cuestión que lo lleve a violar el secreto profesional.

Por ello, el abogado debe respetar el secreto de cualquier información confidencial transmitida a él por su cliente, ya sea que se refiera al propio cliente, o bien a terceros en el marco de los asuntos de su cliente.

Esta obligación de guardar secreto no está limitada en el tiempo.
El Abogado hará respetar el secreto profesional a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional.

El Abogado estará dispensado de esta obligación de guardar el secreto, en los siguientes casos:

a).-Cuando se vea obligado a demandar al cliente para obtener el pago de honorarios.

b).-Cuando es víctima de ataques injustificados por parte del cliente.

c).-Cuando el cliente informe al Abogado de la intención de cometer un delito. En este caso el Abogado deberá efectuar las revelaciones necesarias para prevenir el acto y proteger a las presuntas víctimas.

Conclusiones.

El Código de ética profesional para los abogados, es inoperante, porque solamente obliga a los que están asociados, los que se agremian son gente profesional, y respetable, porque para su ingreso se requieren firmas en un documento que se llama responsiva, ( por actos u omisiones vinculados a faltas éticas, y delitos en el ejercicio profesional).

El Abogado no podrá en ningún momento facilitar, conscientemente, al Juez una información falsa o que pueda inducirle a error.

Debe el abogado guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha de apoyarlos siempre que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o se falte al acatamiento que manda la Ley.

Es deber del Abogado luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento de jueces se deba exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque los jueces se dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones.

Cuando un abogado deje de desempeñar la judicatura o algún otro puesto público, no debe aceptar el patrocinio de asunto del cual conoció con su carácter oficial; tampoco patrocinará el que fuere semejante a otro en el cual expresó opinión adversa durante el desempeño de su cargo.

Ningún Abogado debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente autorizados para ejercerla.

Salvo el caso de asociación o colaboración profesionales, disminuye el decoro del Abogado firmar escritos en cuya redacción no intervino, la respetabilidad de su firma impide que la preste, sobre todo a persona no autorizada para ejercer la profesión.

Es deber del Abogado no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vínculos políticos o de amistad, usando de recomendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el convencer con razonamientos.
Es recomendable que el Abogado tenga en todo momento un seguro de responsabilidad profesional por una cantidad razonable, habida cuenta de la naturaleza y del alcance de los riesgos que asumen en el desempeño de su actividad.
En el caso de que el Abogado no pudiera obtener un seguro de conformidad inciso que antecedente, deberá tomar las medidas necesarias para informar de ello a aquellos clientes que corran el riesgo de sufrir un perjuicio por la carencia de seguro.

Dr. José Luís Martínez Bahena

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

2007-06-22T19:23:00.000-05:00

Materia mercantil

Llama OCDE a adaptar mercados laborales a la globalización

2007-06-19T08:58:00.000-05:00

08:08 Los Gobiernos deben adaptar los mercados laborales y las legislaciones para aprovechar mejor los efectos de la globalización en lugar de ver en ella una amenaza, según el informe sobre "Perspectivas del empleo" de la OCDE presentado hoy.

"Los trabajadores perciben la globalización como una amenaza, mientras que las cifras muestran que sus efectos no están siendo negativos en la creación de puestos ni en la revalorización de salarios" , aseguró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , Ángel Gurría.

El estudio señala que en los últimos años se ha asistido a una creación de empleo en los grandes países emergentes ligada a la globalización, pero ese fenómeno no se ha traducido en una destrucción de puestos en los desarrollados, sino más bien al contrario.

Gurría señaló que "en general hay una tendencia a temer todo lo que viene del exterior", que provoca "un repliegue interno" en los países, por lo que hizo un llamamiento a los Gobiernos para que lancen más mensajes en sentido contrario.

"Existe la sensación de que la globalización nos va a aplastar y los datos que manejamos demuestran que la apertura al exterior es positiva, pero es un mensaje que nos cuesta hacer pasar", señaló.

El ex secretario mexicano de Hacienda indicó que el fenómeno de la globalización "no permite a los países permanecer aislados" , por lo que preconizó que se busquen "las mejores fórmulas para adherirse a ella" .

El informe anual señala que la amenaza de deslocalizaciones ligada a la globalización debilita la posición de los representantes laborales en las negociaciones colectivas, un fenómeno que afecta particularmente a las categorías laborales más expuestas a la competencia y en las menos cualificadas.

Pero incluso en éstas, el informe señala que las políticas gubernamentales pueden garantizar que los trabajadores obtengan su "justa parte" de las ganancias que se derivan de la globalización.

Para ello, Gurría destacó la importancia de fomentar la formación continua que genere empleos más cualificados, las políticas activas de ayuda a la búsqueda de trabajo, la movilidad laboral y las políticas que combinen la protección de los trabajadores con la flexibilidad requerida por las empresas ("flexi-seguridad") .

El llamado "club de los países desarrollados" , de 30 miembros, también preconiza políticas fiscales que no graven el trabajo, como el llamado "IVA social" que tanta polémica ha suscitado en Francia.

En su análisis sobre el impacto de la globalización, la OCDE reconoce que hay una tendencia al incremento de las desigualdades salariales entre los dos extremos de la escala de sueldos, un fenómeno al que sólo escapan Irlanda y España.

El responsable de análisis y política de empleo de la organización, Raymond Torres, atribuyó este fenómeno al hecho de que Irlanda creó en los 90 un salario mínimo que no existía y que en España éste se ha revalorizado en los últimos años.

El estudio dedica un capítulo especial a la situación de Brasil, Rusia, India y China (BRICs) , cuatro grandes economías emergentes del mundo que por ahora no forman parte de la OCDE.

En estos cuatro países, que representan más de un cuarto de la economía mundial, se han creado 22 millones de empleos anuales entre 2000 y 2005, cinco veces más que en la OCDE, una expansión que ha ido en paralelo a un retroceso de la tasa de pobreza, pero que no ha podido evitar el incremento de las diferencias salariales.

Además, en esos países se mantiene un gran "subempleo" , un fenómeno que el informe califica de "masivo" en el caso de las mujeres en Brasil.

Y persiste una gran incidencia de empleo informal, que representa el 45% en Brasil, el 53% en China y hasta el 90% en India.

Estos países precisan de mejoras en sus sistemas laborales para adaptarse a retos a medio plazo, como el envejecimiento de la población

Dictan formal prisión a homicida de maestra de The Churchill School

2007-06-19T08:53:00.000-05:00

Dictan formal prisión a homicida de maestra de The Churchill School

Culpan a Marcelo Fernando Martínez de homicidio calificado; aún se desconoce el móvil del crimen

Icela Lagunas
El Universal
Ciudad de México
Lunes 18 de junio de 2007

12:03 Por homicidio calificado, el Juzgado 19 dictó el auto de formal prisión a Marcelo Fernando Martínez González por el crimen de la directora de preescolar de The Churchil School.

El subprocurador de Procesos, Miguel Ángel Mancera, informó que el juzgado encontró las pruebas suficientes para decretar la formal prisión del padre de familia que el pasado miércoles asesinó a Carla María Jiménez Baños al interior de las instalaciones del colegio privado.

Según la causa penal 150/07, el juzgado decidió quitar el elemento de traición que se le fincó pues no existía ningún lazo familiar o cercano entre la víctima y el agresor.

Sin embargo, se le acreditaron los de actuación ventajosa ya que ingresó armado al plantel; asimismo, se le acreditó "alternación voluntaria" ya que realizó los disparos bajo los efectos de algún estupefaciente.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia capitalina, Fernando Martínez estaba bajo los influjos de la cocaína; de hecho se le decomisaron dos grapas al momento de su detención.

El subprocurador de Procesos detalló que el presunto homicida tiene hasta el momento la defensoría de oficio.

Por su parte, el procurador de Justicia capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, dijo que hasta el momento no se conoce el móvil de este crimen. Agregó que no es importante en el proceso ordinario que se le seguirá a Martínez González en el Reclusorio Oriente.

De manera simultánea a este proceso penal, autoridades del colegio The Churchill School preparan un homenaje en memoria de la maestra Carla María Jiménez en el museo Anahuacalli, a donde convocaron a padres de familia, alumnos y familiares a portar una flor blanca, vestidos del mismo color y un globo blanco.

El homenaje se efectuará a las 17:00 horas en dicho museo que se localiza en las inmediaciones del parque ecológico Huayamilpas en la delegación Coyoacán.

PGJDF reporta más violencia doméstica

2007-06-19T08:51:00.000-05:00

Cuando su marido amenazó con matarla, María tomó de la mano a sus dos pequeños hijos. No tuvo tiempo de hacer maletas. Minutos antes, su pareja llegó borracho a la casa y la golpeó hasta el cansancio.

El tiempo no le alcanzó. Le temblaban las piernas, sentía escalofrío por el miedo.

Pablo Olvera Maceto la alcanzó. Fuera de la casa, la encañonó con una escopeta y una pistola en mano. Sin importar que los pequeños lloraban.

Ebrio, el hombre repetía una y otra vez que la mataría. Los vecinos, alertados por el escándalo y las amenazas de muerte llamaron a la policía.

Casos de violencia intrafamiliar y de agresión a mujeres se reportan diario de manera alarmante en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En lo que va de este año, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) ha atendido a 11 mil 247 víctimas directas e indirectas.

La subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJDF, Ana Lorena Delgadillo Pérez, explicó que cuando las mujeres deciden presentar su denuncia, se procura brindarles protección en todos los ámbitos debido a la crisis emocional que presentan.

En albergues públicos y privados se protege la integridad de las mujeres y de sus hijos y se les da atención de urgencia y canalización a hospitales de la Secretaría de Salud del DF.

Menores de 12 años y sus madres reciben terapia para reparar los daños originados por la violencia, además de las herramientas para escapar del círculo en el que viven. Así, 6 mil 196 víctimas recibieron sicoterapia individual y 4 mil 345, de grupo.

La Subprocuraduría de Atención a Víctimas inició una campaña en hospitales, estaciones del Metro, agencias del Ministerio Público y otros espacios públicos, con el objetivo dar a conocer los servicios de los cinco centros del gobierno local de apoyo a víctimas, a través de la Procuraduría capitalina.

Lesiones, agresión verbal, maltrato, omisión de auxilio, incumplimiento de la obligación alimentaria, apoyo médico, sicológico y jurídico son algunos de los servicios.

En entrevista, Delgadillo explicó que también se emiten dictámenes sicológicos victimales y perfiles sicológicos de los probables agresores.

La mayor parte de ellos son hombres. Abusan de su fuerza física y en ocasiones del poder económico para someter a sus víctimas.

"El apoyo a los agresores tiene que ser voluntario, de lo contario no sabemos sus efectos", advierte.

En 2006 fueron atendidos 7 mil 562 generadores de violencia; de ellos, 6 mil 786 fueron hombres y 776 mujeres, que también maltratan, sobre todo a sus hijos.

Este año, 3 mil 157 generadores de violencia -quienes reconocen un problema de agresión- han sido atendidos por sicológos; de ellos,2 mil 675 son hombres.

Esa noche de violencia, María escapó de su marido. La policía llegó y detuvo al hombre que la maltrató por mucho tiempo.

Pablo fue detenido en posesión de un arma larga, otra corta, y una caja de cartuchos útiles calibre 7.62, con las cuales amagaba a su esposa e hijos, en calles de la delegación Tlalpan.

María, de 42 años, manifestó que su esposo siempre fue agresivo. Fue puesto a disposición de la Agencia 23 del Ministerio Público, junto con una pistola Beretta calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 20 milímetros.

Presentan iniciativa de ley sobre eutanasia

2007-06-19T08:50:00.000-05:00

Presentan iniciativa de ley sobre eutanasia

Permitiría a enfermos terminales renunciar a todo tratamiento médico

La iniciativa de ley sobre eutanasia pasiva, que considera además regular la donación de órganos en el Distrito Federal, fue presentada ayer por diputados locales del PRD y de Alternativa Socialdemócrata.

El documento será llevado a la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el miércoles y sometido a un periodo de discusión y análisis a través de foros y consultas para que en septiembre llegue al pleno.

Según los asambleístas Víctor Hugo Círigo, Enrique Pérez, Isaías Villa, Sergio Cedillo y Juan Carlos Beltrán, hay consenso sobre este tema en las distintas bancadas, por lo que se espera pase sin problemas.

La iniciativa de Ley de voluntad anticipada para el DF y de reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Salud locales, permitiría a enfermos en fase terminal renunciar a todo tratamiento médico, o en caso de no estar en condiciones de decidir, que un pariente en primer grado lo haga por ellos, para evitar que se prolongue de manera innecesaria su vida.

También considera que para la donación de órganos se establecería la voluntad anticipada con dos testigos ante un notario, quien diera vista al Ministerio Público.

Sin embargo, consultado al respecto, el cardenal Norberto Rivera Carrera se pronunció contra la eutanasia que signifique el suicidio asistido de un paciente en fase terminal, aunque aclaró que existe otro término que apoyaría, que es el bien morir.

Entrevistado al término de la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el arzobispo primado de México señaló que hasta no conocerla no presentará su postura en torno a la iniciativa sobre el tema anunciada por asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"La eutanasia significa literalmente bien morir, eutanatos, buena muerte, pero algunos entienden por buena muerte el suicido asistido. Entonces, no sé cuál sea la postura de la Asamblea Legislativa, no me puedo pronunciar por algo que no conozco".

En la actualidad, el Código Penal federal, en su artículo 312, establece una pena de uno a cinco años de prisión a quien preste auxilio o induzca a otro a morir, pero el castigo aumenta de cuatro a 12 años a quien ejecute la muerte. También el Código capitalino penaliza la muerte asistida en sus artículos 123, 127 y 142.

En el desglose de la iniciativa se considera protección jurídica para médicos y aclara que nadie podrá suministrar medicamentos que aceleren el curso natural del deceso del enfermo en fase terminal.

Marín sí violó Constitución, señala indagación de Corte

2007-06-19T08:41:00.001-05:00

Carlos Avilés
El Universal
Lunes 18 de junio de 2007

El gobernador de Puebla, Mario Marín, sí incurrió en violaciones graves a la Constitución al haberse confabulado con diversos funcionarios para detener a la escritora Lydia Cacho y someterla, de manera irregular, a un juicio penal en diciembre de 2005, de acuerdo con los resultados de la averiguación que realizó la comisión investigadora del caso que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Con base en toda una serie de pruebas que obtuvo la comisión, el ministro solicitó a sus compañeros del Pleno de la SCJN que emitan una recomendación dirigida, entre otras autoridades, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que se le finquen responsabilidades políticas, administrativas y penales a todos los funcionarios que incurrieron en las violaciones graves a las garantías de Lydia Cacho, entre quienes también se encuentran un magistrado y una jueza locales.

Como resultado de sus investigaciones, la comisión también detectó que la pederastia y la pornografía infantil, que fueron los temas denunciados por la periodista y que motivaron las acciones en su contra, se han convertido en un verdadero problema de Estado que requiere de acciones urgentes para evitar que más niños sigan siendo víctimas de estos delitos en nuestro país.

Tras los pasos de Marín

En los últimos seis meses, el equipo de colaboradores de Silva Meza, dirigido por los magistrados federales Eduardo Alvarado Puente y Anastacio Enrique Escobar, logró recopilar toda una serie de pruebas que les permitieron demostrar que el gobernador Mario Marín fue quien orquestó y movió los hilos de la confabulación que se tejió en contra deLydia Cacho.

Las fuerzas del Estado -de acuerdo con la información recopilada por la comisión investigadora, de la cual tuvo conocimiento EL UNIVERSAL- se movieron a petición expresa del empresario textilero Kamel Nacif, a quien la periodista señaló como protector del pederasta Jean Succar Kuri en su libro Los Demonios del Edén.

Pieza por pieza, la comisión investigadora logró armar, en un informe de poco más de mil páginas, todo el rompecabezas que se tejió en torno a este caso y quedó al descubierto con las grabaciones de las conversaciones telefónicas que se difundieron, a principios de 2006, en las que Kamel Nacif le agradeció al "gober precioso" su intervención en la captura de la periodista.

Las investigaciones en torno a la participación del mandatario poblano en la detención de la periodista partieron del contenido que se reveló en las conversaciones que sostuvo con el empresario, pero, tal como lo estableció el mismo Pleno de la Corte, dichas grabaciones no serán usadas como prueba porque fueron obtenidas de manera ilegal.

La comisión se fijó líneas de investigación a partir del contenido de las conversaciones y a lo largo de las indagatorias logró recabar otro tipo de pruebas mediante las cuales se comprobó la confabulación para detener a la periodista.

Entre otras cosas se comprobó la participación, entre otros, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y de la jueza local, Rosa Celia Pérez González, en la acción concertada.

Más que recomendaciones

El informe con las conclusiones a las que llegó la comisión investigadora comenzó a circular entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el jueves pasado y se estima que, sino existe algún contratiempo de última hora, el caso será analizado en el transcurso de la semana que inicia.

Los 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN tendrán que analizar el documento para decidir si, como concluye la comisión investigadora, existieron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista y si, por estos hechos, es necesario que emitan una recomendación para que los responsables sean sancionados tanto por la vía política como administrativa y penal.

La investigación que llevó a cabo la comisión se llevó a cabo a petición de las Cámaras de Diputados y de Senadores y se sustentó en la facultad que le otorga la Constitución, en su artículo 97, para que la SCJN pueda averiguar violaciones graves a las garantías.

Dicha facultad restringe la actuación de la Corte tan sólo a investigar los hechos y a emitir conclusiones para que las autoridades correspondientes quienes decidan si sancionan o no a los responsables de las violaciones que detecte la Corte.

Piden en Corte actuar contra Mario Marín

2007-06-19T08:40:00.000-05:00

Piden en Corte actuar contra Mario Marín

Participaron una juez y el presidente del Tribunal de Justicia, señala

La comisión investigadora del caso Lydia Cacho, que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, solicitó al pleno emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al gobernador de Puebla, Mario Marín, por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista.

Los 11 ministros que integran el pleno decidirán si -como concluye la comisión- hubo violaciones graves y si es necesario emitir una recomendación a las cámaras de Diputados y de Senadores, entre otras autoridades.

De acuerdo con las conclusiones, el equipo de Silva Meza recopiló pruebas que le permitieron demostrar que Marín fue quien orquestó, con diversos funcionarios, la confabulación para detener a la escritora y someterla a un juicio penal en 2005.

Comprobó la participación, entre otros, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y la juez local Rosa Celia Pérez González. El informe con las conclusiones comenzó a circular entre los ministros desde el jueves pasado.

Las fuerzas del Estado -señala la información, de la cual tuvo conocimiento EL UNIVERSAL- se movieron a petición expresa del empresario Kamel Nacif, a quien la periodista señaló como protector del pederasta Jean Succar Kuri.

La comisión se fijó líneas de investigación a partir del contenido de las conversaciones telefónicas que sostuvo Nacif con Marín, difundidas a principios de 2006. Dichas grabaciones no serán usadas como prueba.

Hoy un grupo de mil 600 ciudadanos, entre ellos, Diego Luna, Gael García, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Ricardo Rocha, dará a conocer un desplegado en relación con el caso, que se prevé sea analizado por la Suprema Corte esta semana.

"Lo que está en juego -señalan- es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos".

Oaxaca y la Corte

2007-06-19T08:38:00.000-05:00

Opinión
Itinerario Político
Ricardo Alemán 18 de junio de 2007

Oaxaca y la Corte

El ministro ponente centra la indagatoria sólo en el gobierno de Ulises Ruiz

La Constitución no dice que la Corte deba intervenir en un caso como éste

Previsiblemente el día de hoy —o a más tardar mañana martes— la Suprema Corte de Justicia resolverá una petición que, conforme al artículo 97 constitucional, le formuló la Cámara de Diputados para que investigue presuntas violaciones “graves” a garantías individuales de los habitantes de Oaxaca, ocurridas durante el conflicto surgido entre la APPO y el gobierno priísta de Ulises Ruiz.

Hasta esta mañana nadie conoce la tendencia de la votación mayoritaria que emitirán los 11 ministros, pero hasta el inicio de la sesión de hoy, cuatro de ellos habían argumentado a favor de que se realice dicha investigación, y otros cuatro la objetaron. Las tres opiniones restantes —la del presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos— se podrían conocer hoy, luego de lo cual los ministros estarían en posibilidades de votar si el máximo tribunal interviene o no en el conflicto de Oaxaca, que ha enfrentado a una organización social radicalizada como la APPO, al gobierno estatal y a los oaxaqueños en general.

Las opiniones encontradas que han dividido a los ministros de la Corte surgen del propio proyecto de dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que se da por hecho la “violación grave” de garantías individuales de ciudadanos oaxaqueños, quienes, según el ponente, “vivieron y tal vez vivan todavía un estado de incertidumbre emocional y jurídica con la consecuente afectación de su forma de vida, ya que resulta lógico que vivían en la zozobra ante autoridades que ejercen ilimitadamente la fuerza pública”.

A su vez, los ministros que se pronunciaron contra el proyecto de Silva Meza argumentaron, entre otras cosas, que se pretende convertir a la Corte en “mano de gato” para tirar gobiernos estatales, y que la crisis que se vivió en Oaxaca no se debe atribuir sólo a autoridades locales, sino que “el estado de violencia e inseguridad” también es responsabilidad de grupos sociales y ciudadanos particulares, en alusión a la APPO. Ese es el centro de la discusión que dividió a los ministros.

Y es que en lo que parece una respuesta más política que jurídica del conflicto que vivió y vive Oaxaca, los ministros que impulsan la postura de que la Corte investigue lo ocurrido en esa entidad, pretenden centrar la indagatoria sólo en la responsabilidad de las autoridades estatales —en el gobierno de Ulises Ruiz, sin duda responsable de esa crisis, pero no el único culpable de las violaciones de garantías individuales— en tanto que los que se oponen a que la Corte investigue sólo la responsabilidad del gobierno en esa crisis consideran que el máximo tribunal estaría faltando a su responsabilidad constitucional.

¿Por qué? Muy fácil, porque el artículo 97 constitucional establece que la Corte “podrá” intervenir —mediante la designación de una comisión de alguno o algunos de sus miembros— “únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

El 97 de la Constitución no dice que la intervención de la Corte se deba realizar cuando la violación grave de las garantías individuales la haya cometido la autoridad estatal, algún particular o un grupo social, como la APPO. El ministro ponente y quienes apoyan su criterio centran la indagatoria sólo en la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz —que, hay que insistir, es responsable, aunque no el único— pero omiten que la violación de las garantías individuales en la crisis de Oaxaca también es responsabilidad de los líderes y seguidores de la APPO.

Además, tanto los ministros que apoyan la investigación de la Corte, como aquellos que la rechazan, no han explicado que, por ejemplo, no toda violación de garantías individuales constituye un delito, sea del orden federal o común, y que aun aquellas que constituyen un delito, unas están sometidas a la jurisdicción común, y otras a la federal. ¿Dónde queda entonces la autonomía de los estados y su capacidad para hacer valer y respetar la Constitución en su respectiva jurisdicción?

Por increíble que parezca, en la Suprema Corte de Justicia se debate en junio de 2007 —respecto de las facultades de la propia Corte en torno al artículo 97 constitucional— lo mismo que esa Corte debatió hace casi un siglo, el 17 de enero de 1919, cuando se desahogó el controvertido asunto de los henequeneros de Yucatán. El tiempo, el tema y las presuntas violaciones eran distintas, en efecto, pero el debate se centró en el mismo conflicto; que la Constitución habla en su artículo 97, en términos generales, de violaciones a las garantías individuales —que pueden ser cometidas por la autoridad estatal, particulares u organizaciones sociales— sin admitir limitación alguna y menos, como lo pretenden algunos ministros en el caso de Oaxaca, interpretaciones subjetivas.

En efecto, el señor Ulises Ruiz es un cavernícola de la política al más puro estilo del viejo PRI —que debiera estar fuera del cargo y llevado a juicio penal— pero también es cierto que los señores de la APPO no son hermanas de la caridad; todos saben que los mueve un interés político y que igual que el gobierno de Oaxaca cometieron “violaciones graves” de garantías individuales de una población que, también por esa razón, vivió y sigue viviendo en incertidumbre. Los ministros ya probaron de qué están hechos. Falta esperar congruencia.

aleman2@prodigy.net.mx

Defensor de la Constitución

2007-06-19T08:32:00.000-05:00

OPINIÓN

Lorenzo Córdova Vianello
19 de junio de 2007

Las democracias constitucionales son, por definición, regímenes políticos en los que el poder se limita para salvaguardar los derechos de los gobernados. Dichos sistemas, como es sabido, se fundan en dos principios rectores: la supremacía de la Constitución y la rigidez constitucional.

De acuerdo con el primero, la Constitución (con todos los principios, derechos, facultades, instituciones, reglas y límites que establece) debe estar por encima de todas las normas del ordenamiento jurídico y todos los actos de las autoridades deben ajustarse a lo dispuesto por ella. La Constitución se convierte así en el punto de referencia último de todas las normas y actos que, para ser válidos, deben seguir los procedimientos (validez formal) y coincidir con los contenidos (validez sustancial) establecidos por ella. De no ser así, esas normas o esos actos son, por ese hecho, inconstitucionales (y por ello inválidos).

Por otra parte, el principio de rigidez constitucional supone que el texto de la Constitución requiere de un procedimiento de modificación mucho más complicado que las leyes ordinarias, con lo cual se busca blindar los principios y disposiciones recogidos en ella frente a las variables mayorías políticas representadas en el Congreso. Dicho de otra forma, esa rigidez supone una protección de los contenidos de la Constitución de cara a los impredecibles vaivenes de la política.

La finalidad de esos dos principios es clara: impedir que los actos del poder (de cualquier poder: el público, en primera instancia, pero también el de tipo privado) rebasen los límites fijados en la Constitución y afecten, con ello, los derechos fundamentales de los gobernados.

Pero ello supone la necesaria presencia de un órgano que garantice que esos principios efectivamente se cumplan y que ningún poder altere o transgreda los límites que la Constitución fija. Ese papel de "defensor de la Constitución" es el que juegan las cortes y tribunales constitucionales y, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma de 1994 amplió las atribuciones de control de constitucionalidad encomendadas a la Suprema Corte, al facultarla para juzgar, por un lado, el apego a la Carta Magna de las leyes y normas de carácter general mediante las acciones de inconstitucionalidad y, por otro lado, que ningún poder rebasará su esfera de competencias y atribuciones a través de las controversias constituciona les (mecanismos que vinieron a sumarse al añejo y vetusto juicio de amparo). Se trató de una reforma venturosa porque permitió extender la capacidad revisora de la Corte y fortalecer, con ello, la efectiva prevalencia de la Constitución misma.

En efecto, la mejor manera de velar que ni las leyes ni los actos de autoridad contravengan los procedimientos y los contenidos de la Constitución es, precisamente, que su "guardián" pueda conocer, revisar y juzgar la constitucionalidad (apego a la Constitución) del mayor número de normas y actos.

La semana pasada, con la más exigua mayoría (seis votos contra cinco) el Pleno de la Corte decidió, en definitiva, no aceptar conocer una controversia constitucional interpuesta por el IFE en contra de la Cámara de Diputados, a propósito de la decisión de ésta de impedir que los recortes presupuestarios a la autoridad electoral pudieran afectar el financiamiento público a los partidos políticos, tal como lo estableció el Presupuesto de Egresos de 2007. El argumento de la mayoría de los ministros fue que el artículo 105 no faculta al IFE a interponer controversias constitucionales.

Ese razonamiento, formalista y letrista, no sólo dejó indefenso al IFE frente a una eventual invasión de su esfera de competencias por parte de otras autoridades y poderes (lo que es lamentable en sí), sino que incluso restringió a la misma Corte en su papel de "defensor de la Constitución".

Esto es así, porque habrá actos de autoridades (aquellos que invadan las atribuciones del IFE, pero también del resto de los órganos constitucionales autónomos, muchos de ellos clave en la defensa de los derechos fundamentales) sobre los cuales no podrá haber un control respecto de su conformidad con la Constitución. La decisión de la Corte crea, en otras palabras, un espacio de impunidad para actos eventualmente contrarios a la Constitución y sobre el cual ella misma se excluyó de conocer y, por lo tanto, de vigilar.

La Corte está jugando un papel cada vez más central en nuestra democracia constitucional. Es bueno que ello sea así. Ese es el papel al que está llamado nuestro "defensor de la Constitución". Hoy, sin embargo, ante su polémica -y a mi juicio desafortunada- decisión, tendrá que ser el órgano reformador de la Carta Magna quien se haga cargo del problema.

Investigador y profesor de la UNAM

Acuerda la Corte crear comisión para Oaxaca

2007-06-19T08:31:00.001-05:00

Carlos Avilés Allende
El Universal

Martes 19 de junio de 2007

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró la mayoría necesaria para crear una comisión que investigue si autoridades o ciudadanos violaron garantías constitucionales durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que ocurrieron en Oaxaca en 2006.

Al menos siete ministros están de acuerdo en la integración de la comisión, pero el pleno dejó la votación final para hoy martes, debido a que hay propuestas diferentes sobre qué temas y objetivos debe fijarse la instancia investigadora.

Al final de la sesión sumó adeptos el planteamiento del presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para que la comisión tenga entre sus objetivos determinar si la omisión y la pasividad de autoridades federales o estatales para intervenir y resguardar la seguridad de los ciudadanos alentó el clima de inseguridad y los enfrentamientos que se vivieron en Oaxaca, desde mayo del año pasado.

Previamente otros ministros propusieron la necesidad de que el grupo investigador determine si las autoridades incurrieron en abusos, en la extralimitación del uso de la fuerza pública o si hubo violaciones a las garantías provocadas por particulares.

Los ministros Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y José Ramón Cossío se pronunciaron por que la averiguación parta de las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a estos hechos, pero sin prejuzgar la existencia o no de violaciones graves a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

A finales de mayo la CNDH emitió un informe, en el que documentó violaciones a las garantías fundamentales de alrededor de mil 600 personas, así como la muerte de 12.

Como autores de esos agravios, señaló a cuerpos policiacos locales, a elementos militares y de la Policía Federal Preventiva. Además consideró que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz tiene responsabilidad directa en los hechos.

La situación social en la capital oaxaqueña se tensó a partir de junio de 2006 cuando el gobierno local intentó desalojar a un grupo de maestros que se encontraban en el zócalo desde finales de mayo.

Durante cinco meses la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca mantuvo el control de la plaza principal. El domingo 29 de octubre la Policía Federal Preventiva realizó un operativo para retomarla.

Ayer más de 3 mil maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha y un mitin en el Centro Histórico de Oaxaca antes de instalar un "plantón representativo indefinido" en el zócalo.

Exigen que la Secretaría de Gobernación responda a sus demandas, la salida del gobernador, la libertad de ocho compañeros presos, la cancelación de 20 órdenes de aprehensión y la devolución de 188 escuelas en poder de la sección 59 del SNTE.

(Con información de Genaro Altamirano, corresponsal)

REPUDIO A LA LEY DEL ISSSTE

2007-06-19T08:12:00.000-05:00

Opinión

Escrito por Eduardo López Betancourt

17-05-2007

Hace muchos años, como una conquista revolucionaria, los trabajadores al servicio del Estado fueron protegidos con la inclusión del apartado B en el artículo 123 de la Carta Magna, se evitaron muchas injusticias y abusos en perjuicio de los burócratas.

Originalmente, Pensiones Civiles fue el organismo que ofreció servicios sociales y amparo a los empleados del Estado, con el tiempo se transformó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de inicio cumplió su papel, lamentablemente con el tiempo la inmoralidad le invadió; a últimas fechas se convirtió en bastión de un grupo mafioso y para algunos hasta criminal, el organismo junto con el sindicato de docentes se volvió propiedad de una lideresa, la cual por cierto, se dice maestra sin serlo.

Esta damisela de la política azteca gobierna con títeres el ISSSTE, en el sexenio foxista colocó como director de ese instituto a un tipo procaz, quien de hecho, dejó a la citada dependencia sin recursos, mismos que fueron a parar a manos de la disidente docente y del propio hombre de las botas.

De Calderón se esperaba otra cosa, por ejemplo, que devolviera la paz a Oaxaca, o bien, que fuera sensato y hablara menos, desafortunadamente no ha sido así, parece que la “silla presidencial” está predestinada para transformar a quienes la ocupan, los hace insolentes, pagados de sí mismos, todólogos, irresponsables, incapaces, vengativos y cínicos.

Pero lo que resulta inexplicable y absurdo, es cómo Calderón se “ligó” con la susodicha mentora, bien dice un dicho mexicano “dime con quién andas y te diré quién eres”, lo posible es que la “doña” sorprendió a Calderón, quizá cuando se encontraba el purépecha en crisis preocupado por llegar a la presidencia, fue cuando entró en tratos con la susodicha.

En esa tesitura, uno de los arreglos fue entregar a la dizque presidenta de los maestros, tanto el ISSSTE como la Secretaría de Educación Pública; en el primero, designó a quien ha sido acusado de pederasta, se asegura no tiene principios ni moral. En la dependencia que maneja cultura y enseñanza, impuso a su yerno, individuo que por supuesto, al igual que ella no es docente, pero si eficaz para la tranza y los negocios sucios.

La cabeza del ISSSTE, que en el pasado fue priísta y ahora panista, buscó la manera de causar daño, promoviendo por indicaciones de su mentora, nuevas reglas a la Ley del ISSSTE; los pobres e inútiles legisladores federales, en particular los del “prian”, así se les conoce a los diputados y senadores del PRI y PAN, antes enemigos irreconciliables, hoy aliados políticos, decidieron aprobar tales cambios legislativos, entiéndase bien, en detrimento de las prestaciones burocráticas, en especial con lo relacionado a las jubilaciones.

De nada sirvieron las protestas y los actos de repudio; los legisladores tristemente cumplieron una consigna. Insistimos, la Ley del ISSSTE se transformó para lacerar al currante, quien inconforme se organizará para evitar el atropello; en contrapartida, la “maestra” contraataca, se acude a la corrupción y se compran conciencias, lo cierto es que la Ley del ISSSTE tarde o temprano “no pasará”, y será triste para Calderón tener que dar marcha atrás con ella, empero será mejor, con ese hecho debe separarse de la lideresa de los maestros, éstos, debe entender el presidente Calderón, la repudian, es el momento de enjuiciarla, someterla a un proceso penal por sinnúmero de ilícitos en su haber, donde el asesinato y los daños patrimoniales son palpables.

Calderón debe ser un Presidente con valor, ajeno a componendas y arreglos en lo oscurito; por encima de los acuerdos ignominiosos debe imponerse su patriotismo y amor por México, evitando que los mafiosos y bigardos lo acompañen en su administración.

Esperemos del tarasco un giro de ciento ochenta grados con respecto a su conducta, simple y llanamente por el bien de la Patria.

Sindicatos y monopolios minan la gobernabilidad: Banco Mundial

2007-06-19T08:11:00.000-05:00

Señalo que en México esos grupos de interés son “intocables”, como son los monopolios públicos y privados, ya que limitan la construcción de una gobernabilidad realmente democrática.

Durante la presentación del estudio “México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social”, especialistas del organismo internacional afirmaron que estos grupos de interés influyen en el diseño de políticas públicas, sin tomar en cuenta el voto ciudadano.

Los intereses creados por estos grupos, como algunos sindicatos de trabajadores del sector público y élites económicas, siguen siendo un obstáculo inamovible para la realización de reformas destinadas a profundizar las políticas sociales a favor de los pobres, añadieron.

El especialista en el Sector Público del Banco Mundial, Yusuhiko Matsuda, dijo que México está en un proceso de transición democrática que no se acaba, y aunque hay evidencias de que está mejorando la gobernabilidad del país, todavía falta mucho por hacer.

Apuntó que uno de los desafíos para profundizar en la democratización de México es limitar la influencia de grupos de interés “intocables” en el sector público y privado, más que en el diseño constitucional de la estructura del Estado, como se discute actualmente.

“La clave es fortalecer el vínculo entre los votantes y los políticos, para que los políticos respondan mejor a la demanda de la mayoría de los votantes y estos crean en el sistema democrático del país y sigan participando en el proceso electoral formal”, subrayó.

El estudio “Gobernabilidad Democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social” del BM, presentado ayer en la capital mexicana, descarta que la división política en el Congreso o la imposibilidad de reelegir funcionarios en el país expliquen las “distorsiones políticas” que aún persisten.

La investigación indica que el poder de algunos sindicatos de trabajadores del sector público y de las álites económicas en México es tan grande que “median y a veces capturan la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en general”.

Su influencia, asegura el documento, se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de las políticas públicas “en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingreso clave para el Estado, o la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera”.

Yasuhiko Matsuda, quién además lideró el análisis, indicó que por esta situación en México “el peso de los votos de los ciudadanos comunes es menor” y “no se refleja su voz en las decisiones políticas”.

Los grupos de interés en México han logrado posponer por años las reformas legislativas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en los sectores energéticos y de telecomunicaciones, entre otros, destacó Matsuda.

Ello explica, por ejemplo, que los mexicanos paguen una de las tarifas de telefonía más altas de América Latina, apuntó.

Para revertir esta situación es importante que en México se transparente el desempeño de los sectores económicos controlados por élites y se aclare los aportes que estos grupos de interés dan a las campañas políticas mexicanas, argumentó el experto del organismo internacional.

Además, el Gobierno debe establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y es necesario que los órganos reguladores del país sean independientes y tengan “dientes”.

El país no puede sentarse a esperar a que madure el sistema democrático porque puede correr el riesgo de que los habitantes pierdan la confianza en la democracia como sucede ya en algunos países de la región, alertó Matsuda.

Finalmente, el investigador subrayó que la falta de competencia en algunos sectores y el alto nivel de concentración de la riqueza en México “funcionan conjuntamente para hacer que el terreno de juego en la política mexicana esté lejos de ser nivelado”.

Demanda del obispo Onésimo Cepeda contra el PRD

2007-06-19T08:06:00.000-05:00

DERECHO CIVIL
ESCRITO DE DEMANDA POR DAÑO MORAL

CEPEDA SILVA JOSÉ ONÉSIMO DANIEL Y

DIÓCESIS DE ECATEPEC, ASOCIACIÓN

RELIGIOSA.

VS.

LEONEL COTA MONTANO Y PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Juicio Ordinario Civil.

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

C. JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL,

EN TURNO.

Presente.

JOSÉ ONÉSIMO DANIEL CEPEDA SILVA, promoviendo por mi propio derecho y como representante legal propio y ordinario de la persona denominada DIÓCESIS DE ECATEPEC, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, lo que se acredita con la copia certificada de la escritura pública, número 1,389 (mil trescientos ochenta y nueve) otorgada ante la fe del Notario Público número 11 (once) del Distrito de Tlanepantla, Estado de México, Licenciado Juan José Galarza Ruiz, que al presente se acompaña como (anexo 1). señalando como, domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, el ubicado en Avenida de las Palmas número setecientos treinta y uno, despachos quinientos uno y quinientos dos, Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000, en esta ciudad de México, Distrito Federal, correo electrónico rocha@bufeterocha.com.mx y autorizando a los señores Licenciado en Derecho Licenciados Cristina Rocha Cito, Everardo Joaquín Espino Guerrero, Enrique Gutiérrez Flores, Nedalia Montes Castillo, Christian Enrique Moctezuma Flores, Adriana Pérez Esquivel, con cédulas profesionales números 2200872, 2414129, 2985707, 4202934, 4202933 y 3842864, respectivamente, expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio de la Profesión de Licenciado en Derecho, y para oír notificaciones, imponerse de los autos y recoger toda clase de documentos y valores a los señores Lourdes Ortiz Torres, Santiago Rocha Landero, Christian Martínez Berra, Uriel Joffre Vega, Román Vázquez Rosas, Fernando García Delgadillo, Luis garlos Anaya Pérez, Jorge Manjarrez Romero y Julián Ortega Cerezero, indistintamente, ante Usted respetuosamente comparezco a exponer:

Que,en la vía ordinaria civil, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1910, 1916, 1916-bis y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal y en ejercicio de las acciones personales que corresponden al suscrito, JOSÉ ONÉSIMO DANIEL CEPEDA SILVA y también en ejercicio de las acciones que corresponden a la DIÓCESIS DE ECATEPEC, ASOCIACIÓN RELIGIOSA que represento, vengo por medio del presente escrito a demandar solidariamente del señor LEONEL COTA MONTANO y del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, las siguientes:

P R E S T A C I O N E S.

1.- El pago de la cantidad que su Señoría determine por concepto de indemnización a titulo de reparación del daño moral que los demandados me han ocasionado por los hechos ilícitos que se narran en el capítulo correspondiente y que deberá ser fijada tomando en consideración el grado de responsabilidad, la gravedad del daño ocasionado, los derechos lesionados, la situación económica de los responsables, de la víctima y las demás circunstancias del caso.

2.- El pago de los gastos que se causen por la publicación que ordene su Señoría del extracto de la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio, misma que deberá ser de tal forma que refleje adecuadamente su naturaleza y alcance, considerando que los daños causados por las conductas ilícitas de los demandados, derivan de un hecho difundido a través de un medio público, por lo que, deberá decretarse que la publicación solicitada tenga la misma relevancia que tuvo la difusión original.

3.- El pago de los gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio.

Previo a proceder a narrar los hechos y fundamentos de derecho de la presente demanda, me permito destacar algunos conceptos indispensables para el mejor entendimiento de las prestaciones reclamadas en el presente juicio.

INTRODUCCIÓN:

1.- La libertad de expresión es una de las garantías individuales consagradas y protegidas por nuestra Carta Magna, contenida en el artículo 6^o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice:

"Artículo 6^o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado."

2.- La libertad de expresión, tal y como lo establece nuestra Constitución, debe ser objeto de máxima protección jurisdiccional como garantía de primerísimo valor, sin embargo, ese tratamiento que, por especial reconocimiento constitucional le concierne no significa impunidad ni la posibilidad de un proceder irresponsable, ya que, ningún valor puede estar por encima de la dignidad de la persona, para cuya protección han sido creadas las instituciones.

3.- El maestro Ignacio Burgoa, en su obra titulada "Las Garantías Individuales", Editorial Porrúa, S.A., México, 1988, Vigésima Primera Edición, páginas 348 y siguientes, se refiere a la libertad de expresión en los siguientes términos:

"... Armonizando los artículos 6° y 7°, que se relacionan expresamente con la libertad de publicar y escribir, se llega a la conclusión de que la garantía individual contenida en el primero se contrae a la manifestación o emisión verbal y oral de las ideas (pensamientos, opiniones, etc.), de la cual puede tener lugar concretamente en conversaciones, discursos, polémicas, conferencias y en general, en cualquier medio de exposición por conducto de la palabra; refiriéndose a dicha garantía igualmente a otros medios no escritos de expresión eidética, tales como las obras de arte en sus diversas manifestaciones musicales, pictóricas, esculturales, etc., así como su difusión bajo cualquier forma (por cinematografía, por televisión, por radiotransmisión, etc.).

La manifestación del pensamiento tiene las siguientes limitaciones establecidas por la propia Ley Fundamental, fuera de las cuales no debe existir ninguna y, en el supuesto de que un ordenamiento secundario instituya alguna otra hipótesis limitativa, ésta sería inconstitucional. De acuerdo con las limitaciones que la Ley Suprema consigna a la garantía de la libre emisión del pensamiento, ésta es objeto de inquisición judicial o administrativa en los siguientes casos:

1.- Cuando se ataque a la moral;

2.- Cuando ataque a los derechos de tercero;

3.- Cuando provoque algún delito, y

4.- Cuando perturbe el orden público."

Resulta claro, que la libertad de expresión consagrada en el artículo 6^oConstitucional, tiene las limitaciones que expresamente están establecidas en dicha garantía y en caso de que esos límites sean rebasados durante su ejercicio, dicha violación debe ser objeto de pronunciamiento judicial.

Es fundamental que la libertad de expresión sea garantizada, por la trascendencia que implica, que todos los individuos tengan la posibilidad de exponer libremente sus ideas, precisamente asegurar el ejercicio pleno de la libertad de difusión, ésta debe respetar la libertad y derechos de los demás, ya que no hay nada más sagrado y respetable que esta libertad, también es cierto que nada hay más reprobable que su ilegítimo abuso.

4.- En relación con este tema, los Tribunales Colegiados de Circuito, han sustentado diversos criterios, del que se destaca el siguiente:

"DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.- El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 bis del Código Civil para el

Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso a quien ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Del anterior criterio, se desprenden las siguientes premisas:

4.1.- El derecho, motivado en la actitud de respeto que deben observar los individuos respecto a la integridad moral de los demás, decidió otorgar protección judicial a ciertos bienes inmateriales de las personas como son los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos y la consideración que de sí tienen los demás.

4.2.- La intención del legislador al reformar los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal es hacer civilmente responsable a quien al ejercer su libertad de expresión, no respete los límites que dicha garantía supone en términos del artículo 6^o de la Constitución, incluso quien ejerce su derecho de expresión a través de medios de información masivos; toda vez que no es justificable el ejercicio de este derecho en perjuicio de los derechos de terceros.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el siguiente sentido:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

De lo anterior se desprende que cuando una persona, al amparo de su libertad de expresión actúa en contra de los principios Constitucionales, debe hacerse acreedor a las sanciones que correspondan de acuerdo con la ilicitud de su conducta.

Fundan esta demanda los siguientes hechos y consideraciones de derecho.

HECHOS:

1.- El suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día veinticinco de marzo de mil novecientos treinta y seis, siendo hijo legitimo del señor José Onésimo Francisco Cepeda Villareal, originario de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León y de la señora Amelia Silva Lopezhermosa, originaria de ésta Ciudad Capital, lo que se acredita con la copia simple que al presente se acompaña como (anexo 2).

2.- Durante los años de mil novecientos cuarenta y tres a mil novecientos cuarenta y ocho, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, cursó sus estudios básicos, que comprendieron de primer grado de primaria a sexto grado de primaria, en el Colegio México, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

3.- Durante los años de mil novecientos cuarenta y nueve a mil novecientos cincuenta y uno, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, cursó sus estudios de Secundaria, en los Colegios Portsmouth Priory School, en la ciudad de Portsmouth Road Island, Estados Unidos de Norte América, mismos que repitió de mil novecientos cincuenta y uno a mil novecientos cincuenta y tres, en el Colegio Tepeyac de la Ciudad de México, Distrito Federal.

4.- Durante los años de mil novecientos cincuenta y cuatro y mil novecientos cincuenta y cinco, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, cursó sus estudios de Bachillerato en Humanidades en el Colegio Patria, en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo que se acredita con la constancia que en copia simple se acompaña como (anexo 3).

5.- El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, cursó la Licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, obteniendo el titulo de Licenciado en Derecho, el diecisiete de octubre de mil novecientos sesenta y uno, los anterior se acredita con la copia certificada que se acompaña al presente escrito como (anexo 4).

6.- Del año mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos sesenta y seis, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Director General en el Inversora Bursátil, S.A., siendo que fue cofundador de dicha institución.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi paite manifiesta que este hecho le consta al Ingeniero Carlos Silm Helú y al señor Ignacio Cobo González.

7.- Del año mil novecientos cincuenta y nueve al año de mil novecientos sesenta y uno, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Gerente General Fiduciario del Banco de Londres y México, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Licenciado Armando Vignau Quiroz y Federico Warnholtz.

8.- Del año de mil novecientos sesenta y uno al año de mil novecientos sesenta y tres, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, estudió Filosofía en el Seminario de Misiones con el objeto de ordenarse como Sacerdote.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Antonio Álvarez González y Presbítero Juan José Corona López.

9.- Del mes de octubre del año de mil novecientos sesenta y seis al año de mil novecientos setenta, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, estudió la Licenciatura en Teología en la Universidad de Friburgo, en Suiza, lo anterior se acredita con la copia certificada del titulo que al efecto expidió la citada Institución y su correspondiente traducción al español, que al presente se acompañan como (anexos 5 y 6).

10.- Del año de mil novecientos setenta y tres al año de mil novecientos setenta y cinco, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Párroco en la Parroquia de San Antón, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Monseñor Luís Rodríguez Martín del Campo y al Presbítero José Luis Alquicira Solis.

11.- Del año de mil novecientos setenta y seis al año de mil novecientos noventa y cinco, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Párroco en Santa Catarina en la Diócesis de Cuernavaca, Estado de Morelos.

En estos años, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, fue también Ecónomo Diocesano y Representante Episcopal, ante las Autoridades en sus tres niveles, esto es Autoridades Municipales, Estatales y Federales.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Antonio Espinoza Machuca y Carmen Linares de Fraustro.

12.- Durante cinco años, esto es del año mil novecientos setenta y nueve al año de mil novecientos ochenta y cuatro, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Director Espiritual del Seminario de la Diócesis de Cuernavaca, Estado de Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Antonio Espinoza Machuca y Monseñor Enrique Glennie Graue.

13.- Del año de mil novecientos ochenta y cuatro al año de mil novecientos ochenta y siete, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, se desempeñó como Secretario Canciller de la Diócesis de Cuernavaca, Estado de Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Antonio Espinoza Machuca y Luis Rodríguez Martín del Campo.

14.- Adicionalmente, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, del año de mil novecientos ochenta y seis al año de mil novecientos noventa y cinco, se desempeñó como

Rector del Seminario Conciliar "San José de Cuernavaca", en la Diócesis de Cuernavaca, Estado de Morelos, señalando, que en dicho periodo llevó a cabo la construcción de sus actuales instalaciones.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Antonio Espinoza Machuca y José Luis Alquicira Solis.

15.- El día once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, fue nombrado por su Santidad Juan Pablo II, Monseñor Proto-Notario Apostólico, cuya función es certificar y legalizar documentos Papales que lleguen a la Diócesis, lo anterior se acredita con la copia certificada del titulo y nombramiento que al efecto se expidió y su correspondiente traducción al español, que se acompañan como (anexos 7 y 8).

16.- En el año de mil novecientos noventa y cinco, se fundó la Diócesis de Ecatepec, erigiéndose como Primer Obispo de la Misma, al suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, lugar en el que presta tal servicio hasta la fecha, como Pastor, Maestro y Guía, lo anterior se acredita con las fotografías de los documentos expedidos por Juan Pablo II de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, que al presente se acompañan como (anexos 9 y 10).

Durante el desempeño del suscrito como Obispo de la Diócesis de Ecatepec, ha llevado a cabo la construcción de la Catedral y Seminario, restaurando, además, El Convento contiguo a la Catedral, mismo que fue construido originalmente en mil quinientos sesenta y ocho.

17.- Del año mil novecientos noventa y seis al año de mil novecientos noventa y nueve, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva se desempeñó como Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Mexicana.

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Norberto Rivera Carrera y Padre Alfonso López Muñoz.

18.- El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, ha sido predicador a nivel mundial del movimiento Católico denominado "Renovación Cristiana del Espíritu Santo".

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta al Arquitecto Arturo Gómez Elizalde y a la Señora Carmen Linares de Fraustro.

19.- El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, ha sido autor de diversas obras, como son:

19.1.- "Amigo de Dios", siendo el suscrito su propio Editor, misma que además ha sido traducida al idioma Italiano, y editado en este idioma por la Editrice Italiana "Del Rinovamento Nello Spiritu Santo", lo anterior se acredita con el ejemplar del título antes indicado que al presente se acompaña como (anexo 11) y su edición en el idioma italiano que al presente se acompaña como (anexo 12).

19.2.- "Con María en el Espíritu Santo", siendo el suscrito su propio Editor, lo anterior se acredita con el ejemplar del título antes indicado que al presente se acompaña como (anexo 13).

19.3.- "De Simón a Pedro de Pecador a Santo", siendo el suscrito su propio Editor, misma que además ha sido traducida al idioma Italiano, bajo el titulo "Tuto Poi Cambiare" y editado en este idioma por la Editrice Italiana "Del Rinovamento Nello Spiritu Santo" lo anterior se acredita con el ejemplar del título antes indicado que al presente se acompaña como (anexo 14) y su edición en el idioma italiano que al presente se acompaña como (anexo 15).

Todos los libros, antes precisados se han editado tanto en el país como en el extranjero, en múltiples ocasiones.

20.- Con el objeto de predicar los principios de la Religión Cristiana, aproximadamente en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, condujo el programa de televisión titulado "La Luz de Jesús", mismo que fue difundido por televisión abierta en los Estados Unidos de Norte América, Centroamérica y el Caribe, lo anterior se acredita con el Disco Compacto, que al presente se acompaña como (anexo 16).

21.- El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, ha sido predicador de conferencias magistrales a lo largo de la República Mexicana en ciudades como Guadalajara, Colima, Tijuana, Monterrey y Cuernavaca e inclusive en Estados Unidos de Norte América y Europa. Lo anterior se acredita con los Discos Compactos que al presente escrito se acompañan como (anexo 17).

En términos de lo dispuesto por el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal mi parte manifiesta que este hecho le consta a los señores Carmen Linares de Fraustro y Marco De Cario Hernández Limón.

22.- De los hechos anteriores, resulta claro que el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, es una persona que ha llevado su vida con orden y apego a las reglas morales que establece la sociedad mexicana, siendo que además es predicador de la religión Católica, y goza, públicamente, de una reputación intachable.

23.- Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil cinco, el Partido de la Revolución Democrática, emitió y difundió un comunicado, marcado con el número 209/05, firmado por su presidente Leonel Cota Montano, que a la letra dice:

"Comunicado 209/05

Lunes, 19 de diciembre de 2005

EL PRECLARO ONÉSIMO CEPEDA

La Secretaría de Gobernación deddió emitir una amonestación contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, por sus declaraciones en contra de nuestro candidato a la presidencia de la República.

No es la primera vez que el citado obispo busca descalificar a nuestro partido o a nuestros dirigentes. Cepeda se ha caracterizado por su cercanía con los corruptos gobernantes del Estado de México y con el grupo Altacomulco; se ha caracterizado también por su cinismo y sus posiciones reaccionarias.

Cepeda es un mercader de la religión y la política. Es un hombre que se caracteriza por sus lujos y sus privilegios. En el PRD no lo consideramos una voz autorizada de la iglesia Católica y si, en cambio creemos que es una de sus manifestaciones más grotescas y corruptas.

Celebramos la amonestación emitida por las autoridades federales y esperamos que sirva para que en el futuro el prelado se comporte con mayor responsabilidad, aunque conociéndolo, eso es improbable, por no decir imposible. DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS

Lic. Leones Cota Montaño. Presidente del CEN del PRD".

El comunicado anterior, fue difundido en los siguientes medios masivos de comunicación:

23.1.- Página de Internet del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la siguiente dirección:

"www.prd.org.mx/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=209%2F05⊂ mit=Buscar&searchphrase=any&orderíng=^::newest". Lo anterior se acredita con la copia certificada por el Notario Público número 80 de Naucaplan de Juárez, Estado de México, Licenciado Daniel Goñi Díaz, de la página de Internet antes indicada, que al presente se acompaña como (anexo 18).

23.2.- Periódico Reforma, página número nueve, sección Nacional, en el artículo titulado "Llaman a Obispo por proselitismo", de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, que al presente se acompaña el original de la página mencionada como (anexo 19).

El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, tiene conocimiento de que el periódico mencionado tiene un promedio diario de circulación de aproximadamente 150,500 (ciento cincuenta mil quinientos) ejemplares; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no obran en poder del suscrito documento y/o información para acreditar lo anterior, ya que no cuento con el acceso a los documentos de donde se desprenda dicha información, en virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se solicitó a la empresa Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V., informe a su Señoría el tiraje exacto del periódico en comento, en términos de la solicitud donde consta el sello de recibido que al presente se acompaña como (anexo 20).

23.3.- Periódico La Jornada, página número dieciocho, sección Política, en el artículo titulado "Presentan denuncia contra Onésimo Cepeda", de fecha dieciocho de enero de dos mil seis, que al presente se acompaña el original de la página mencionada como (anexo 21).

23.4.- Programa de televisión transmitido en el canal 2, Noticiero con Joaquín López Doriga, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil cinco, lo anterior consta en el Disco Compacto que se acompaña como (anexo 22), en relación con el programa de televisión antes mencionado, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que el suscrito no tiene en su poder la certificación del mismo, por lo que solicitó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación certificación del programa mencionado, en términos del escrito donde consta sello que al presente se acompaña como (anexo 23).

23.5.- Página de Internet con la siguiente dirección: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/499291.html. Lo anterior se acredita con la copia certificada por el Notario Público número 80 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado Daniel Goñi Díaz, de la página de Internet antes indicada, que al presente se acompaña como (anexo 24).

23.6.- Periódico Diario Monitor, página 6A, en el artículo titulado "PRD e Iglesia retoman los encontronazos", de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco, que al presente se acompaña como (anexo 25). Además, para acreditar lo anterior se acompaña copia certificada por Notario Público número 80 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado Daniel Goñi Díaz, de la página de Internet: http://www.diaríomonitor.com.mx/hemeroteca/l 13515078l/pais-06-21122005.pdf, que al presente se acompaña como (anexo 26).

23.7.- Periódico Excelsior, página 12-A, en el artículo titulado "Perredistas dan por Terminado el Diferendo con la Jerarquía Católica", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, al presente se acompaña el original de la página mencionada como (anexo 27).

El suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva tiene conocimiento de que el periódico Excelsior tiene un promedio diario de circulación de aproximadamente 37,328 treinta y siete mil trescientos veintiocho ejemplares, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no obran en poder del suscrito documento y/o información para acreditar lo anterior, por que no cuento con el acceso a los documentos de donde se desprenda dicha información, en virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se solicitó a la empresa Excelsior CÍA. Editorial, S.C. de R.L., informe a su Señoría el tiraje exacto del periódico en comento, en términos de la solicitud donde consta el sello de recibido que al presente se acompaña como (anexo 28).

Aunado a las pruebas antes mencionadas, y para los efectos de acreditar la difusión y circulación de los medios de comunicación impresos antes señalados, al presente se acompaña en original el Directorio MPM, Tarifas y Datos Medios Impresos, Editado por Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., en su edición número 188 (ciento ochenta y ocho), al mes de noviembre de dos mil cinco, como (anexo 29). BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no obran en poder del suscrito el Directorio antes indicado que contenga la información al mes de diciembre de dos mil cinco, toda vez que a la fecha no ha sido publicado, en virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se solicitó a la empresa Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., remita a su Señoría la publicación indicada, en términos de la solicitud donde consta el sello de recibido que al presente se acompaña como (anexo 30).

24.- Del comunicado emitido por los demandados y difundido en diversos medios masivos de comunicación, referido en el hecho inmediato anterior, se desprende claramente que el Partido de la Revolución Democrática y su presidente Leonel Cota Montano, en un supuesto ejercicio de su libertad de expresión, inexplicablemente imputan en forma dolosa y sin apego a la verdad, hechos ilícitos al suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, siendo que además se refieren a su persona en forma totalmente despectiva, como se explica a continuación:

24.1.- "Cepeda se ha caracterizado por su cercanía con los corruptos gobernantes del Estado de México y con el grupo Altacomulco..."; lo anterior constituye una imputación falsa que pretende hacer creer que el suscrito, al tener "cercanía" con personas que los demandados tienen por corruptas, también lo es.

24.2.- "... se ha caracterizado por su cinismo y sus posiciones reaccionarias..."; se imputa al suscrito ser una persona cínica, siendo que cínico es aquél que comete actos vergonzosos, particularmente mentir, sin ocultarse y sin sentir vergüenza. Además se imputa al suscrito tener posiciones reaccionarias, lo cual es falso completamente, ya que implicaría que el suscrito tiene una participación activa en la política nacional.

24.3.- "Cepeda es un mercader de la religión y la política..."; la palabra mercader se utiliza para definir a los comerciantes en forma peyorativa y para aludir al uso impropio o abusivo de dicha actividad, resulta que los, demandados imputan al suscrito ser un "comerciante" (impropio y abusivo) tanto de la religión como de la política, siendo que además ni la religión ni la política pueden considerarse objetos de comercio y la vida y prédica del suscrito desmienten inequívocamente tal interpretación.

24.4.- Manifiestan ilegalmente que el suscrito es "una de las manifestaciones más grotescas y corruptas" de la Iglesia Católica.

24.5.- "...y esperamos que sirva para que en el futuro el prelado se comporte con mayor responsabilidad, aunque, conociéndolo, es improbable, por no decir que imposible"; manifiestan que el suscrito no se conduce con responsabilidad, por lo que imputan que el suscrito es una persona irresponsable.

25.- Cabe precisar que el comunicado emitido por los demandados resulta ser totalmente falso, siendo que con fecha diecinueve de enero de dos mil seis, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Dirección de Normatividad de la Secretaría de Gobernación, notificó al suscrito la resolución contenida en el oficio número DGAR/598/2006, por virtud del cual le comunica que no es procedente iniciar procedimiento administrativo sancionador previsto por el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, lo anterior se acredita con la copia certificada de la resolución señalada, que al presente escrito se acompaña como (anexo 31).

26.- El ilegal comunicado emitido y difundido por el Partido de la Revolución Democrática y su presidente Leonel Cota Montano, agravia al suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva y a la Diócesis de Ecatepec, Asociación Religiosa que represento, siendo que

también trascendió a sus feligreses, lo anterior se acredita con las cartas en original que al presente se acompañan como (anexos 32 al 44).

27.- El artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que la persona o personas que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causen un daño, estarán obligados a repáralo. En el mismo orden de ideas, el artículo 1830 del mismo ordenamiento legal, establece que se considera hecho ilícito, aquél que sea contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

En la especie, resulta claro, que:

27.1.- Los demandados han cometido una conducta ilícita, consistente en la violación al artículo 6^o Constitucional, ya que en ejercicio excesivo y lesivo de la libertad de expresión e información, imputan en forma falsa al suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, injurias y afirmaciones falsas y despectivas sobre su persona, atentando así mi buena fama.

27.2.- La conducta ilícita cometida por los demandados, ha causado una afectación en los sentimientos, afecto, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, y en la consideración de que sí mismo tienen los demás. Lo anterior, ya que teniendo el suscrito una excelente reputación, los demandados le imputan actitudes y características falsas sobre su persona, afectando inclusive a su familia.

27.3.- Existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita de los demandados y el daño causado al suscrito, ya que lo que origina la afectación en los bienes jurídicamente tutelados por el daño moral, es precisamente la consideración que de su persona tienen los demás.

28.- De las conductas ilícitas, anteriormente señaladas, se desprende que los demandados, aún y cuando se encontraban en ejercicio de sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, al no ejercer éstos dentro de las limitaciones constitucionales, son responsables civilmente del daño ocasionado y están obligados a repararlo en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. En efecto:

28.1.- La protección conferida a quienes ejercen sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, no alcanza a quienes con inadmisible abuso de su libertad utilizan los medios de comunicación masivos con el fin de ofender la integridad moral y los derechos de terceros.

28.2.- En la conducta de los demandados se observa que en pleno ejercicio de su libertad de expresión e información, generan una noticia relevante, siendo que deciden rebasar los límites de su libertad de expresión e información, e imputan dolosamente y sin ningún fundamento actitudes y características falsas del suscrito que causan daño moral.

29.- Sentado lo anterior, resulta procedente que los demandados reparen el daño moral causado con las conductas ilícitas ya citadas, para lo cual procede una indemnización a favor del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva.

Sobre el tema de la reparación del daño moral, es pertinente destacar que existen dos corrientes teóricas, a saber:

29.1.- La de la comprobación objetiva del daño, que establece dos elementos a justificar para que proceda la demanda de indemnización por concepto de daño moral y que son: a) la relación jurídica que vincula al sujeto activo, con el agente pasivo o agraviado; y b) la existencia del hecho u omisión ilícito que lesionó uno o varios de los bienes que tutela la figura (conducta antijurídica y realidad del ataque). Conforme a esta corriente el daño moral no debe ser acreditado en su efectiva existencia, sino que se actualiza con el sólo acto antijurídico en que se fundamenta.

29.2.- La de la comprobación subjetiva del daño, que exige la justificación de la existencia efectiva y extensión o gravedad del daño.

Desde un punto de vista subjetivo, la prueba de la existencia del daño moral sería imposible, ya que atendiendo a la posición irreconciliable de posturas habida entre actor y los demandados, éstos nunca coincidirían en cuando un bien moral está o no verdaderamente conculcado, pues habría tantos criterios subjetivos sobre la actualización y certeza del daño, y de su gravedad, como individuos que se expresaran al respecto.

Desde el punto de vista objetivo, el actor no tiene por qué demostrar ante el juzgador la intensidad del dolor sufrido o la magnitud del daño internamente causado, sino que el daño moral será justificado desde el momento en que se acredite la ilicitud de la conducta y la realidad del ataque, lo que igualmente demostrará la vinculación jurídica entre agresor y agraviado.

En nuestra legislación vigente, se advierte que el legislador adoptó la postura más moderna sobre la prueba del daño moral, rechazando absolutamente la comprobación subjetiva y admitiendo la valoración objetiva del agravio extrapatrimonial.

Lo anterior deriva de la parte conducente de la exposición de motivos de la reforma al artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, que se realizó en el año de mil novecientos ochenta y dos, en la que se señaló:

"La necesidad de una efectiva renovación moral de la sociedad exige, entre otras medidas, adecuar las normas relativas a la responsabilidad civil que produce el daño moral, por ser imprescindible la existencia de una vía accesible y expedita para resarcir los derechos cuando sean ilícitamente afectados.

El respeto a los derechos de la personalidad, garantizado mediante la responsabilidad civil establecida a cargo de quien los conculque, contribuirá a completar el marco que nuestras leyes establecen para lograr una convivencia en la que el respeto a las libertades no signifique la posibilidad de abusos que atenten contra las legítimas afecciones y creencias de los individuos ni contra su honor o reputación.

Bajo la denominación de derechos de la personalidad se viene designando en la doctrina civilista contemporánea y en algunas leyes modernas, una amplia gama de prerrogativas y poderes que garantizan a la persona el goce de sus facultades y el respeto al desenvolvimiento de su personalidad física y moral.

La persona posee atributos inherentes a su condición que son cualidades o bienes de la personalidad y que el derecho positivo debe reconocer y tutelar adecuadamente mediante la concesión de un ámbito de poder y el deber general de respeto que se impone a los terceros, el cual, dentro del derecho civil, deberá traducirse en la concesión de un derecho subjetivo para obtener la reparación en caso de transgresión.

La reparación del daño moral se logra a base de una compensación pecuniaria, de libre apreciación por el Juez. Hoy este principio es unánimemente admitido por las legislaciones y por la jurisprudencia, desechando los escrúpulos pasados en valorar pecuniariamente un bien de índole espiritual.

Nuestro Código Civil vigente, al señalar que la reparación del daño moral sólo puede intentarse en aquellos casos en los que coexiste con un daño patrimonial y al limitar el monto de la indemnización a la tercera parte del daño pecuniario, traza márgenes que en la actualidad resultan muy estrechos y que la más de las veces impiden una compensación equitativa para los daños extrapatrimoniales.

El Ejecutivo a mi cargo considera que no hay responsabilidad efectiva cuando el afectado no puede exigir fácil, práctica y eficazmente su cumplimiento, que la responsabilidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad o inadecuación en las sanciones frente a su incumplimiento. Por congruencia con lo anterior, en materia de responsabilidad por daño moral es necesario ampliar las hipótesis para la procedencia de la reparación. Lo anterior es particularmente importante en los casos en que a través de cualquier medio, incluyendo los de difusión, se ataca a una persona atribuyéndole supuestos actos, conductas o preferencias, consideradas como ilegales o violatorias de los valores morales de la sociedad..."

De lo anterior se desprende que, de acuerdo a las corrientes para la prueba del daño moral que sigue el derecho mexicano, lo único que corresponde a mi parte probar son los elementos del daño moral, esto es la conducta ilícita, el daño causado y su nexo causal. Siendo que en la especie, el daño moral ocasionado por imputaciones y señalamientos falsos en un medio de comunicación masivo, se actualiza y acredita con la existencia del acto antijurídico que lo ocasionó.

Lo anterior ha sido confirmado por los siguientes criterios jurisprudenciales:

"DAÑO MORAL. PRUEBA DEL MISMO. Siendo el daño moral algo subjetivo, no puede probarse en forma objetiva como lo alegan los quejosos, al señalar que el daño moral no fue probado, puesto que existe dificultad para demostrar la existencia del dolor, del sentimiento herido por atender a las afecciones íntimas, al honor y a la reputación, por eso la víctima debe acreditar únicamente la realidad del ataque."

Amparo directo 8339/86. G.A. y otra. 6 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martínez González.

Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 217-228 Cuarta Parte. Página: 98.

"DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO. El derecho mexicano no define lo que es la moral para el orden jurídico, pues el concepto varía de acuerdo con la época y medio social imperante; sin embargo, dado que constituye un derecho de la personalidad, se reconoce y tutela en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que debe entenderse como daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por tanto, la publicación en un medio de comunicación masivo de expresiones que, ponderadas de acuerdo con las reglas generales de la lógica y la experiencia a que hace referencia el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, vulneren el respeto que se debe a una persona y que la hacen digna de estimación y credibilidad, constituyen la prueba de que se produjo ese daño, pues determinan la afectación a la consideración que de sí misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho notorio que el tipo de expresiones proferidas menoscaben la integridad moral, conforme a lo dispuesto por el precepto 286 del código adjetivo civil en cita. Lo que no implica atentar contra la libertad de expresión, pues el artículo 6o. constitucional no contiene una consagración en abstracto de esa libertad, sino una regulación jurídica que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar ideas y hace responsable a quien emite su opinión si de ello derivan consecuencias jurídicas, como los ataques a la moral." DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 769/2000. Isabel Arvide Limón. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita Morrison Pérez. Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Mayo de 2001, Tesis: 1.1 Oo.C. 15 C, Página: 1119

30.- Las expresiones vertidas en contra del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, fueron proferidas con un claro ánimo calumniador, ya que falsamente se le imputa la realización de conductas de las más viles y penadas por nuestro sistema legal, así como las de mayor reproche social. El daño causado resulta aún más grave al haberse difundido no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. El medio de comunicación masivo, a través del cual se hicieron las imputaciones al suscrito, tiene los alcances que se narran en los hechos siguientes.

31.- La empresas Telesitema Mexicano, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V. transmitieron y difundieron el programa de televisión Noticias con Joaquín López Doriga, en el que se difundió el ilegal comunicado emitido por el Partido de la Revolución Democrática y su presidente Leonel Cota Montaño, a través del Canal 2, siendo que dichas empresas operan 225 estaciones concesionadas y 32 afiliadas, que en su conjunto forman dos cadenas nacionales y una cadena seminacional.

El Canal 2 y su noticiero, cuenta con 128 estaciones repetidoras distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, como son: Baja California: Ensenada (Canal 57), Mexicali (Canal 14) y Tijuana (Canal 57); Baja California Sur: Ciudad Constitución (Canal 11), Guerrero Negro (Canal 2), La Paz (Canal 2) y San José del Cabo (Canal 2); Campeche: Campeche (Canal 8), Ciudad del Carmen (Canal 11) y Escarcega (Canal 5); Coahuila: Allende (Canal 48), Ciudad Acuña (Canal 34), Monclava (Canal 35), Nueva Rosita (Canal 23), Parras (Canal 4), Piedras Negras (Canal 46) y Torreón (Canal 11); Colima: Armería (Canal 6), Colima (Canal 7) e Isla Socorro (Canal 10); Chiapas: Arriaga (Canal 8), Cintalapa (Canal 12), Comitán (Canal 3), Huixtla (Canal 8), Ocosingo (Canal 8), San Cristóbal (Canal 13), Tapachula (Canal 5), Tuxtla (Canal 12), Venustiano Carranza (Canal 13) y Villaflores (Canal 7); Chihuahua: Ciudad Camargo (Canal 7), Ciudad Cuauhtémoc (Canal 5), Ciudad Delicias (Canal 6), Ciudad Jiménez (Canal 8), Ciudad Juárez (Canal 2), Ciudad Madera (Canal 7), Chihuahua (Canal 13), Hidalgo del Parral (Canal 7), Nuevo Casas Grandes (Canal 6), Ojinaga (Canal 15), San Buenaventura (Canal 7) y Santa Bárbara (Canal 2); Distrito Federal (Canal 2); Durango (Canal 5); Giianajuato: León (Canal 2); Guerrero: Acapulco (Canal 2), Chilpancingo (Canal 12), Iguala (Canal 9), Ixtapa-Zihuatanejo (Canal 8), Ometepec (Canal 2) y Tecpan de Galeana (Canal 2); Hidalgo: Tulancingo (Canal 10); Jalisco: Atotonilco (Canal 8), Autlán de Navarro (Canal 11), Guadalajara (Canal 2), La Barca (Canal 5) y Puerto Vallarta (Canal 11); Estado de México: Altzomoni (Canal 10) y Toluca (Canal 10); Michoacán: Apatzingán (Canal 2), Ciudad Hidalgo (Canal 13), Lázaro Cárdenas (Canal 13), Los Reyes (Canal 12), Morelia (Canal 9), Puruándiro (Canal 9), Sahuayo (Canal 8), Uruapan (Canal 5), Zamora (Canal 3), Zinapécuaro (Canal 9) y Zitácuaro (Canal 3); Nayarit: Acaponeta (Canal 13), Islas Marías (Canal 3), Santiago Ixcuintla (Canal 12) y Tepic (Canal 13); Nuevo León: Monterrey (Canal 10); Oaxaca: Huajuapan de León (Canal 5), Miahuatlán (Canal 2), Oaxaca (Canal 7), Palmasola (Canal 5), Pinotepa Nacional (Canal 11), Puerto Ángel (Canal 11) y Puerto Escondido (Canal 2); Puebla: Zacatlán (Canal 2); Querétaro: Zamorano (Canal 3); Quintana Roo: Cancún (Canal 2), Cozumel (Canal 3) y Chetumal (Canal 4); San Luis Potosí: Ciudad Valles (Canal 3), Matehuala (Canal 2), San Luis Potosí (canal 2) y Tamazunchale (Canal 7); Sinaloa: Culiacán (Canal 7), Los Mochis (Canal 4) y Mazatlán (Canal 12); Sonora: Agua Prieta (Canal 17), Caborca (Canal 8), Cananea (Canal 56), Guaymas (Canal 5), Hermosillo (Canal 23), Magdalena (Canal 20), Navojoa (Canal 8), Puerto Peñasco (Canal 2) y San Luis Rio Colorado (Canal 44); Tabasco: Frontera (Canal 11), La Venta (Canal 13), Tenosique (Canal 8) y Villahermosa (Canal 3); Tamaulipas: Ciudad Mante (Canal 10), Ciudad Victoria (Canal 11), Matamoros/Reynosa (Canal 17), Nuevo Laredo (Canal 11), Rosita Villagrán (Canal 4), San Fernando (Canal 25), Soto la Marina (Canal 10) y Tampico (Canal 4); Veracruz: Cerro Azul (Canal 10), Coatzacoalcos (Canal 2), Las Lajas (Canal 7) y San

Andrés Tuxtla (Canal 3); Yucatán: Mérida (Canal 9) y Valladolid (Canal 8); Zacatecas: Jalpa (Canal 3), Nochistlán (Canal 3), Sombrerete (Canal 13), Tlaltenango (Canal 5), Valparaíso (Canal 7) y Zacatecas (Canal 8).

Lo anterior, se traduce en que la conducta ilícita de los demandados y las acusaciones calumniosas proferidas en contra del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, cuando menos se transmitieron en los canales de televisión de las Ciudades antes señaladas, lo anterior sin perjuicio de que la cobertura de las estaciones concesionadas y afiliadas de la empresa Telesistema Mexicano, S.A. de C.V., supera los 19.9 millones de telehogares, con una penetración del 99% a nivel nacional.

Para acreditar lo anterior, al presente se acompañan como (anexos 45 y 46) copias certificadas por el Notario Público 112 del Distrito Federal, de las páginas de Internet donde se contiene la información antes señalada.

Cablevisión, S.A. de C.V., es una empresa que provee de servicios de televisión por cable y dentro de los servicios que ofrece se encuentran los canales de entretenimiento, noticias y programas informativos, incluyendo los Canales 2, 4, 5 y 9, lo que implica que el programa Noticias con Joaquín López Doriga es transmitido por la empresa Cablevisión, S.A. de C.V., con alcance a todo el continente americano.

Para los efectos de que su Señoría cuente con elementos suficientes para determinar el monto de la indemnización, a título de reparación del daño moral, el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, tiene conocimiento de que al año dos mil dos, Cablevisión, S.A. de C.V. contaba con más de 412,000 suscriptores. Lo anterior se acredita con las copias certificadas por el Notario Público 112 del Distrito Federal, de las páginas de Internet donde se contiene la información indicada y que al presente se acompañan como (anexos 47 y 48).

32.- La página de Internet http://www.esmas.com, donde también se difundió el ilegal comunicado materia del presente juicio, tiene alcance a nivel mundial, siendo que dicha página se ha colocado como el portal líder en México. Lo anterior se acredita con las copias certificadas por el Notario Público 112 del Distrito Federal, de las páginas de Internet donde se contiene la información indicada y que al presente se acompañan como (anexo 49).

33.- Asimismo, la empresa Innova, S. de R.L. de C.V. que utiliza el nombre comercial de "Sky", ofrece el servicio de televisión vía satélite, siendo que también transmite a sus usuarios la programación del Canal 2 y por ende el programa Noticias con Joaquín López Doriga. La empresa señalada al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, contaba con más de 1'002,500 de suscriptores. Lo anterior se acredita con las copias certificadas por el Notario Público 112 del Distrito Federal, de las páginas de Internet donde se contiene la información indicada y que al presente se acompañan como (anexos 50, 51, 52 y 53).

34.- En resumen, esta demanda fundamentalmente tiene su sustento en que, sin causa jurídica o material, ha sido lesionada en sus derechos la personalidad del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, así como afectado su honor y reputación, lo cual lesiona y afecta su integridad moral; situación que no debe soportar el suscrito, pues acarrea consecuencias indeseables en todos los ámbitos de su vida, tanto pública como privada.

En atención a lo anterior, los autores del daño moral del que ha sido objeto el suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva deben indemnizarlo de acuerdo a la ilicitud de su conducta y en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

35.- A efecto de que su Señoría pueda determinar el monto de la indemnización que a título de reparación por el daño moral causado al suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, deberá tomar en cuenta:

35.1.- El curriculum vitae del suscrito que revela la alta calidad de su preparación y actividades, tanto en el mundo académico como en la vida pública nacional, así como su destacada actuación como Sacerdote y Obispo.

35.2.- La riqueza que revela la situación económica de los demandados, quienes son solidariamente responsables por el daño moral causado al suscrito.

35.3.- Que los hoy demandados son una persona física con preparación académica y que la persona moral cuentan con funcionarios y asesores también suficientemente preparados, por lo que el grado de su responsabilidad se agrava tanto por su situación económica, como por los medios que tienen para conocer las consecuencias de sus conductas.

De lo antes expuesto, a efecto que su Señoría este en posibilidad de corroborar la situación económica de que gozan los demandados, quienes son solidariamente responsables por el daño moral que nos ocupa, acompaño al presente escrito como (anexo 54), la escritura pública número 102,085 (ciento dos mil ochenta y cinco), la cual contiene la fe de hechos realizada a la página de Internet del Instituto Federal Electoral, que muestra el financiamiento público del año dos mil cinco, del que gozó la demandada.

35.4.- Para que su Señoría cuente, además, con la percepción del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva sobre el daño causado, considera que debe ser una cantidad no menor a $750'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), teniendo en cuenta el grado de responsabilidad de los demandados, la gravedad del daño ocasionado, los derechos lesionados, la situación económica de los responsables, la del suscrito y las demás circunstancias que ya se han narrado.

DERECHO:

1.- COMPETENCIA.- Su Señoría es competente para conocer del presente juicio, de acuerdo con los artículos 2, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 157 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con lo que disponen los artículos 1^o, 2^o fracción I, 52, 54 fracción III y demás relativos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.

2.- ACCIÓN.- Las acciones intentadas encuentran su fundamento en lo dispuesto por los artículos 1^o, fracción I, 4^o, 5^o, a contrario sensu, 14, 17, fracción II, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Imprenta, en relación con lo que dispuesto por los artículos 1910, 1912, 1915, 1916, 1916 bis, 1917 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal.

Son aplicables en cuanto al fondo, las tesis jurisprudenciales y los precedentes, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito, citados a lo largo del presente escrito, así como las siguientes:

"RESPONSABILIDAD CIVIL.- Es independientemente de la penal, y por lo mismo, aunque no exista una condenación de orden criminal, puede haber condena de responsabilidad civil."

Quinta Época, Tomo LXXXVIII, Página 619. Cía Jabonera del Norte, S.A.

"REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. CONDENA. PAGO DE, DEBE ATENDERSE CAPACIDAD ECONÓMICA. Aunque en la sentencia de primer grado no se haya precisado que se trataba de un daño moral por la naturaleza de los delitos cometidos, y la circunstancia de que para la cuantificación del monto del daño causado se remite a la legislación laboral, ello no implica que deba desatenderse a la capacidad económica del sentenciado por estar expresamente determinado en el artículo 32 del Código Penal para el Estado de México. De ahí que para la reparación del daño moral en cuanto a su pago debe atenderse a la capacidad económica del obligado a ello y si no quedó acreditada tal capacidad, la condena al pago de daño moral es ilegal."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 76/95. Manuel Rivera Cruz. 28 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

"DAÑO MORAL. LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONDENA A RESARCIR EL, SOLO PROCEDE EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HA MENOSCABADO O MANCILLADO EL HONOR DE LA PERSONA AFECTADA. Acorde con lo preceptuado por el artículo 1916, último párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que si bien es cierto que se establece como medida idónea de un resarcimiento moral, la publicación de la sentencia que condena a una persona física o moral que resulte responsable de un daño causado; también lo es que esa sanción sólo es procedente en aquellos casos en que el daño moral afecta a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, toda vez que es en esa circunstancia en que el espíritu del legislador, quiso que a través de los medios de información, se diera una reparación natural, por ejemplo, de un honor menoscabado, como lo es una difamación, etcétera, pretendiendo con ello compensar de alguna manera el mal causado, con el ánimo de que por medio de una divulgación, se anule alguna noticia propalada o no; pero no así cuando el detrimento se ocasiona en el aspecto físico, a más de otros males inmateriales de difícil evaluación."

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 326/96. Hospital Santelena, S.A. de C.V. 15 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.

El patrimonio de las persona se integra por el patrimonio económico y el patrimonio moral o afectivo. El patrimonio moral o afectivo, se ha clasificado en:

a) La parte social, que comprende el decoro, reputación, honor y consideración que de un individuo tienen los demás.

b) La parte afectiva, que comprende los afectos, creencias, sentimientos, vida privada, así como configuración y aspectos físicos de un individuo.

La figura del daño moral, tutela precisamente el patrimonio moral o afectivo de las personas, en los términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que a la letra establece:

"Art. 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afecto, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad a la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual o extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al articulo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la victima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la victima, así como las demás circunstancias del caso. Cuando el daño moral haya afectado a la victima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de éste y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere conveniente. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenara que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original".

En efecto, del precepto legal antes trascrito, se desprende:

Los bienes jurídicos tutelados son: sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, la consideración que de una persona tienen los demás (patrimonio moral o afectivo).

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan una afectación en cualquiera de los bienes tutelados, el responsable tendrá la obligación de reparar la afectación.

La clasificación de los bienes jurídicos que el daño moral tutela, no se da de manera exhaustiva, por lo tanto, dicha clasificación no es limitativa, sino enunciativa y genérica, como consecuencia, el daño moral admite analogía de bienes en cuanto a su conculcación.

El daño moral es autónomo, es decir, la responsabilidad civil proveniente del daño moral no se encuentra relacionada ni supeditada a la existencia de otro tipo de responsabilidad civil o penal.

Lo anterior ha sido confirmado por los criterios judiciales que a continuación se transcriben:

"RESPONSABILIDAD CIVIL.- Es independientemente de la penal, y por lo mismo, aunque no exista una condenación de orden criminal, puede haber condena de responsabilidad civil." Quinta Época, Tomo LXXXVIII, Página 619. Cía Jabonera del Norte, S.A.

"DAÑO MORAL. SU PAGO ES INDEPENDIENTE DE QUE SE HUBIERE DEMOSTRADO O NO QUE SE CAUSARON DAÑOS Y PERJUICIOS. El texto del artículo 1745 del Código Civil para el Estado de México es claro al establecer, en lo conducente, que "independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar, en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquella muere, una indemnización equitativa, a título de reparación moral que pagará el responsable del hecho...". De lo que se sigue que no es necesario demostrar previamente que se causaron daños y perjuicios para que pueda ser procedente el pago de daño moral."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 590/92. Alicia Mendoza Almaraz viuda de Villa. 29 de octubre de 1992.

Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Abril de 1993, Página: 237

"DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se estableció por primera vez el concepto de daño moral en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, como la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho, actividad, conducta o comportamiento ilícitos. Los tratadistas conciben el daño moral como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, entre otros. Sobre esa base, para que sea procedente la acción de daño moral, es menester que el actor demuestre los siguientes elementos: a) la existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona denominada autora; b) que ese hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada persona, en cualquiera de los bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal; y, c) que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho antijurídico y el daño." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3203/2002. Edna Aidé Grijalva Larrañaga. 27 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

De conformidad con lo anterior, para la procedencia de la acción de daño moral es necesario acreditar:

La existencia de un hecho o conducta ilícita.

Que el hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada persona, en cualquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

Que haya una relación de causalidad entre el hecho o conducta ilícita y el daño.

3.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento se rige por lo dispuesto en los artículos 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 288, 289 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

1.- Copia certificada de la escritura pública número 1,389 (mil trescientos ochenta y nueve) otorgada ante la fe del Notario Público número 11 (once) del Distrito de Tlanepantla, Estado de México, Licenciado Juan José Galarza Ruiz, que al presente se acompaña como (anexo 1).

2.- Copia simple del acta de nacimiento de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y siete, del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 2).

3.- Copia simple del diploma de bachiller del suscrito José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por el Instituto Patria, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 3).

4.- Copia certificada del Título Profesional de Licenciado en Derecho del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y dos, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 4).

5.- Copia certificada del Título Profesional de Licenciado en sagrada Teología del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por la Universidad de Friburgo en Suiza, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 5).

6.- Traducción al idioma español del Título Profesional de Licenciado en sagrada Teología del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por la Universidad de Friburgo en Suiza, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 6).

7.- Copia certificada del título y nombramiento de Protonotario Apostólico Supranumerario del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por su Santidad Juan Pablo II, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 7).

8.- Traducción al idioma español del título y nombramiento de Protonotario Apostólico Supranumerario del suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, emitido por su Santidad Juan Pablo II, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 8).

9.- Fotografía de los documentos con los que se acredita que el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, soy Primer Obispo de la Diócesis de Ecatepec, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, emitida por su Santidad Juan Pablo II, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 9).

10.- Fotografía de los documentos con los que se acredita que el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, soy Primer Obispo de la Diócesis de Ecatepec, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, emitida por su Santidad Juan Pablo II, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 10).

11.- Obra denominada "Amigo de Dios", escrita y editada por el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 11).

12.- Traducción al idioma italiano de la obra denominada "Amigo de Dios", escrita y editada por el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 12).

13.- Obra denominada "Con María en el Espíritu Santo", escrita y editada por el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 13).

14.- Obra denominada "De Simón a Pedro de Pescador a Santo", escrita y editada por el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 14).

15.- Traducción al idioma italiano de la obra denominada "De Simón a Pedro de Pescador a Santo", escrita y editada por el suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 15).

16.- Disco Compacto, que contiene el programa de televisión titulado "El Salvador, C.A.", transmitido el sábado seis de julio de mil novecientos noventa y uno, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 16).

17.- Tres Discos Compactos, que contienen las siguientes conferencias:

17.1.- IX Congreso Hispano Católico Carismático Regional, de fechas diecisiete, dieciocho y diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

17.2.- "Yo mismo cuidare de mi rebaño y velare por El", de fecha seis de marzo de mil novecientos ochenta y siete.

17.3.- XXII Encuentro Latino Internacional de los Angeles", de fechas cinco, seis y siete de julio de mil novecientos noventa y seis.

Los tres Discos Compactos que contienen las conferencias antes descritas, al presente se acompañan como (anexo 17).

18.- Copia certificada de la escritura pública número 22,837 (veintidós mil ochocientos treinta y siete) otorgada por el Notario Público número 80 (ochenta) del Estado de México, Naucalpan de Juárez, la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 18).

19.- Original de la página número nueve, sección Nacional, del Periódico Reforma, de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, la cual contiene el artículo titulado "Llaman a Obispo por proselitismo", la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 19).

20.- Original del escrito de fecha quince de febrero de dos mil seis, por la que se le solicitó a la empresa Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V., informe a su Señoría el tiraje exacto del Periódico "Reforma" de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 20).

21.- Original de la página número dieciocho, sección Política, del Periódico La Jornada, de fecha dieciocho de enero de dos mil seis, la cual contiene el artículo titulado "Presentan denuncia contra Onésimo Cepeda", la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 21).

22.- Disco compacto, que contiene el programa de televisión transmitido en el canal 2, Noticiero con Joaquín López Doriga, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 22).

23.- Original del escrito de fecha catorce de febrero de dos mil seis, por la que se le solicitó a la Dirección General de radio, televisión y Cinematográfica de la Secretaría de Gobernación, una copia certificada del programa de televisión transmitido en el canal 2, Noticiero con Joaquín López Doriga, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil cinco (anexo 23).

24.- Original de la escritura pública número 22,889 (veintidós mil ochocientos ochenta y nueve) otorgada por el Notario Público número 80 del Estado de México, Naucalpan de Juárez, Licenciado Daniel Goñi Díaz, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 24).

25.- Original de la página número seis A, sección El País, del Periódico Diario Monitor, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco, la cual contiene el artículo titulado "PRD e Iglesia retoman los encontronazos", la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 25).

26.- Copia certificada de la escritura pública número 22,889 (veintidós mil ochocientos ochenta y nueve) otorgada por el Notario Público número 80 del Estado de México, Naucalpan de Juárez, Licenciado Daniel Goñi Díaz, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 26).

27.- Original de la página número doce-A, del Periódico Excelsior, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, la cual contiene el artículo titulado "Perredistas dan por Terminado el Diferendo con la Jerarquía Católica", la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 27).

28.- Original del escrito de fecha quince de febrero de dos mil seis, por la que se le solicitó a la empresa Excelsior CÍA. Editorial, S.C. de R.L., informe a su Señoría el tiraje exacto del Periódico "Excelsior" de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 28).

29.- Original del Directorio MPM, Tarifas y Datos Medios Impresos, editado por Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., en su edición número 188 (ciento ochenta y

ocho) del mes de noviembre de dos mil cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 29).

30.- Original del escrito de fecha quince de febrero de dos mil seis, por la que se le solicitó a la empresa Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., remita a su Señoría la publicación del Directorio MPM, Tarifas y Datos Medios Impresos, del mes de diciembre de dos mil cinco, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 30).

31.- Copia certificada de la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, contenida en el oficio número DGAR/598/2006, emitida por la Dirección General de Asociaciones Religiosas, Dirección de Normatividad de la Secretaría de Gobernación, la cual se acompaña al presente escrito como (anexo 31).

32.- Original del correo electrónico de fecha veintiséis de diciembre de dos mil cinco, dirigido al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signado por la señora Lizbeth Ivonne Juárez, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 32).

33.- Original del correo electrónico de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco, dirigido al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signado por el señor Mario Juárez Hernández, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 33).

34.- Original del correo electrónico de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, dirigido al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signado por la señora Elizabeth Díaz Cárcamo, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 34).

35.- Original del correo electrónico de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, dirigido al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signado por el señor Carlos Márquez Vega, el cual acompaño al presente escrito como (anexo 35).

36.- Original de la carta de fecha veintidós de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por la señora Irma Molina Ortiz, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 36).

37.- Original de la carta de fecha veintiséis de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 37).

38.- Original de la carta de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Ismael Santana Martínez, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 38).

39.- Original de la carta de fecha veinte de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por la señora Carmen R.M., la cual acompaño al presente escrito como (anexo 39).

40.- Original de la carta de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Irving Santana Martínez, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 40).

41.- Original de la carta de fecha veinticinco de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Eric Armando Villanueva J., la cual acompaño al presente escrito como (anexo 41).

42.- Original de la carta de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Noe Martín Vázquez Pérez, Director de Gobierno Municipal, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 42).

43.- Original de la carta de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Carlos David Trejo Molina, Presidente del H.C.P.C. Consejo de Participación Ciudadana, ampliación Viveros Xalostoc, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 43).

44.- Original de la carta de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, dirigida al suscrito, José Onésimo Daniel Cepeda Silva, signada por el señor Alejandro Francisco Correa Díaz, Presidente del Grupo Tulipanes, A.C., la cual acompaño al presente escrito como (anexo 44).

45.- Copia certificada de la página de Internet del Canal 2 XEW-TV, la cual acompaño como (anexo 45).

46.- Copia certificada de la página de Internet de Telesistema Mexicano, la cual acompaño como (anexo 46).

47.- Copia certificada de la página de Internet de Cablevísión, la cual acompaño como (anexo 47).

48.- Copia certificada de la página de Internet de Cablevisión, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 48).

49.- Copia certificada de la página de Internet de esmas.com, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 49).

50.- Copia certificada de la página de Internet de Sky, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 50).

51.- Copia certificada de la página de Internet de Sky, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 51).

52.- Copia certificada de la página de Internet de Sky, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 52).

53.- Copia certificada de la página de Internet de Grupo Televisa; S.A. de C.V., la cual acompaño al presente escrito como (anexo 53).

54.- Original de la escritura pública numere 102,085 (ciento dos mil ochenta y cinco) otorgada por el Notario Público número 49 del Distrito Federal, Licenciado Arturo Sobrino Franco, la cual acompaño al presente escrito como (anexo 54).

EMPLAZAMIENTO:

Los demandados, pueden ser emplazados al presente juicio en los siguientes domicilios:

1.- El señor Leonel Cota Montaño, en el ubicado en la calle de Benjamín Franklin, número ochenta y cuatro, Colonia Escandon, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11800, en esta Ciudad de México, Distrito Federal.

2.- El Partido de la Revolución Democrática, en el ubicado en la calle de Benjamín Franklin, número ochenta y cuatro, Colonia Escandon, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11800, en esta Ciudad de México, Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado por mi propio derecho y con el carácter con que me ostento, demandando de las personas mencionadas las prestaciones que se indican en el proemio de esta demanda.

SEGUNDO.- Dictar auto que admita a trámite la demanda en la vía y forma propuestas.

TERCERO.- Emplazar a los codemandados para que contesten la demanda dentro del término de Ley si tuvieren excepciones para ello, corriéndoles traslado de la demanda con las copias simples que se acompañan.

CUARTO.- Tener por exhibidos los documentos»que con el presente se acompañan, para que surtan los efectos legales que les correspondan.

QUINTO.- Substanciado que sea el procedimiento, dictar sentencia definitiva que declare procedentes y fundadas todas y cada una de las prestaciones que constituyen el objeto de esta demanda.

PROTESTO LO NECESARIO.

México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil seis.

MÉXICO, DISTRlTO FEDERAL A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.

Con el escrito de cuenta, documentos y copia simples que se acompañan, fórmese expediente y registrase bajo el número 144/2006. Se tiene por presentado a JOSÉ ONESIMO DANIEL CEPEDA SILVA, por su propio derecho y como representante legal de la DIÓCESIS DE ECATEPEC, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, personalidad que se le reconoce en términos del testimonio notarial que exhibe, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AVENIDA DE LAS PALMAS 731, DESPACHOS 501 Y 502; COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, por autorizadas a las personas que menciona, para los efectos a que hace referencia demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL de LEONEL COTA MONTAÑO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, las prestaciones que indica. Con fundamento en los artículos 255, 256, 259 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se da trámite a la demanda en la vía y forma propuestas; por lo tanto con las copias simples exhibidas debidamente cotejadas y selladas córrase traslado y emplacese a la demandada para que en el término de NUEVE DÍAS conteste la demanda y oponga sus excepciones y defensas que tuviere, así mismo se le previene para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción apercibida que en caso de no hacerlo, esta y las subsecuentes notificaciones aún los de carácter personal, le surtirán efectos por medio del boletín judicial, con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Proceda la Secretaría de Acuerdos a realizar el cotejo de los documentos exhibidos, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 fracción V del Código antes citado. Por otra parte en términos de los ordenados por el acuerdo plenario 15-02/2004 emitido por el consejo de la judicatura del distrito Federal en sesión ordinaria el trece de enero de dos mil cuatro, con apoyo en el artículo 25 de la Ley de transparencia y acceso a la información público del Distrito Federal que a la letra dice: Las autoridades que emitan las resoluciones o sentencias definitivas a que se refiere la fracción XIV de esta ley, requerirán a las partes en el primer acuerdo que dicten su consentimiento escrito para publicar sus datos personales, en el entendido de que la omisión, a desahogar dicho requerimiento constituirá su negativa en consecuencia, se requiere a las partes su consentimiento escrito para publicar sus datos personales en el entendido de que la omisión a desahogar constituirá su negativa. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. JUEZ TRIGÉSIMO QUINTO CIVIL, ante su Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Revés a PGJDF: niega juez arresto de Ahumada

2007-06-19T08:01:00.000-05:00

El juez 12 de lo penal, Rafael Ruvalcaba Ramírez, propinó un duro revés a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al negarle la orden de aprehensión contra Carlos Ahumada por el delito de fraude genérico. Inmediatamente la representación social capitalina solicitó que sean los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quienes modifiquen o confirmen dicho fallo.

El titular del Juzgado 12 no encontró los elementos suficientes para liberar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por el presunto fraude de 4 millones de pesos en agravio de la delegación Álvaro Obregón, durante la administración de Luis Eduardo Zuno Chavira.

Autoridades de ese Juzgado, radicado en el Reclusorio Norte, confirmaron que la orden de arresto fue negada por “irregularidades técnico judiciales” en la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La PGJDF responsabilizaba a Ahumada de un fraude estimado en tres millones 400 mil pesos por incumplimiento de obra pública, principalmente por trabajos de repavimentación, desazolve y señalización en calles de la demarcación.

El juez Alberto Rubalcava ya había absuelto al empresario argentino el pasado 7 de mayo de los delitos de fraude genérico en perjuicio de las delegaciones Tláhuac y Gustavo A. Madero.

Previamente, el abogado del dueño de Grupo Quart solicitó un amparo para proteger a su cliente contra las resoluciones emitidas por los cualquiera de los 69 jueces del Distrito Federal, contra las nueve salas penales y la Procuraduría de Justicia capitalina.

Sin embargo, según este recurso aprobado por el Juzgado sexto de distrito, Carlos Ahumada no autorizó a ningún abogado para que fuera notificado, puso para recibir cualquier información el domicilio de avenida Revolución, donde están las oficinas de Grupo Quart. También acreditó para notificaciones a su esposa Cecilia Gurza y a Israel Galarza, según fuentes de la PGJDF.

Sin embargo, este recurso no protege a Carlos Ahumada en caso de que se le acrediten delitos graves, como el fraude genérico que se le imputaba.

En tanto, el empresario argentino se mantiene internado en el hospital Ángeles del Pedregal donde se sometió ayer mismo a diferentes exámenes médicos.

Por su parte la Procuraduría de Justicia, por conducto del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación por la negación a obsequiar la orden de aprehensión que solicitó contra Carlos Ahumada Kurtz.

Mediante esta apelación, la PGJDF solicita que sean los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quienes modifiquen o confirmen dicho fallo.

Al considerar que hay falta de elementos en el expediente 116/07, el juez Alberto Rubalcava Ramírez enteró a la Subprocuraduría de Procesos de la negación a la orden de aprehensión.

Viola EU el TLC en transporte transfronterizo, acusa Sojo

2007-06-19T07:55:00.001-05:00

Escrito por Agencias

17-05-2007

El secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, dijo que es violatoria del TLCAN la iniciativa de ley que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el sentido de ampliar de uno a tres años el Proyecto Demostrativo de Apertura de Transporte Transfronterizo con México.

Mencionó que el gobierno de México, principalmente por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Luis Téllez, y también de la propia SE, cabildeará con los senadores de Estados Unidos para “sensibilizarlos” respecto a la importancia de no aprobar dicha ley.

En conferencia de prensa telefónica desde Paris, Francia, el funcionario reiteró que “pensamos que es una ley que no debe pasar y vamos a hacer lo que nos corresponde con el Senado y con la administración del presidente George W. Bush”.

Señaló que es importante hacer cumplir lo establecido en el TLCAN, aunado a que ante una mayor flexibilidad en materia de transporte fronterizo se fortalece la competitividad de ambas naciones y de toda América del Norte.

Comentó que México debe aprovechar en cualquier momento la ventaja que tiene respecto al acceso preferencial al mercado más importante del mundo como es el de Estados Unidos.

De lo contrario, advirtió, América del Norte seguirá perdiendo terreno frente a otras regiones; además de que insistimos que esta ley es violatoria a lo establecido en el TLCAN.

Dicha iniciativa de ley implica que mil camiones mexicanos que transitarán por carreteras estadunidenses a partir del 15 de julio, lo harán bajo la condición de que sean declarados seguros.

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el martes con 411 votos a favor y 3 en contra el programa a tres años, y no uno como estaba acordado, que limitaría el ingreso a un máximo de mil vehículos transportistas.

Lo acordado en el panel de controversias dentro de los lineamientos del TLCAN señaló que el ahora llamado Proyecto Demostrativo de Apertura de Transporte Transfronterizo con México debería tener una vigencia de sólo un año y no tres.

Ello, con la finalidad de que la frontera norte quedara totalmente abierta a los camiones mexicanos a partir de 2008.

La Casa Blanca deseaba que el programa piloto comenzase este año y durase solamente un año antes de abrir la frontera a los camiones mexicanos.

La ley aprobada, sin embargo, especifica requerimientos para el programa piloto antes de que pueda comenzar, incluyendo la creación de una comisión independiente para evaluar el programa y recibir certificaciones del inspector general de que se han cumplido condiciones de seguridad e inspección.

Una medida similar en el Senado incluida en la ley de gastos en Irak fue vetada por el presidente George W. Bush.

El Departamento de Transporte dice que el cumplimiento de los requisitos de los legisladores demoraría hasta fines de 2008.

El acceso a todas las carreteras estadunidenses fue prometido para 2000 bajo el Tratado de Libre Comercio de 1994, al igual que lo fue el acceso a México para camiones de Estados Unidos. Ese aspecto se ha visto demorado por demandas y desacuerdos entre los dos países, aunque camiones canadienses y norteamericanos viajan libremente a través de la frontera norte.

Los legisladores dijeron que su mayor preocupación es si los camiones mexicanos, a menudo más viejos que los vehículos estadunidenses de carga, y los choferes mexicanos van a cumplir las rigurosas normas de seguridad en Estados Unidos.

En una primera reacción, la embajada de México en Washington señaló que “seguimos muy de cerca la evolución de esta iniciativa y hemos expresado nuestros puntos de vista a todos los actores involucrados”.

“Sin embargo, es pronto para dar una opinión final sobre este tema, en virtud de que aún no concluye el proceso legislativo”, señaló una fuente de la sede diplomática en alusión a las siguientes etapas, primero en el Senado y, de ser aprobada, su eventual promulgación.

Aún antes del voto en la Cámara de Representantes, el Departamento de Transporte externó su “fuerte oposición” a la iniciativa de ley, aunque la Casa Blanca no ha dicho si la vetaría.

Las críticas de la administración del presidente George W. Bush fueron externadas en una carta de la asesora legal del Departamento de Transporte, Rosalind Knapp, al presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, James Oberstar.

El Departamento había cedido desde el 1 de mayo a la exigencia de que los camiones de carga de Estados Unidos ingresarán al interior de México a la par que lo hagan sus contrapartes mexicanos bajo el programa piloto que inicia el 15 de julio.

En contraste, el Sindicato de Transportistas (Teamsters), el promotor original del bloqueo a los camiones, aplaudió la acción de la Cámara de Representantes.

“Esta importante iniciativa asegura la protección del público viajero de Estados Unidos. La administración Bush no puede ignorar más al Congreso ni al pueblo estadunidense en este importante tema de seguridad”, reaccionó el presidente del Sindicato, James Hoffa.

Aprueba TEPJF destruir las boletas electorales de 2006

2007-06-19T07:50:00.000-05:00

Los magistrados electorales, en la sesión de este día, desecharon la última apelación que en la materia presentó el ciudadano Daniel Lizárraga Pérez, quien en un segundo intento, buscó que el TEPJF autorizará el acceso a las boletas electorales en poder del IFE.

Consejeros electorales del IFE explicaron que sólo esperaban esta resolución para fijar en una próxima sesión (en una o dos semanas) la fecha y forma para la destrucción de boletas.

El IFE contempla tres alternativas para la destrucción de las boletas: quemarlas, enterrarlas o triturarlas.

Esas opciones dependen de tres factores: el técnico, logístico y económico; es decir, si un consejero distrital (hay 300 en el país) no cuenta con recursos para la quema ecológica de las boletas, puede optar por cualquiera de las dos opciones restantes.

La queja de Daniel Lizárraga fue desechada por no contar con la firma autógrafa de éste en el recurso de apelación presentado el 10 de mayo pasado.

La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la impugnación presentada por un particular contra la negativa del IFE de otorgarle acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006, debido al error señalado o sea la falta de una firma autógrafa.

En sesión pública, los magistrados tomaron la determinación debido a que el promovente no cumplió con el requisito establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que los escritos relacionados con los medios de defensa deben contener la firma autógrafa de quien los promueve.

La decisión de desechar la petición fue propuesta por el magistrado José Alejandro Luna Ramos y avalado por el pleno de la Sala Superior.

La solicitud se desechó debido a que “como se evidencia de manera notoria e indubitable, en el escrito inicial de demanda no aparece seña o rasgo alguno que pueda considerarse como firma del autor”, subrayó la sentencia.

El particular impugnó la resolución de la Comisión del Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información, emitida el pasado 27 de abril, y que se hizo en acatamiento a una sentencia previa de la Sala Superior.

"Bandera" desde el punto de vista jurídico

2007-05-04T14:28:00.001-05:00

La bandera segun el diccionario de la RAE nos dice las siguientes definiciones :

1. f. Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución.
2. f. Nacionalidad a que pertenecen los buques que la ostentan.
3. f. Tela con marcas y colores distintivos que se utiliza para hacer señales.

En lo que se refiere a señal de una nación es la parte que estudiaremos:

BANDERA. I. Viene de la voz germana Bandra, signo; normalmente se hace de tela (seda —raso o satín—) o bien en etamina —lana ligera—, etc., de una sola pieza o varias secciones unidas para integrarla, generalmente en forma de cuadrado o rectángulo, de muy diversas medidas, cuyos colores y su disposición, asi como el escudo de armas que ostenta, representan una institución cultural, club, sociedad benéfica, cívica, mercantil o política, etc., hasta llegar a la excelsa corporación de la patria en éste su emblema nacional, que por el lugar de preeminencia en el cual siempre se le coloca, es un signo de victoria y autoafirmación. Sinónimos de bandera son: pabellón, estandarte, lábaro, pendón, oriflama, confalón, enseña, si bien cada una tiene su singularidad acorde con determinadas formas y medidas que se presentan.

Jurídicamente es la representación heráldica de un país soberano, o sea, de la nación-Estado; legalmente y conforme al decreto de 23 de diciembre de 1967 expedido por el Congreso Federal, el escudo, la bandera y el himno nacionales son símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, que conforme a dicha ley serán objeto de respeto y honores, acorde los términos que prescribe, así como también determina sus características y uso.

II. LEGISLACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA BANDERA,

a) Los pueblos prehispánicos usaban en la guerra estandartes —quachpantli o qua-chpamitl— que según Francisco Javier Clavijero (1731-1787), eran menos diferentes del signum de los romanos que de nuestras banderas. Consistían en palos de tres o cuatro varas de largo que en su punta tenían las armas e insignias del Estado, hechas de oro, de pluma o de otra materia noble. La de la República de Tlaxcala era un águila de oro con las alas extendidas, e iba a la vanguardi

a y el estandarte que ganó Cortés (1485-1547) en la decisiva Batalla de Otumba (7 de julio de 1520); estaba en medio de los mexicas; era una red, también de oro.

b) Durante la conquista, los españoles lucharon bajo el confalón de su líder, una hermosa pintura de la Virgen María, de busto, sobre damasco de tono morado, con aureola de rayos y doce estrellas; Hernán Cortés ordenó desde el 13 de agosto de 1528 el célebre Paseo del Pendón, que fue confirmado como fiesta de la bandera por real cédula de Carlos V (1500-1558), fechada el mismo día y mes de 1530, y se realizó anualmente con toda pompa, hasta que la suprimió la Corte española en 1812; durante tres siglos del virreinato y hasta los Tratados de Córdoba (24 de agosto de 1821), la Nueva España ostentó las banderas de tafetán blanco con la Cruz (espinosa) de Borgoña en rojo o en púrpura y puesta en sotuer (como letra equis).

c) Al iniciarse la Independencia con el Grito Dolores (16 de septiembre de 1810), el padre don Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), al pasar por el Santuario de Atotonilco, Guanajuato, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe haciéndola su estandarte, y hemos de decir que desde mediados del siglo XVIII, dicha advocación unía ya a criollos y mestizos en el anhelo de libertad; ha sido y es igualmente símbolo de mexicanidad.

d) Antes de 1821, los insurgentes usaron una bandera tricolor (blanco, azul y encarnado). Los dos primeros correspondían a los colores de la Real Casa de Moctezuma y el último en sustitución del morado del Pendón de Castilla. Relata Manuel de J. Solís que esta insignia la llevaban nuestros barcos mercantes en las costas del Golfo y lúe reconocida y saludada en Nueva Orleáns, con salvas de 19 cañonazos.

e) La Soberana Junta de Zitácuaro (1811-1813) y el señor cura don José María Morelos y Pavón (1765-1815), en plena campaña (19 de agosto de 1812), hicieron ondear otra bandera, blanca, que al centro presenta un tramo de acueducto con tres arcos en cuyos vanos aparecen las siglas “V V M” (Viva la Virgen María). Sobre él nace un nopal, del cual emerge un águila con las alas desplegadas, coronada y sin víbora; alrededor la leyenda: oculis et unguibus aeque victrix (con los ojos y con las garras igualmente vencedora), pequeña franja de cuadros azules y blancos, sucesivamente, enmarca la enseña.

f) Don Agustín de Iturbide (1783-1824) de acuerdo con el caudillo insurgente don Vicente Guerrero (1783-1831), formuló el Plan de Iguala, proclamado solemnemente el 24 de febrero de 1821 en la población de su nombre, estado de Guerrero, y ese mismo día recibió la bandera de las Tres Garantías que mandó confeccionar a un sastre-peluquero llamado José Magdaleno Ocampo, quien cobró por ello 24 pesetas. El lábaro tenía los colores blanco, verde y rojo terciados en barra (fajas diagonales de izquierda a derecha), con una estrella dorada al centro de cada uno, los cuales significaban: el blanco la conservación y pureza de la religión católica, el verde la libertad y el rojo (tal vez porque no se encontró color púrpura o morado), la unión de americanos y europeos, las estrellas atestiguaban el cumplimiento de dichos postulados por garantizarlo así el ejército, ya unido, de Iturbide y de Guerrero, que por eso recibió el nombre de Trigarante y desfiló en la capital de la nueva nación el 27de septiembre de 1821, consu

mando ese día con dicho acontecimiento la Independencia de México; uno de sus regimientos de infantería portaba el lábaro con los colores blanco, verde y rojo, terciados en banda y al centro una corona imperial con la divisa: "RELIGIÓN YNDEPEN-DA UNION" (sic).

g) Existe una bandera "sierra" (sic) con los colores nacionales. Sobre el blanco aparece un arco para flechar y una espada, cruzados como equis, la enarbolaron las fuerzas insurgentes de don Nicolás Bravo (1786 – 1854) o de don Guadalupe Victoria (Miguel Fernández Félix, 1786 – 1843), entre 1812 y 1817.

h) La primera Regencia por decreto 254, de 2 de noviembre de 1821, resolvió:

lo. Que las armas del Imperio para toda clase de sellos sea solamente el nopal nacido de una peña que sale de la laguna y sobre él parada en el pie izquierdo, una águila con coron

a imperial. 2o. Que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado (colorado) en fajas verticales y dibujándose en la blanca una águila coronada. La misma Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio, por nuevo decreto 262, del 7 de enero de 1822, ratificó en todo el anterior trascrito.

i) Después del efímero reinado de Agustín de Iturbide (20 de junio de 1822 a 19 de marzo de 1823), el Soberano Congreso Constituyente Mexicano (republicano), por decreto núm. 323, del 14 de abril de 1823 ordenó: lo. Que el escudo sea el águila mexicana, parada en el pie izquierdo, sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel (victoria) y la otra de encina (fuerza), conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la Independencia. 2o. Que en cuanto al pabellón nacional, se esté al adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona; lo mismo deberá hacerse en el escudo.

j) Desde 1823 hasta 1880, la bandera y escudo que anteceden fueron los modelos a seguir, con variaciones en la forma de representar el águila.

k) Durante la intervención francesa (abril de 1862 a marzo de 1867), en el breve reinado de Maximiliano de Habsburgo (12 de junio de 1864 a 15 de mayo de 1867) y no sobre todo el territorio nacional, el pendón permaneció invariable en sus colores, pero el escudo de armas del Segundo Imperio, según decreto núm. 20, del 18 de junio

1864, firmado por el príncipe y conforme al modelo que acompañó, fue en pavés (forma oval); al centro el águila mexicana con las alas desplegadas, descansando sobre un nopal y desgarrando la serpiente de la discordia intestina (sic, v. decreto del lo. de enero de 1865). El nopal entre las rocas que emergen de la laguna; la bordura del escudo presenta una de hojas de laurel, y sobre aquél una corona imperial; a ambos lados como soportes dos grifos, cetro y espada puestos en sofuer atrás del blasón, representado así la "Equidad en la justicia" que fue lema del Imperio. Por cuanto a las Banderas del Estado señaló varias, adjuntando los correspondientes modelos; meses más tarde, en el Estatuto Provisional Imperio Mexicano promulgado por Maxmiliano en Chapultepec, el 10 de abril de 1865, decreta en el tít. XVI, a. 78: los colores del pabellón nacional son el verde, blanco y rojo. La colocación de éstos, las dimensiones y adornos del pabellón imperial, del de guerra, del nacional, del mercante y del gallardete

de marina, ; como el escudo de armas, se detallarán en una ley especial.

l) Decreto del 30 de diciembre de 1880 de Porfirio Díaz (1830-1915), ordenando que se presentara el águila forma original. Vale expresar que la bandera nacional mexicana fue conocida por primera vez en todo el mundo, al enarbolarla el barco escuela "Zaragoza" era viaje que hizo a los principales puertos del orbe (1893-1897).

m) Una circular de la Secretaría, Guerra, núm. 13,710, de 27 de octubre; de 1896, prescribe que cuando se remitan a dicho ministerio las banderas y los estandartes cumplidos de los batallones regimientos, se acompañe su respetiva historia.

n) Decreto presidencial núm. 108,, 28 de agosto de 1893, relacionado con la circular 43, del 8 de julio de 1881, que dispone pormenorizadamente todo referente a las banderas, estandartes y guiones (clase de telas, medidas, escudos, cintas, corbatas, astas, moharras, regatones, etc.).

ñ) Circular 22,895 de la Dirección General de Aduanas, del 22 de marzo de 1909, sobre la Bandera del Ramo, escudo (ancla sobre el color blanco) y uso.

o) Don Venustiano Carranza (1859-1920) expidió un decreto el 20 de septiembre de 1916, indicando que el águila recobrase su antiguo estilo, o sea, de perfil.

p) Abelardo L. Rodríguez (1889-1967), presidente sustituto de la República, por decreto de 5 de febrero de 1934, ordenó que se usara como único escudo por toda clase de autoridades, el de los modelos que se depositaron en el Archivo General de la Nación, Museo Nacional y Dirección de la Casa de Moneda. Los dibujos fueron hechos por don Jorge Enciso y al estilizar animales, plantas, peña y agua, se le dio, como dice don Manuel Carrera Stampa, un significado de signo, es así un jeroglífico heráldico; actualmente y desde 1968, el escudo nacional corresponde al diseño hecho por el artista potosino Francisco Eppens Helguera.

q) El 30 de septiembre de 1966 el Poder Constitucional Permanente adicionó el a. 73 de nuestra C con la fr. XXIX-B, a fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar sobre las cualidades distintivas y el empleo de las insignias nacionales (DO, 24 de octubre de 1967).

r) En consecuencia, el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979) promulgó el 12 de marzo de 1968 la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, expedida por el Congreso Federal el 23 de diciembre de 1967.

s) Quince años después, el 24 de febrero de 1983, el primer mandatario del país, Miguel de la Madrid Hurtado, expidió un acuerdo por el que dictó determinadas medidas para reafirmar y fortalecer el culto a los símbolos patrios (DO de esa misma fecha).

t) Más tarde, el mismo presidente De la Madrid promulgó, el 30 de diciembre de 1983, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, expedida por el Congreso de la Unión el día anterior y publicada en el DO del 8 de febrero de 1984.

(consulta la ley)

LEY SOBRE EL ESCUDO, BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

u) Por último, dicho presidente de la República, por decreto del 16 de julio de 1984, creó una Comisión Nacional para promover el programa y calendario de actos y demás expresiones conmemorativos para celebrar el 175 aniversario de la iniciación de la Independencia nacional y el 75 aniversario del comienzo de la Revolución mexicana, durante el año de 1985 (DO, 27 de julio de 1984), festejos que tomaron el nombre de "Jornada por la Patria", y se iniciaron el 3 de febrero en la Plaza de la Constitución, para terminar ahí mismo el 20 de noviembre del susodicho año, de tal modo que nuestra bandera nacional, el original de la C federal de la República de 31 de enero de 1917 y la Campana del curato de Dolores, Guanajuato, conocida también como el Esquilón de San José, recorrieron el territorio nacional, uniendo los sentimientos y la voluntad de todos los mexicanos, debidamente custodiados por elementos del Ejército durante su muy largo trayecto por aire, mar y tierra.

v) Debemos decir que acorde con el a. 50 del ordenamiento legal vigente y a que se refiere el inciso t que antecede, todo lo relativo al ceremonial militar, tanto en la marina de guerra como en el Ejército, se cumple aún con lo prescrito por la Ordenanza General de la Armada, expedida por Francisco I. Madero (1873-1913) el 12 de diciembre de 1911 —aa. 1098 a 1377— y por la Ordenanza General del Ejército promulgada por dicho primer mandatario el día anterior —aa. 976 a 999—, pero en este último caso, hay un nuevo Reglamento del Ceremonial Militar, expedido por el presidente Lázaro Cárdenas (1895-1970) el 12 de septiembre de 1938, aplicándose estas normas por hermenéutica jurídica en lo que no se opongan a la ley vigente; existe incluso un ceremonial a la bandera escolar (v. circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 15 de enero de 1945, núm. E-2-3, cláusula XVII).

III. Penalmente el ultraje de palabra u obra a la bandera o al escudo de la República, así como el uso indebido de ellos o del Himno Nacional, constituyen delitos sancionados por el Código Penal, aplicado en toda la República en materia del fuero federal, de 13 de agosto de 1931 —aa. 191 y 192—; por otra parte, el Código de Justicia Militar, promulgado por el presidente sustituto Abelardo L. Rodríguez el 28 de agosto de 1933, tipifica como delitos, sancionándolos severamente, aquellos que atenten o ultrajen la bandera o bien se agravan otros ilícitos por el hecho de cometerse frente a la enseña patria, imponiéndose en tres casos la pena de muerte (aa. 57, fr. II, d; 203,fr. IV; 248, 280, 287, 290, 324, fr. V; 368,374 y 397, fr. II); la ley de la materia —a.56— establece castigos pecuniarios y de arresto para quienes cometan desacato o faltas de respeto a los símbolos patrios.

Los tratadistas de los derechos internacional público e internacional privado, César Sepúlveda, D. P. O'Connelí, Modesto Seara Vázquez, Charles Rousseau, J. P. Niboyet, etc., hablan sobre la ley del pabellón para aeronaves y buques, la cual implica grave problemática por la concurrencia de jurisdicciones, tanto del Estado bajo cuya bandera naveguen, cuanto de aquel cuyo territorio estén sobrevolando o en cuyas aguas territoriales o puerto relativo se encuentren; el abanderamiento de naves, los honores al pabellón, los pabellones de conveniencia, etc., y ya en situación de beligerancia la prohibición de medios pérfidos (transportes militares bajo la insignia de la Cruz Roja o con bandera parlamentaria), el uso de pabellón falso, etc., o bien lo relativo a la seguridad y ayuda de barcos en alta mar, por las obligaciones tienen los Estados cuya bandera desplieguen, se halla reglamentado por de cada nación y por las convenciones internacionales, como la celebrad Ginebra el 29 de abril de 1958. Por otro lado, la Declaración de Barcelona ( 20 de abril de 1921), multilateral, reconoce derecho de los países que no tiene litoral marítimo a enarbolar un pabellón y México se adhirió a ella según decreto Ejecutivo federal de 24 de diciembre 1935, previa aprobación de la Cámara de Senadores del 26 de diciembre de 1932 (DO, 22 de enero de 1936); México desde el lo. de abril de 1909 es también parte de la Declaración de París de 1856 por la cual quedó abolido para el corso, por lo cual en la Constitución fueron derogadas las fracciones IX del a. 89 y II del se reformó la fr. XIII del a. 73 (DO, 21 octubre de 1966).

Aunque todos los días se honra enseña patria, hay una festividad nacional al año consagrada a exaltarla el 24 de febrero, Día de la Bandera, creada en 1935 por don Benito Ricardo Ramírez Espíndola (1900-1984) y ahora reconocida y ordenada en el a. 10 de la ley de la materia.

Basado en la públicacion de Francisco Arturo Schoeder Cordero
Tambien de los siguientes links (web de mexico)
y wikipedia

2007-03-13T10:48:00.001-06:00

EL ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La voz arrendamiento proviene de arrendar, que significa "ceder o adquirir mediante precio el aprovechamiento temporal de cosas inmuebles, o de beneficio o rentas".

En sus orígenes, el arrendamiento podía ser de cosas, obras o servicios. La idea de servicios tiene su origen en la idea romanista de la locatio conductio, y así, si bien como señala Diez-Picazo, el que promete pagar el precio se llama "conductor", en el denominado arrendamiento de obras se invierte la terminología y el que paga el precio es llamado " locator". Algunos autores, como Arias Ramos, analizan la idea de locare, y otros apuntan que la terminología nació "probablemente en hipótesis referentes a obras del Estado y que de allí pasó al derecho privado".

La influencia del derecho inglés y del derecho germano sentaron sus bases para complementar al derecho romano, al grado de no admitirse en la actualidad el arrendamiento perpetuo, pues a partir de la Revolución francesa se modifica esta situación

Se considera que lo que se adquiere con arrendamiento es la compra del uso. En la legislación europea, y en alguna parle de la historia patria, el contrato de arrendamiento consistió en la cesión del uso o goce de algo mediante el pago de un precio, ya se trate de cosas corporales o incorporales, muebles, inmuebles, obra de servicios que preste una persona, Intelectuales o mecánicos, y las actividades encaminadas a llevar a cabo una obra. La legislación vigente mexicana permiten que sean objeto materia del contrato de arrendamiento, tanto los bienes muebles como los inmuebles, los corporales como los incorporales o intangibles (llamados así por algunos tratadistas americanos), con la salvedad de los bienes consumibles (aquellos que se destruyen por el primer uso) y los derechos estrictamente personales (a. 2400, CC). Tenemos así, que los servicios que preste una persona, sean éstos intelectuales o mecánicos, y las actividades encaminadas a llevar a cabo una obra son objeto de distinto contrato, pero no del pacto arrendaticio.

Con la influencia del Código Napoleón, la legislación de casi todos los países occidentales fue favorable al arrendador, pero después del Código Civil suizo de las obligaciones, se modificó la legislación para hacerla imparcial, inclinarse incluso en favor del arrendatario.

Los países europeos, después de la segunda guerra mundial, aprobaron una legislación de carácter excepcional y temporal que decretó la moratoria de las rentas y la prórroga de los contratos, incluso se condenó la especulación ilícita, y se crearon comisiones arbítrales para juzgar ante tribunales especiales los problemas de alquileres. En España, por ejemplo. hubo varias legislaciones de prórroga en que se les negó los beneficios a los extranjeros y se fijaron los montos máximos de aumento de renta, lo mismo que la obligación de los propietarios de publicar anuncios cuando hubiera inmuebles vacíos.

En México, también existió una legislación de excepción con motivo de la segunda guerra mundial que limitó el arrendamiento y terminó por propiciar una injusticia con respecto a algunos propietarios (esta legislación fue abrogada el 30 de diciembre de 1992), situación que se agudizó con las reformas de 1985 que hicieron obligatorios los plazos respecto a las casas habitación; ello provocó una alteración en las relaciones arrendaticias, con lo cual se llegó al grado de tener que modificar esa situación, en la capital de la República, con las reformas del 21 de julio y del 23 de septiembre de 1993.

Es necesario reiterar que en los contratos de arrendamiento intervienen dos partes (arrendador y arrendatario), como en todos los contratos, y que las soluciones deben encaminarse a armonizar los intereses de ambos al amparo de la garantía social que consagra nuestra Constitución, sin menoscabo de los derechos del que menos tiene.

Al contrato de arrendamiento se le ha señalado como el segundo contrato en importancia de los regulados por la legislación civil, dada la frecuencia de su uso, después del contrato de compraventa. Es más, su importancia, tanto económica como jurídica, ha obligado a la especialización de los juzgadores, al menos en la capital de México, donde se cuenta con jueces de arrendamiento inmobiliario.

CONCEPTO

El concepto romanista moderno de arrendamiento es muy amplio; tanto, que no es posible presentarlo en forma unitaria, pues abarca objetos tan diversos como la legislación misma en que están contenidos; sin embargo, es necesario recurrir a un concepto genérico que sirva de referencia, como el que afirma que "la figura del arrendamiento se entiende como el hecho que una persona ceda a otra el goce de una cosa a cambio de un precio determinado y a tiempo cierto".

Considerado el arrendamiento en su calidad de contrato, Escriche lo define como "aquel por medio del cual una de las partes se obliga a dar a la otra para cierto tiempo y por cierto precio el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo".

"Este contrato —destaca Antonio de J. Lozano— es tan necesario y universal como el de compraventa... porque en todos los lugares el hombre que carece de ciertas cosas se ve precisado a procurarse su goce cuando no puede o no quiere comprarlas".

El Código Civil colombiano, en su a. 1973, establece que "el arrendamiento es un contrato en el que las partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio determinado".

De esta aseveración, Ortega Torres deduce que el "arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso, consensúa!, conmutativo (aunque sea aleatorio en la aparcería), de ejecución sucesiva y es acto administrativo, no dispositivo".

El artículo 1543 del Código Civil español define así el arrendamiento: "Es aquel por virtud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto".

Por lo que respecta al Código Civil, en su a. 2398 precisa el arrendamiento en los siguientes términos: "Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto". La regulación del contrato comprende de los artículos. 2398 al 2496 de dicho ordenamiento sustantivo.

El Código Civil del DF alude al límite temporal con la frase "uso o goce temporal de una cosa"; misma que debe interpretarse en el sentido de la temporalidad, no así en el literal de determinación previa de la duración, toda vez que el propio articulado prevé la hipótesis de que las partes no hayan pactado dicha duración dictando reglas para tal efecto.

Así, el pacto por el que se conviene la duración del contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, es incompatible con la naturaleza jurídica de estos actos por implicar una verdadera desmembración de la propiedad, equivalente a la enfiteusis, por oponerse a la temporalidad en los términos en que está redactado el a. 2398 del Código Civil.

En ese orden de ideas, el Código Civil vigente establece un límite de duración de los pactos arrendaticios, cuando éstos recaen sobre inmuebles; además, distingue plazos distintos según si los bienes inmuebles están destinados para habitación, comercio o industria. Pero el legislador no prevé la hipótesis respecto al plazo máximo a que puede sujetarse un contrato de arrendamiento sobre muebles, por tanto, las partes contratantes tienen la más amplia libertad para fijar el plazo de duración del arrendamiento, pero siempre teniendo presente el requisito necesario de que haya un plazo.

Se destaca también, de la definición del contrato de arrendamiento, que el arrendador se obliga a conceder temporalmente el uso o goce al mismo tiempo del bien. Así tenemos que si en el contrato sólo se concedió el uso del bien, el arrendatario podrá disponer de él conforme a lo pactado, o bien, conforme a la naturaleza o su destino, a. 2425, fr. III, del CC; si se pacta también respecto del goce, el arrendatario podrá hacer suyos los frutos o productos normales del bien, pero no del todo o de sus partes, pues en caso contrario ya no sería un pacto arrendaticio, sino un diverso acto jurídico traslativo de dominio.

En la doctrina se señala como nota específica del arrendamiento la proporcionalidad del precio con el tiempo de duración del contrato, añadiendo que el precio se calcula por unidad de tiempo, ya sea hora, día, mes, trimestre, semestre, año etc. La proporcionalidad del precio se regula en los artículos 2426 y 2429 del Código Civil.

LAS PARTES CONTRATANTES

Se llama parte arrendadora a la que se obliga a ceder el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto; se llama parte arrendataria a la adquiere el uso o goce temporal del bien, mediante el pago de un precio cierto.

ELEMENTOS ESCENCIALES

Consentimiento: se siguen las reglas generales de los contratos y se da con el acuerdo de las voluntades de ambas partes (arrendador y arrendatario), una para conceder el uso o el uso y goce de un bien, y la otra para pagar como contraprestación un precio cierto.

OBJETO

La cosa que se da en arrendamiento y el precio que debe ser cierto; no se necesita que el pago sea en dinero ya que pueden serlo las cosas y derechos que están en el comercio, que no sean fungibles, y tampoco los que estén fuera del comercio, como los bienes comunales o los derechos personalísimos. El precio debe ser cierto, verdadero y determinado o determinable, lo que quiere decir que debe de consistir en una suma de dinero o cualquiera otra cosa equivalente, que se trate de una simulación y que siempre exista la posibilidad de determinarlo como sería el pago de una renta en proporción al monto de las ventas en el caso de un local comercial.

ELEMENTOS DE VALIDEZ

Capacidad: para celebrar el contrato de arrendamiento se necesita sólo capacidad general; por lo tanto, los dueños pueden dar en arrendamiento por sí o mediante sus administradores, Esto significa que pueden darse los bienes ajenos, lo mismo sucede con los bienes que están asegurados y sujetos a un proceso, inclusive el arrendatario, con el consentimiento del arrendador, puede celebrar un contrato de arrendamiento.

Existen limitaciones al comodatario, el aparcero o los copropietarios. Aún más, aquellos que ejercen la patria potestad tienen limitada la celebración del contrato, lo mismo que el tutor, el albacea y los mandatarios, según las facultades que les son conferidas en los poderes.

Si bien existe libertad para contratar, la legislación civil establece limitaciones o prohibiciones para recibir en arrendamiento, sancionando el acto con la nulidad del contrato, como en el caso de los tutores respecto de los bienes del pupilo, que no pueden tomar en arrendamiento para sí o sus familiares. Lo mismo que los magistrados, jueces y funcionarios o empleados públicos, tienen prohibido tomar en arrendamiento los; bienes en los que intervienen.

FORMA

El contrato de arrendamiento es, como la mayoría de nuestros contratos, un acto consensual, por ello, basta que las partes contratantes se pongan de acuerdo respecto al bien y al precio que se pagará por el uso y goce de aquél, para que exista el contrato de arrendamiento. Al respecto el a. 2406, del Código Civil del Distrito Federal, estatuye que: "El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador". Por su parte el a. 2448-F preceptúa que: "Para los efectos de este capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al arrendador...". De los preceptos anteriores se deriva que el contrato de arrendamiento es existente y válido aunque no se celebre en forma escrita, pues en los artículos transcritos no se hace referencia alguna a la inexistencia o invalidez del contrato por falta de forma escrita. En todo caso, la expresión: ",..la falta de esta formalidad se imputará al arrendador...", implica que, en su caso, sobre él recae la carga de probar los términos del contrato. Ahora bien, el a. 958, del CPC del DF, dispone que: "Para el ejercicio de cualquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito"; sin embargo, ni de este precepto ni de los anteriores se infiere que el contrato de arrendamiento que no conste por escrito sea inexistente o no válido.

CLASIFICACIÓN

Es un contrato principal, porque no depende de ningún otro para su nacimiento o existencia y porque tiene su propia finalidad y función económica y jurídica;

· BILATERAL, porque ambas partes quedan obligadas en forma recíproca;

· ONEROSO, en virtud de que las obligaciones que ambas partes se deben, se traducen en provechos y gravámenes recíprocos;

· CONMUTATIVO, porque en este contrato se saben desde el momento de su celebración los derechos y obligaciones de las partes;

· se trata de un contrato IN-TUITU PERSONAE en el sentido de que el arrendatario no puede subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento si no es con el consentimiento del arrendador;

· es también un contrato FORMAL por regla general, ya que debe otorgarse por escrito en el caso de bienes muebles valiosos y siempre lo es tratándose de inmuebles;

· TEMPORAL, porque se celebra por un periodo limitado, el cual se fija en relación con el tiempo o con el uso o goce de la cosa arrendada;

· DE TRACTO SUCESIVO, porque las prestaciones del arrendador y del arrendatario no se cumplen en un solo acto, sino de una manera periódica, tiene esta naturaleza por antonomasia;

· NOMINADO y traslativo de uso o disfrute.

ESPECIES DE CONTRATOS

En nuestra legislación, el arrendamiento puede ser: administrativo, civil, mercantil y financiero. Del arrendamiento administrativo se ocupa el a. 2411, del Código Civil del Distrito Federal, que preceptúa: "Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de establecimientos públicos estarán sujetos a las deposiciones del derecho administrativo, y en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de este título". Es decir, el arrendamiento es administrativo, sin importar la naturaleza de los sujeto, cuando los bienes, objeto del contrato, pertenecen a la Federación, estado y municipios, y están sujetos a las disposiciones del derecho administrativo y, en su defecto, las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal; es civil, cuando no sea mercantil ni administrativo; es decir, cuando recae sobre bienes inmuebles, o cuando se celebra respecto a bienes muebles sin el propósito de especulación comercial, o cuando recae sobre bienes que no pertenecen a la Federación, estados o municipios; es mercantil, aquel que recae sobre bienes muebles con el propósito de especulación mercantil (a. 75, fr. I, Código de Comercio.), y se rige por las disposiciones del Código de Comercio., no así cuando recae sobre bienes inmuebles, el cual siempre, en nuestro derecho, es un contrato de arrendamiento civil, aun cuando se celebre con el propósito de especulación comercial; arrendamiento financiero, a esta especie se refiere el a. 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito , que señala: "Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el va-' lor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 27 de esta ley...".

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Del ARRENDADOR:

· transmitir el uso o goce temporal de la cosa; entregar la cosa arrendada en tiempo, lugar y forma pactadas;

· conservar la cosa arrendada en el mismo estado para aquel que está destinada la cosa arrendada, y en caso de incumplimiento, el arrendatario puede pedir la rescisión del contrato o pedir a la autoridad judicial que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligación;

· no estorbar ni embarazar el uso, ni cambiar la forma del bien, salvo en caso de reparaciones urgentes e indispensables;

· garantizar el uso o goce pacífico por el tiempo que dure el contrato;

· garantizar la posesión útil, por lo que es responsable de los vicios ocultos que impidan o disminuyan el uso del bien arrendado;

· responder de la evicción, pudiendo reclamarle el arrendatario la disminución de la renta, pagar las mejoras hechas por el arrendatario si autorizó al inquilino a hacerlas;

· devolver el saldo que hubiera en favor del arrendatario al término' del contrato;

· preferir al arrendatario en caso de un nuevo arrendamiento, siempre y cuando esté al corriente del pago de la renta.

Del ARRENDATARIO:

· pagar la renta en forma y tiempo convenidos;

· conservar la cosa en el estado en que la reciba, respondiendo de los daños y perjuicios que sufra el bien por culpa o negligencia, poniendo en conocimiento del arrendado la necesidad de reparaciones urgentes;

· hacer las reparaciones de poca importancia, no variar la forma de la cosa arrendada;

· informar al arrendador de toda usurpación o novedad dañosa;

· servirse de la cosa para el uso convenido o conforme a su naturaleza;

· responder del incendio de la cosa arrendada con las limitaciones que establece el Código Civil del DF;

· devolver el saldo que hubiera en favor del arrendador y restituir la cosa arrendada al término del contrato.

TERMINACIÓN.

Depende de si el contrato ha sido celebrado por tiempo determinado o indeterminado. En el primer caso, concluirá a voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso a la otra en forma indubitable y, en el caso de inmuebles, si el predio es urbano o rústico. El a. 2483 del CC enumera las principales causas de terminación:

1) por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada;

2) por convenio expreso;

3) por nulidad;

4) por rescisión;

5) por confusión;

6) por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor;

7) por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública, y

8) por evicción de la cosa dada en arrendamiento.

Termina, también, por la muerte del arrendador o del arrendatario, cuando expresamente se hubiere pactado su rescisión, según se desprende del a. 2408 del CC interpretado a contrario sensu. Asimismo, al acabarse el usufructo, si el usufructuario dio en arrendamiento los bienes objeto de su derecho. Igualmente, cuando sin el consentimiento del arrendador, el arrendatario hiciere obras en el fundo para descubrir un tesoro. Otra de las causas de terminación es la oposición al subarriendo en caso de haberse pactado ese derecho, y en el caso de enajenación judicial cuando el contrato se hubiese celebrado dentro de los 60 días anteriores al secuestro de la finca.

ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

2006-10-17T23:58:00.000-05:00

INTRODUCCIÓN

Dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos el, enriquecimiento ilícito, y la gestión de negocio; ambos se encuentran dentro de la clasificación romana de los cuasicontratos, en relación que estos tienen como característica de que son actos voluntarios lícitos, que obligan a las personas, las vinculan, pero sin que haya previo acuerdo de voluntades.

Ahora debemos entender que estas dos fuentes generadoras de obligaciones, tienen su base legal, en los capítulos tercero y cuarto del título primero del libro tercero del Código Civil.

En nuestra vida social, no nos encontramos a menudo con estas figuras, sin embargo es importante conocerlas bien, por que uno nunca sabe cuando se pueden presentar.

Nos daremos cuentas que para que exista el enriquecimiento ilícito, tendremos que tener elementos como el enriquecimiento de una persona; el empobrecimiento de otra a consecuencia directa o indirecta; además que haya una relación que los vincule; y que este sea ilícito; para que pueda existir este, además veremos sus características y sus variables en torno a estas, según como lo marca nuestro Código Civil.

Además de lo anterior también nos encontraremos con la figura de gestión de negocios, en el cual nos daremos cuenta, de lo que es el verdadero gestor, no como lo conocemos popularmente. Dentro de la Gestión de negocios nos daremos cuenta de las características intrínsecas des este como es de que una persona lleve actos a nombre de otra sin que esta este por mandato o por cualquier otra parecida.

DESARROLLO

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El artículo 1882 del Código Civil nos menciona que “El que sin causa se enriquece n detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él ha enriquecido”.

Entendemos que esta encuentra el fundamento en el principio de equidad de que nadie puede aumentar su patrimonio injustamente en perjuicio de otro y por eso el código hace que el que se enriqueció sin justa causa quede obligado a restituir del daño al que empobreció.

Ahora al actualizarse al caso concreto lo anterior el acreedor sería el que tuvo detrimento de su patrimonio, y este tiene el derecho subjetivo, para solicitar la indemnización como lo indica el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual faculta al anterior, a iniciar la acción de indemnización “actio in rem verso”.

Encontramos concretamente que este es un aumento producido en el patrimonio de una persona, a costa del patrimonio de otra, sin que haya mediado causa que justifique el incremento del primero y el correlativo detrimento del segundo, y que obliga al enriquecido a indemnizar al empobrecido, hasta que ambos patrimonios queden en la situación anterior al enriquecimiento injustificado.

“A NADIE LE ES LÍCITO ENRIQUECERSE SIN CAUSA EN DETRIMENTO DE OTRO”

Veremos, que obligaciones se producen por este actos tanto por el gestor y el propietario principal del acto.

El pago de lo indebido

Los artículos 1882 y 1883 del Código Civil Federal, se refieren al enriquecimiento ilegítimo previniéndolo el primero como género y el segundo como especie, al hablar concretamente de pago de lo indebido. Por lo tanto, este último puede revestir las características genéricas del enriquecimiento.

Según el 1883 “Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.
Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.”, ahora, se trata de la entrega, hecha por ERROR, de una cosa que no se tenía el deber de entregar. La entrega debe ser cosa cierta, mientras que el enriquecimiento ilícito en forma genérica puede provenir de cualquier clase de conducta ajena.

Se paga indebidamente cuando existe deuda que saldar o cuando se hace el pago a una persona distinta del acreedor.

Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el "enriquecimiento ilegítimo" o "sin causa", debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar, como elementos lógicos de la acción, los siguientes: 1. Que haya empobrecimiento de un patrimonio; 2. Que exista enriquecimiento de otro; 3. Que medie relación de causa a efecto entre el primero y el segundo; y 4. Que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación; por otra parte, respecto al pago de lo indebido debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1883 del ordenamiento jurídico invocado, que establece que "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla ...", de donde se desprende que "el pago de lo indebido", contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones, se constituye en especie de este último, con características propias, las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito.

ELEMENTOS DEL ENRÍQUECIMIENTO ÍLICITO

La acción de enriquecimiento ilegítimo a que se refieren los artículos 1882 del Código Civil y 26 del de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, está constituida por los siguientes elementos: 1. Enriquecimiento del demandado, quien obtiene algo que no estaba en su patrimonio. 2. Empobrecimiento del actor, al perder algo que estaba en su patrimonio, o dejar de recibir lo que tenía derecho. 3. Que exista vínculo de causalidad entre los dos elementos anteriores, es decir, deben ser recíprocos y correlativos, de tal manera que no pueda existir el enriquecimiento si no es como efecto del empobrecimiento y a la inversa. 4. Que el desplazamiento patrimonial carezca de causa jurídica, contractual o extracontractual, de modo que la persona empobrecida no tenga otro medio para obtener la indemnización.

ALGUNOS VIDEOS

2006-10-10T00:04:00.000-05:00

Abrimos nuestra sección de videos, y empezamos con la inaguración de juzgados penales orales en Tlanepantla.

y otro sobre el trife, habla el Dr. Carranca Rivas sobre la resolución

Litigantes del narco

2006-10-01T23:15:00.000-05:00

esta nota sale en proceso

A finales de 1996, el abogado y excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos se vio envuelto en un escándalo de dimensiones mayores: se le vinculó con el cártel de Juárez, encabezado entonces por Amado Carrillo Fuentes, dice un adelanto del libro Los narcoabogados, del periodista Ricardo Ravelo, que publica Proceso en su edición 1561 de este domingo 1 de octubre.

Y es que no cualquiera se atreve a defender a los narcotraficantes. Los que lo hacen, hombres y mujeres, son abogados que viven en el peligro, que se mueven en el universo criminal y personal de los que trafican con drogas.

De esto trata el libro Los narcoabogados, que la editorial Grijalbo pondrá en circulación esta semana. En él se encuentra la historia de famosos abogados como Gustavo Salazar, defensor de Pablo Escobar; Diego Fernández de Cevallos y su relación con presuntos socios del cártel de Juárez, y Raquenel Villanueva, defensora del grupo de Juan García Ábrego, entre otros. Con autorización de la editorial y del autor, Proceso reproduce el capítulo “El sospechoso Diego”, así como partes sustanciales de “La abogada del narco” y “Así soy”, en su edición que circula a partir de este domingo 1 de octubre.

LA JURISPRUDENCIA EN LA RED

2006-09-21T09:31:00.002-05:00

Cada vez se desarrolla la comunicación, y esta a su vez se actualiza a travez de nuevas tecnologías, que son eficientes y rápidas.

Recordemos que la jurisprudencia son los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Federación (en los Estados Unidos Mexicanos), en el cual con forme el árticulo 192 de la Ley de Amparo, menciona que estas son obligatoiras para todos los tribunales, a excepción del pleno de las SCJN; ahora estas jurisprudencias se crean "siempre que lo resuelto en ellas sustenten cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menso por ocho ministrso se tratara de jurisprudencias del pleno, o por cuatro ministros , en los casos de jurisprudencias de las salas"

Los TCC (Tribunales Colegiados de Circuito), SCJN en sala y pleno, TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial), emiten tesis y jurisprudencias, lo que al mes genera un importante número de criterios.

Anteriormente para consultar la Jurisprudencia inlcuso antes del IUS electrónico, era muy complicado y tedioso buscarla, sólo algunos tenían esta característica de usar jurisrprudencias y tesis en sus argumentos; en nuestra generación es mas fácil y prácticamente gratis, incluso el IUS tiene un precio accesible, ya que el primero tenía un precio bastante elevado.

Sin embargo actualmente las jurisprudencias tambien las publican en internet y en otros medios electronicos que hace que las busquedas sean mas faciles.

la primera opción viene desde la SCJN, También conocido como IUS es en lo personal el medio mas eficaz para consultar jurisprudencia, además de que se puede consultar desdel el último mes de publicación en el semanario judicial

http://200.38.163.161/

y la otra es del IIJ te permite hacer consulta temática, desde materia y por orden cronológico
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/jrs/

y la última recomendada por relative it; interesante página en la que clasifica las tesis aisladas de las jurisprudencias, además, de que su motor de búsqueda es más rápido que los anteriores

http://www.jurisconsulta.mx/

Cada uno de ellos tiene su especial característica que los pone en venta de otros, ya no hay justificación para esta consulta de la cultura jurídica, la más importante después de la ley.

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD

2006-09-19T22:19:00.000-05:00

Entendemos esta figura como la segunda fuente de obligaciones contemplada en el código; pero, ¿de que trata? ¿como se clasifica?, ¿cual es su regulación?, ¿en que momento crea obligaciones?, esas son las preguntas que nos hacemos al estudiar este tema.

En mi opinión personal este tipo de fuentes de obligaciones las vemos día a día, cuando salimos a la calle, cuando vamos de compras, o en nuestra vida profesional.

Ahora cuantas controversias las resuelven los tribunales en el contexto del campo de la declaración unilateral de la voluntad; a mi parecer es que son muy pocas, a mi punto de vista; si las hay si existen pero cuanto se practica; ¿Quien inicia un juicio por que alguien que encontro un perro y le prometieron de recompensa por ese perro 500.00$ pesos y al momento de entregar el perro no le cumplieron con esa promesa?, si usted estuviera en esa situación y fuera una persona conservadora (me refiero a que no quiere problemas ni gastos por tonterías), de ninguna manera iniciaría la acción de cumplimiento de promesa, ya que es absurdo desde el punto de vista práctico; ahora es necesesario conocer de este tema y comprender este tipo de practicas que vemos a diario y tener en cuenta que estan reguladas por nuestro derecho vigente.

y si se da el caso ahora no sea por 1000$ pesos, entonces por otra cantidad que vale la pena para realizar un procedimiento (me refiero en el campo práctico), pues nos daría oportuidad de ganar algo en el campo profesional, y lo mas importante en el campo cultural.

Ahora que motivamos y le dimos un empujoncito a nuestro tema para adentrarnos y tener más interés sobre de este, vamos a estudiarlo de una manera muy somera y escueta.

Entendemos esta como una fuente de obligaciones y esta aparece en el derecho moderno, ¿en el derecho moderno porque?, para eso tenemos irnos a la historia.

CONCEPTO.- vamos a utlizar la definición del maestro Gutierrez y Gonzalez, alcaro en su libro de derecho de las obligaciones.

SE ENTIENDE POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD LA EXTERIORIZACIÓN DE LA VOLUNTAD SANCIONADA POR LA LEY:

A.- QUE IMPLICA PARA SU AUTOR LA NECESIDAD JURIDICA DE CONSERVARSE EN APTITUD DE CUMPLIR, VOLUNTARIAMENTE, UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER PATRIMONIAL PECUNARIO O MORAL, EN FAVOR DE UNA PERSONA QUE EVENTUALMENTE PUEDE LLEGAR A EXISTIR O SI, YA EXISTE, ACEPTAR LA PRESTACIÓN OFRECIDA, O

B.- CON LA CUAL HACE NACER A FAVOR DE UNA PERSONA DETERMINADA, UN DERECHO, SI NECESIDAD DE QUE ESTA ACPETE, O FINALMENTE,

C.- CON LA CUAL EXTINGUE PARA SI UN DERECHO YA CREADO A SU FAVOR.

FORMAS DE DECLARACIÓN UNITARIA DE LA VOLUNTAD

DECLARACIONES UNILATERALES DE LA VOLUNTAD.

a.- OFERTAS AL PÚBLICO

OFERTA DE VENTA
PROMESA DE RECOMPENSA
CONCURSO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

b.- ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCEROS

c.- DOCUMENTOS CIVILES PAGADEROS A LA ORDEN O AL PORTADOR

d.- El poder

Algunos consideran también al testamento como declaración unilateral de la voluntad, sin embargo sólo aremos estudio de las que establece el capítulo segundo del título primero del capítulo cuarto de las obligaciones.

Ahora analizaremos cada una de ellas con su ejemplo.

OFERTAS AL PÚBLICO

Esta es una declaración unilateral de voluntad, receptica, hecha a toda persona que pueda tener conocimiento de ella, con la expresión de los elemnetos esenciales de una presación que se ofrezca cumplir, seria y hecha con el ánimo de satisfacer en su oportunidadad, si fuere el caso.

a.- Oferta de venta

para esto el artículo 1860 nos dice: El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.

verbigracia, sucede todos los días en cualquier escaparate o centro comercial, en el periódico, en donde cualqueir objeto sea cual sea se establece un precio, y el oferente tiene la obligación de respetar el precio que esta ofreciendo, en el cual tiene que establecer la actitud de cumplir con ese precio estipulado.

Ahora imaginemo que vamos caminando por el supermercado y encontramos una televisión que la estan ofreciendo por equivocación o error de imprenta en lugar de 1000.00 pesos la esten ofreciendo a 100.00, por este simple hecho, error, el super debera cumplir con el precio establecido.

Ahora, es bueno que el código tome en cuenta estas situaciones, sin embargo ya las tomaba anteriormente en otros artículos artículos como el 1805 y 1806, sin embargo es mucho mas claro en este.

PROMESA DE RECOMPENSA

El artículo 1861 dispone "El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido.".

Es muy sencillo y sucede diario, Cuando se extravía una persona, y se solicita información y como recompensa a esa información del paradero de la persona, el prometente en el momento de la policitación, o sea cuando pega los papelitos es el momento en que este se obliga en caso de que alguna persona de con el paradero de la persona extraviada.

La persona que tiene derecho a la recompensa tiene que cumplir la determinda condición consistente en cierto servicio, al momento también el promitente debe establcer un plazo, consistente ya que el promitente tiene derecho a al revocación de la oferta y esta puede ser de dos manera

oferta con sujeción a plazo
oferta sin sujeción a plazo

En esa parte de la revocación es importante ya que el oferente al hacer la citación se compromete a pagar lo estipulado, y si no lo hace se reputa, que este sigue en oferta.

CONCURSO CON PROMESA DE RECOMPENSA

Esta es una declaración unilateral de la voluntad, que hace una persona llamada promitente, en el sentido de mantenerse en aptitud de cumplir un prestación que el especifica, en favor de la persona que por tner las cualidades necesarias, interviene en un CONCURSO o COMPETENCIA, y obtiene la mas alta PUNTUACIÓN o CALIFICACIÓN, al realizar o cumplir la prestación que asu vez solicita el promitente.

verbigracia.- El señor X crear un torneo de ajedrez en el cual el ganador (competencia) recibirá el premio de un reconocimiento y un tablero,

entonces, el ganador del torneo cumple con las condiciones de su promesa y al momento el señor Y tendrá derecho a exigir esa promesa de recompensa.

ESTIPULACIÓN A FAVOR DE OTRO.

Esta es una declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el promitente como parte en un contrato, DETERMINA una carga o modo consistetne en que otra persona debe prometer que realizara una especifica prestación a favor de tercera persona.

La estipulación a favor de tercero constituye una declaración unilateral de la voluntad, y sin que signifique una liberalidad a una donación, el tercero no adquiere obligación alguna; de manera que de la circunstancia de que ésta hubiese repudiado la obligación que a su nombre quiso contraer quien no era su apoderado, ni tenía facultades para ello, no se deriva el derecho de revoca la estipulación, una vez que la misma había sido aceptada.

Verbigracia Carlos y Juan celebran un contrato de prestamo o mutuo por 500 pesos, y en ese acto carlos establece entregar los 500 pesos a cambio de que Juan le enseñe a tocar la guitarra a su hijo, Carlitos.

MAS SOBRE CONTRATOS

2006-09-06T02:19:00.000-05:00

INTRODUCCION

A través de la historia, podemos ver que han existido ciertos actos jurídicos que son fuente de Obligaciones, por lo tanto, es muy importante que al empezar a hablar de nuestro tema: “Contratos Civiles” hagamos un recuento y veamos los antecedentes históricos que al paso del tiempo han dado lugar en la forma de vida jurídica de las personas. En el Derecho Romano preclásico la convención o pacto era un elemento esencial del contrato, como este no contenía fuerza vinculatoria, era necesario que se le revistiera de ciertas formalidades, como ocurría en las estipulaciones para que de esta manera fuera complementada con la entrega de una cosa, como en los casos de los contratos reales. Es por eso que se solía hacer referencia a los pactos desnudos y a los pactos vestidos. Yéndonos hacia el final de la Republica y por la necesidad del trafico con los ciudadanos, se admitieron entre los contratos de buena fe, figuras tomadas del derecho de gentes, en las que bastaba del consentimiento de las partes para el perfeccionamiento del contrato, lo cual esto solamente ocurrió en los casos de compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Es así que para puntualizar estos actos jurídicos, vemos que el sistema del derecho romano, puede afirmarse que solamente tienen el carácter de contratos los convenios o pactos que son expresamente reconocidos por el derecho y sancionados mediante una acción del derecho civil. Por otro lado en la época clásica, los pretores, por razones de equidad fueron reconociendo paulatinamente cierta fuerza a los pactos, primero creando excepciones y después, en algunos casos, dando acciones. Resultaba evidente que la pacifica convivencia entre las personas requería que la palabra fuera respetada y que los pactos fueran cumplidos, de donde surgió el principio de pacta sunt servanda. Ahora bien, acercándonos mas a nuestros tiempos, en el derecho moderno, el consuensalismo se volvió regla en materia contractual y el formalismo la excepción, sin embargo cobro tanta fuerza el poder vinculatorio del consentimiento que se llego a formular como principio el que la voluntad de las partes es la suprema ley del contrato.

A diferencia del derecho romano, podemos decir que en el derecho moderno todo convenio que tiene por objeto crear relaciones de obligación en su contrato, salvo que se pretenda realizar en contra de una norma prohibitiva o de interés publico. Esta misma teoría se incorporo al Código de Napoleón cuya influencia en el derecho continental europeo es bien conocida y a través de este, ha sido recogida en nuestros códigos civiles. Por otra parte podemos decir que esta teoría del código de Napoleón, en su parte orgánica era una muy buena idea plantear que todos los convenios realizados, serian tratados en forma de igualdad, sin embargo en la realidad social nos encontramos que las cosas no son así y existe una desigualdad de condición de los hombres, por razones morales, culturales, económicas, sanitarias, etc. Esto ha dado lugar a que se sostenga, con razón, que la justicia impone necesidad de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, principio que debe informar a la ley positiva. Es por esta razón de colocar en un mismo plano a los contratantes por la pretendida igualdad de todos frente a la ley, dio origen a situaciones de grave injusticia que dieron lugar a que en el derecho actual, haya entrado en crisis el principios de la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales. Esta fue la principal causa de que se separara del ámbito del derecho civil todo lo relativo a las relaciones jurídicas derivadas de los contratos de trabajo y se creara una nueva rama del derecho. Por la misma razón se han establecido importantes limitaciones a la libre contratación como protección al consumidor, y el arrendatario de una casa habitación, y la misma explicación tiene el haberse incorporado a los vicios del consentimiento la llamada “lesión”, que es a la que se refiere el articulo 17 del código civil.

Articulo 17.- Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, mas el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concebido en este articulo dura un año.

EL CONTRATO

El articulo 1792 define el convenio en amplio sentido como “el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”, y el articulo 1793 aclara que “los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos”. En los términos de los preceptos legales mencionados, y interpretación, el convenio en su estricto sentido y el contrato son especies del convenio en amplio sentido, que el primero es aquél en el que se extinguen y modifican obligaciones o derechos, y el segundo es el que tiene como efecto crear o transferir estos. Por tanto el contrato, dado que crea obligaciones, es fuente de estas.

ELEMENTOS DEL CONTRATO

Podemos distinguir tres clases de elementos en los contratos:

Elementos Esenciales: Son aquellos que de no satisfacerse, no puede haber contrato; algunos tratadistas los denominan requisitos de existencia.

Elementos Naturales: Que son ciertos elementos que siempre se dan en alguna especie de contrato, pero no en todos. Son aquellos que se entienden incorporados en el contrato, pero que las partes pueden libremente eliminar del mismo, sin que éste deje de ser válido.

Elementos Accidentales: Que son pactos adicionales que pueden darse o no en un contrato. Son aquellos que las partes establecen por cláusulas especiales, que no sean contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Por ejemplo: el plazo, la condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación, etc.

ELEMENTOS ESENCIALES

El Consentimiento: Es el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes. Se dice también que hay consentimiento cuando concurren las voluntades de los contratantes sobre el objeto o materia del contrato.

Por otra parte, es conveniente tener en cuenta que la formación del consentimiento generalmente se lleva a cabo mediante una oferta seguida de una aceptación. Pero en los negocios importantes o complejos se habré un proceso de negociación entre una y otra, que muy frecuentemente hace variar los términos de la primera oferta.

El código regula en forma minuciosa, en los artículos 1804 y siguientes, los diferentes aspectos de la oferta y la aceptación y el momento en que se tiene por formato el contrato.

Es necesario hacer notar que en el Código Civil del Distrito Federal, el “silencio” por regla general no produce efectos, por lo que no existe “ex lege” caso alguno en la teoría general de las obligaciones civiles en que se pueda hablar de afirmativa o negativa ficta. El silencio implica la no exteriorización de voluntad alguna respecto de la contratación y no debe de confundirse con el consentimiento tácito. El Código Civil distingue entre consentimiento tácito y expreso:

Consentimiento Expreso: Es el que se manifiesta verbalmente, por escrito, medios tecnológicos o por signos inequívocos.

Consentimiento Tácito: Resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo; como es claro este consentimiento presupone la existencia de la voluntad real de contratación, mientras que en el Silencio si existe voluntad de contratación ésta no se exterioriza directa o indirectamente.

Requisitos del consentimiento:

Para que el consentimiento sea totalmente eficaz para la formación de un contrato valido, debe satisfacer ciertos requisitos:

Capacidad de los contratantes.
Ausencia de vicios.
Forma de manifestarse, cuando la ley así lo exige expresamente.

El Objeto: Como ya antes habíamos mencionado, el objeto de la obligación siempre consiste en una conducta del deudor en provecho del acreedor, denominada prestación, en términos genéricos que pueden ser un dar, un hacer o un no hacer. El Objeto del contrato es el contenido de esa prestación, esto es, la cosa que el deudor debe dar o el hecho que este debe hacer o no hacer, como se expresa en el artículo 1824.

v Requisitos del Objeto:

El Código Civil separa el objeto cosa del objeto hecho para señalar los requisitos de cada uno, como puede leerse en los artículos 1825 y 1827. Sin embargo, los señalados en el párrafo anterior pueden aplicarse a ambos objetos.

v Que sea posible física y jurídicamente.
v Que el objeto sea licito.
v Que sea determinado o determinable.
v Que sea estimable en dinero.

CAUSA, MOTIVO Y FIN DE LOS CONTRATOS

Causa: Por esta debemos entender a la razón de derecho por la que los contratantes se obligan. Además, en las relaciones sinalagmáticas, es decir, las reciprocas, la causa de la obligación de cada uno de los contratantes es la prestación que tiene derecho a recibir del otro; en los contratos gratuitos, la causa de la obligación es el animo de hacer una liberalidad.

Motivo: Es de carácter enteramente subjetivo y variable; consiste como su nombre lo indica, en lo que mueve a cada una de las partes para contratar, en cada caso concreto.

Fin: El fin del contrato es también de carácter subjetivo, estrechamente relacionado con el motivo y, obviamente, consiste en lo que se propone conseguir cada uno de los contratantes al celebrar el contrato.

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

Unilaterales: Estos son aquellos que solamente producen una relación de obligación, por la cual una de las partes resulta deudora y la otra acreedora.

Sinalagmáticos: Estos son aquellos que producen dos relaciones de obligación, claramente distintas, aunque íntimamente ligadas entre si por una relación de causalidad, en virtud de la cuales ambos contratantes resultan deudores y acreedores recíprocos.

Perfectos: Estos son los que invariablemente producen derechos y deberes para ambas partes.

Imperfectos: Estos son los que producen obligaciones para una de las partes y solo eventualmente para la otra.

Gratuitos: Son los que solamente aprovechan a una de las partes.

Onerosos: Son los que producen provechos y cargas recíprocos. Estos se dividen a su vez en:

v Conmutativos: Son aquellos en el que el grado de onoresidad se conoce desde el momento de su celebración.
v Aleatorios: Los que están expuestos a eventualidades de la suerte.

Finalmente existe el criterio de la clasificación que al parecer siguió el legislador, al agrupar las diferentes especies de contratos con un contenido obligacional similar.

Traslativos de dominio: Compraventa, permuta, donación, y mutuo.

Traslativos de Uso: Arrendamiento y comodato.

Que tienen por objeto la guarda de cosas: Deposito y secuestro.

Que tienen por objeto obligaciones de hacer: Mandato y prestación de servicios.

Asociativos: Sociedad y asociación civil, y aparecería rural.

Aleatorios: Juego y apuesta, renta vitalicia y compraventa de esperanza.

De Garantía: Prenda, fianza e hipoteca.

Y finalmente la transacción.

PARTES DE UN CONTRATO ESCRITO

La libertad formal suele caracterizar casi todos los tipos de contratos aunque la mayoría siguen modelos bastante parecidos con las siguientes partes:

Título: Indica el tipo de contrato.

Cuerpo sustantivo: Que identifica las partes. Estas pueden ser, según el tipo de contrato, tanto personas físicas como jurídicas. Consta de las siguientes partes:

v Lugar y fecha de contrato

v Identificación de quienes van a suscribirlo.

v Representaciones de los intervinientes indicando si suscriben el contrato en su propio nombre o en representación de un tercero o sociedad

v Identificación, si son aplicables, de los objetos y servicios objeto del contrato.

v Identificación, si son aplicables, de otros elementos como ámbito geográfico.

v Exposición: Relacionan los hechos y antecedentes que pueden ser relevantes pero que carecen de valor normativo.

v También pueden incluir cláusulas que establezcan el significado de determinados conceptos para el contrato en cuestión.

v Cuerpo normativo: Pactos o acuerdos, objeto del contrato. Son las cláusulas normativas.

v Cierre: Formula de cierre donde se indica la forma de realizar el acuerdo.

v Anexos: Desarrollan algunos aspectos complejos del contrato para simplificar su lectura.

EL CONTRATO

2006-09-06T00:08:00.000-05:00

DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

EL CONTRATO EN GENERAL

Si analizamos nuestro Código de nuestra entidad federativa, o el código federal; nos daremos cuenta que este señala en el libro de las obligaciones la fuentes de las obligaciones, dentro de estas encontramos los CONTRATOS, la DECLARACION UNILATERAL DE LA VOLUNTAD, el ENRIQUECIMIENTO ILICITO, la GESTION DE NEGOCIOS, los HECHOS ÍLICITOS.

Tomando en consideración lo anterior nos damos cuenta que estas fuentes tienen como base la clasificación romana de hechos generadores de un vínculo jurídico, como son el contrato, cuasi-contrato, delitos, y cuasi delitos.

Pero ademas de estas fuentes de obligaciones señaladas por los códigos tambíen a consideración de varios doctrinarios señalan que la LEY tambien es fuente creadora de obligaciones; sin embargo es un críterio un poco fuera dentro de la especialización de nuestra rama civil.

Adémas de lo anterior encontramos también que existen otras fuentes de obligaciones contempladas por nuestro código civil , como las de relaciones familiares, que producen obligaciones, cuyo contenido es patrimonial o extrapatrimonial.

Me parece que dentro de la fuente creadora de las obligaciones, primero por lógica jurídica es el acto jurídico, sin embargo como antes se señaló se sigue una clasificación que sigue la tradición romana; a las fuentes de las obligaciones señaladas por el Código prefiero llamarlas como FUENTES ESPECIALES CREADORAS DE LA OBLIGACIÓN. Esto si lo vemos como el hecho jurídico como género y las especies serían el contrato, declaracion unilateral de la voluntad, gestion de negocios, enriquicimiento ílicito, hechos ilícitos. (opinión tomada del maestro GUITIERREZ Y GONZALEZ)

Ahora de lo anterior expuesto como punto de partida pasamos al estudio de la primera fuente de obligación, que es contrato.

CONTRATO

Del latín contractus, derivado as u vez del verbo contrahere, reunir lograr, concertar.

Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o mas personas, y que produce ciertas consecuencas jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En Roma surge el contrato, pero originalmente no es una fuente genérica de obligaciones, ya que sólo algunas figuras típicas del acuerdo de voluntades producían acción y era sancionado su incumplimiento. El sistema contractual romano en una larga evolución histórica que va del formalismo al consensualismo ve aparecer las siguientes figuras: 1) contratos verbis que se perfeccionaban (es decir, adquirían obligatoriedad) sólo mediante el uso de determinadas frases verbales, p.e., la stipulatio; 2) contratos litterisque se perfeccionaban mediante la inscripción de un registro (codex accepti el expensi) de una deuda; era una forma contractual que tuvo escasa importancia; 3) contratos re que se perfeccionaban mediante el consentimiento de las partes aunando a la entrega (tradi-tio) de una cosa (res), eran el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda; generalmente creaban obligaciones sólo para la parte que recibía la cosa (exigibles por una actio directa), pero eventualmente podían surgir para la otra parte (exigiéndose por una actio contraría), p.e., cuando un depositario hacía gastos extraordinarios para la conservación de la cosa, el depositante debía rembolsarlos; 4) contratos consensúales, que se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes y eran la compraventa o emptio-ven-ditio, el arrendamiento o locatio-conductio, la sociedad y el mandato; 5) contratos innominados eran aquellos que no encuadraban dentro de una figura típica y que resultaban obligatorios cuando concurrían el consentimiento y la prestación de una de las partes; 6) pactos que eran los acuerdos que no producían ningún efecto jurídico (nuda pacta), posteriormente para algunos de ellos se concedió acción para exigir su cumplimiento (pacta vestita).
La concepción romana del contrato subsiste prácticamente inalterada hasta hi aparición del liberalismo a finales del siglo XVIII. Es en esta época que se otorga a esta figura jurídica un valor fundamental, pues incluso la existencia de la sociedad se quiere hacer depender de un pacto (como en las doctrinas de Rousseau). Se estatuye el principio de la autonomía de la voluntad y el de una casi absoluta libertad de contratación. Actualmente con el auge de las ideas colectivistas el ámbito del contrato se va reduciendo paulatinamente.

El contrato como acto jurídico

Entre los sucesos que el derecho toma en cuenta para atribuirles efectos jurídicos destaca el acto o negocio jurídico que es una manifestación exterior de la voluntad bilateral o unilateral, cuyo fin es engendrar con apoyo en una norma jurídica o en una institución jurídica en contra o en favor de una o varias personas un estado, es decir, una situación jurídica permanentemente y general o por el contrario un efecto de derecho limitado consistente en la creación, modificación o extinción de una relación jurídica (p. 176). Se ha considerado al contrato como el tipo más caracterizado del acto jurídico y el CC acepta esta postura pues establece que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos (a. 1859).
Determinar si todo acto jurídico bilateral (es decir, cualquier acuerdo de voluntades con efectos jurídicos) es un contrato o si este concepto es aún más restringido, es una cuestión que ha ocupado a la doctrina. Se han agrupado las diferentes definiciones en cuatro grupos. Así, tenemos la "concepción amplia" que identifica al contrato con la convención o
acto jurídico bilateral y que incluye todo acuerdo dirigido a crear, modificar, o extinguir relaciones de obligación y a constituir relaciones de derecho de familia. Luego estaría la " concepción estricta" en que se separa a la convención del contrato siendo la primera el género y el segundo la especie. Esta es la posición del CC que considera como convenios a los acuerdos que crean, transfieren, modifican o extinguen las obligaciones y derechos, y como contratos sólo a los convenios que crean o transmiten dichas obligaciones y derechos (aa. 1792-1793). Para esta concepción el contrato es un acuerdo dirigido a constituir una obligación patrimonial. La "concepción intermedia" acepta que el contrato, siempre con contenido patrimonial, no sólo se dirige a la constitución de derechos y obligaciones, sino que además sirve para extinguirlos o modificarlos. Por último, la "concepción novísima", proveniente del campo del derecho público, representada por Jellinek, Hauriou y Duguit, que limita el concepto del contrato para encontrarlo solamente donde hay intereses opuestos. De acuerdo con estas teorías habría junto al contrato otros acuerdos de voluntades, como el acto colectivo y la simple convención.
El CC establece las reglas generales sobre contratos (aa. 1792-1859) por la razón histórica de que los contratos civiles fueron los primeros en aparecer. Ahora bien, el contrato como todo acto jurídico debe reunir para ser existente ciertos elementos señalados en el a. 1794 del CC: a) el consentimiento, que se da cuando existe el concurso de voluntades de dos o más sujetos; por lo tanto, implica la manifestación de dos o más voluntades, pero no basta, es necesario además que con-cuerden; b) objeto que pueda ser materia de contratación (la doctrina ha distinguido entre objeto directo del contrato que es la creación o transmisión de derechos y obligaciones y objeto indirecto que es el contenido de la obligación que se contituye en virtud de que dicho contrato; a esta última acepción nos estamos refiriendo); es decir, que sea posible tanto física como jurídicamente; de acuerdo con el a. 1828 del CC, se entiende que haya imposibilidad cuando un hecho no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza (física) o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización (jurídica). Además de estos elementos de existencia, es necesario que se den ciertos requisitos o presupuestos de validez para que el contrato produzca normalmente todos sus efectos jurídicos y no pueda ser invalidado.
Estos requisitos (establecidos en forma negativa en el a. 1795, CC) son: 1) la capacidad legal de las partes: se entiende por ésta la capacidad del ejercicio, de la que están excluidas las personas señaladas en el a. 450; 2) la ausencia de vicios del consentimiento; estos vicios son el error, la violencia y el dolo (a. 1812); 3) la licitud en el objeto, el motivo o el fin del contrato; la ilicitud es lo contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres (a. 1830), y 4) una determinada forma cuando la ley la establezca. El CC es consensualista, pues la forma siempre es una excepción (a. 1796). La ausencia de estos requisitos produce la nulidad absoluta o relativa (aa. 2225 y 2228). También el contrato puede ser rescindido cuando alguien obtiene un lucro excesivo y desproporcionado a lo que él se obliga, aprovechándose de la ignorancia de otro (a. 17). Esta es la figura de la lesión.
Si se dan estos elementos de existencia y requisitos de validez el contrato es obligatorio. Esta idea se ha expresado en el principio conocido como pacta sunt servando (es decir, los pactos deben ser cumplidos). El CC lo señala en los aa. 1796 y 1797.

Sin embargo, frente a este principio la doctrina ha desarrollado últimamente la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad superveniente que consiste en que los contratos deben ser revisados cuando acontecimientos extraordinarios provocan un cambio en las condiciones que resiente injustamente una de las partes. El antecedente de esta teoría es el principio de rebus sic stantibus (mientras las cosas así permanezcan) elaborado por los canonistas medievales.

Los civilistas han hecho una clasificación de los elementos del contrato, diferenciando a los: A) esenciales que son (aparte de los de existencia que ya vimos que tienen carácter general) los que cada figura típica contractual exige para configurarse, p.e., cosa y precio en la compraventa; B) naturales que son las consecuencias implícitas en el contrato pero que se pueden eliminar por acuerdo expreso de las partes, p.e., el saneamiento por evicción en la compraventa; C) accidentales que son modalidades que sólo existen en el contrato si las partes así lo acuerdan, p.e., el término y la condición.
Existen múltiples criterios de clasificación de los contratos, algunos de ellos son:

a) Civiles (p.e., el arrendamiento),mercantiles (p.e., el seguro), laborales yadministrativos.

b) Bilaterales o sinalagmáticos (a.1836, CC), cuando existen obligacionespara ambos contratantes y unilaterales (a.1835) cuando sólo una de las partes estáobligada.

c) Onerosos cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuitos cuando el provecho es de una sola delas partes (a. 1837). No se deben confundir los contratos gratuitos con los unilaterales, pues en aquéllos una parte sólo tiene provecho si está obligada, p.e., en elcomodato que es un préstamo gratuitode uso, el comodatario debe devolver lacosa. Los onerosos se subdividen en conmutativos cuando las partes desde un principio pueden apreciar el beneficio o pérdida que el contrato les causa, y aleatorios cuando la existencia o monto de la prestación depende del azar (a. 1838).

d) Nominados que son los tipificados en la ley, e innominados los que no están y se rigen de acuerdo con el CC por las normas del contrato nominado con el que tengan mayor semejanza (a. 1858).
Cierto sector de la doctrina considera que existen muchas figuras a las que indebidamente se les da el nombre de contrato siendo en realidad actos jurídicos de naturaleza especial, p.e., el matrimonio, la sociedad, el contrato colectivo de trabajo y el contrato de adhesión (Buen Lozano, pp. 265-298).

El contrato como norma jurídica individualizada.

El más brillante expositor deesta concepción es Hans Kelsen. Este autor explica que la teoría tradicional sólovio en el contrato un acto jurídico, yaque lo analizó desde la perspectiva de unacto de aplicación del derecho. (Así, alcontratar las partes aplican una regla dederecho —pacta sunt servando— a una situación concreta.) Olvidando que el contrato también es un acto de creación delderecho, pues de él surgen para los sujetos, obligaciones y derechos que anteriormente no tenían. Kelsen parte de la ideade que todo acto es al mismo tiempo decreación y aplicación del derecho. La"fuerza obligatoria" del contrato radicaen que éste ha creado una norma quísolo se distingue de la que los contratantes aplicaron en que tiene carácter individual o concreto. Para este autor existe unequívoco, pues contrato designa tantoun acto o procedimiento determinadocomo su producto que es la norma contractual.

BIBLIOGRAFÍA: Hans Kelsen contrato y el tratado analizados desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, trad. de Eduardo García Máynez, México, Editora Nacional, 1979; Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, t. V: Obligaciones, 3a. ed., México, Porrúa, 1976, vol. 1; Sohm, Rodolfo, Instituciones de derecho privado romano. Historia y sistema, trad. de Wenceslao Roces, México, Editora Nacional, 1975.

Critica catedrático de UNAM funcionamiento del régimen político

2006-09-04T10:21:00.000-05:00

Opina Rolando Cordera, integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad, que la Presidencia de la República se encuentra acotada y despojada de sus capacidades

El catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, Rolando Cordera, indicó que más allá de la validación o no de la elección del 2 de julio, es necesario revisar si lo que ya no funciona es el régimen político y plantear la necesidad de un cambio.
El también integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la Presidencia de la República se encuentra acotada y despojada de sus capacidades, sin embargo es el motivo fundamental de la crisis actual.
En un comunicado, Cordera Campos expuso la conveniencia de reconocer que se está dirimiendo por algo que no tiene grandes posibilidades para influir en el destino del Estado y de la sociedad, además de plantear el cambio de régimen hacia uno de tipo parlamentario.
Sin menoscabo de los éxitos que tuvieron los programas de combate a la pobreza, afirmó, en México hay un problema social de fondo de desigualdad y miseria, impresentables para un sistema democrático, liberal y abierto.
Rolando Cordera participó en la mesa de análisis “Las elecciones del 2 de julio del 2006”, que organizó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Por su parte, Héctor Díaz-Polanco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, coincidió en que la crisis que vive el país no sólo es del régimen político, sino también socieconómico.
“Lo que se ve es una fuerza que busca expandirse y manifestarse, y que encuentra la grieta del proceso electoral para salir”, acotó.
Sostuvo que el papel de los intelectuales en las sociedades democráticas “no consiste en extender bendiciones a los ocupantes temporales de las instituciones del país y del Estado, y menos aún generaciones de responsabilidades antes de que se conozca la verdad de los hechos”.
En tanto, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, subrayó que si en el recuento de las casillas ordenado por el TEPJF se encuentran irregularidades, procedería la no validación de la elección, “lo cual sería preocupante para todos los actores políticos”.
Refirió que en este proceso hay tres pruebas: una para el Instituto Federal Electoral (IFE), otra para el tribunal y una más para la transparencia.

ALGUNAS DUDAS CON EL MP

2006-08-31T08:40:00.000-05:00

¿SABES DONDE QUEDA TU AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO?

CONSULTALAS AQUI

PARA LOS ABOGADOS PENALISTAS, QUE NO SABEN CUANTO DEBE COBRAR EL MP, DENTRO DE LAS CAUSIONES,

ACUERDO DEL PROCURADOR SOBRE CAUSIONES

Por el que se determina el monto de las cauciones que deberá fijar el Agente del Ministerio Público Investigador, con el objeto de otorgar la libertad provisional durante la Averiguación Previa.

OBLIGACIONES

2006-08-30T01:30:00.000-05:00

Dentro de la teoría general de las obligaciones existen muchos autores, pero sólo recomendaremos los siguientes:
BEJARANO SANCHEZ - OBLIGACIONES CIVILES 4a ed.
BORJA SORIANO, MANUEL - TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 14a ed.
ROJINA VILLEGAS, RAFAEL DERECHO CIVL MEXICANO t. V: OBLIGACIONES.

Todo lo anterior para señalar que es de aquella biografía para exponer los temas y opiniones.
El derecho civil se refiere a la persona, entre otras cosas, en relación con su actividad ecónomica y esta puede ser en su plano de exclusividad o en un plano de colaboración. Cuando los actos económicos se realizan en exlusividad, estamos en presencia de derechos reales; mas, cuando la actividad se realiza en colaboración de unos hombres con otros, estamos en presencia de derechos personales que ameritan la distinción entre deudor y acredor, y vínculo que los relaciona.
Dentro de toda la doctrina jurídica tenemos varias acepciones de obligación

OBLIGACION CONCEPTO.- Del latín obligatio- onis. según el Institutias, (ULPIANO) es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos por la necesidad de pagar alguna cosa segñun las leyes de nuestra ciudad.

Por esa razón, mientras que los derechos reales tienen por contenido el poder que el sujeto tiene sobre un bien; en los derechos personales, se persiguen la satisfacciónque el deudor va a realizar en interés del acredor.

La obligación es un vínculo y, por lo tanto, como dice Gayo, nadie se obliga por un consejo general, no se deriva obligación alguna; pero el texto de las Institutas añade que la obligación es un vínculo jurídico, con lo que quiere decirse que es un ligamen de derecho no un ligamen religioso, o etico.

Tambien debemos diferenciar entre débito y responsabilidad, por que tiende a confundirse estos preceptos. Débito es la prestación o deuda y la responsabilidad es la sujeción patrimonial.

Otros conceptos de obligaciones.

(BORJA SORIANO), La relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para otra, llamada acreedor, a una prestación, o a una abstención de caracter patrimonial, que el acredor puede exigir al deudor.