Piden en Corte actuar contra Mario Marín

Piden en Corte actuar contra Mario Marín

Participaron una juez y el presidente del Tribunal de Justicia, señala

La comisión investigadora del caso Lydia Cacho, que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, solicitó al pleno emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al gobernador de Puebla, Mario Marín, por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista.

Los 11 ministros que integran el pleno decidirán si -como concluye la comisión- hubo violaciones graves y si es necesario emitir una recomendación a las cámaras de Diputados y de Senadores, entre otras autoridades.

De acuerdo con las conclusiones, el equipo de Silva Meza recopiló pruebas que le permitieron demostrar que Marín fue quien orquestó, con diversos funcionarios, la confabulación para detener a la escritora y someterla a un juicio penal en 2005.

Comprobó la participación, entre otros, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y la juez local Rosa Celia Pérez González. El informe con las conclusiones comenzó a circular entre los ministros desde el jueves pasado.

Las fuerzas del Estado -señala la información, de la cual tuvo conocimiento EL UNIVERSAL- se movieron a petición expresa del empresario Kamel Nacif, a quien la periodista señaló como protector del pederasta Jean Succar Kuri.

La comisión se fijó líneas de investigación a partir del contenido de las conversaciones telefónicas que sostuvo Nacif con Marín, difundidas a principios de 2006. Dichas grabaciones no serán usadas como prueba.

Hoy un grupo de mil 600 ciudadanos, entre ellos, Diego Luna, Gael García, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Ricardo Rocha, dará a conocer un desplegado en relación con el caso, que se prevé sea analizado por la Suprema Corte esta semana.

"Lo que está en juego -señalan- es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos".